La apuesta de Maximiliano Pullaro para integrar la flamante Cámara Penal deberá esperar

La apuesta del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para designar a tres jueces en la flamante Cámara de Ejecución Penal, parte de su nuevo organigrama de justicia y seguridad, deberá esperar. La Comisión de Acuerdos no expidió ningún dictamen, por lo que la Asamblea Legislativa que debía tratar el tema pospuso todo hasta el jueves próximo.

La falta de acuerdo en la coalición gobernante que lideran radicales y socialistas puso el tema en pausa.

Las designaciones vienen cargadas de polémica. El Ejecutivo propuso los nombres de Valeria Haurigot, Horacio Pueyrredón y Mario Guedes. Los tres terminaron muy por debajo en el orden de mérito del concurso. Incluso, Haurigot y Pueyrredón reprobaron el primer tramo, pero impugnaron esa decisión y siguieron en carrera. El Gobierno los avaló entendiendo que presentaban el perfil que buscan para el nuevo tribunal, clave para atender el orden dentro de las cárceles de la provincia.

Mientras la oposición denunció que se cambiaron las reglas sobre la marcha –el peronismo habló de un quiebre de la institucionalidad–, el Ejecutivo defendió a los postulantes.
“Es una decisión política. Si dictan malos fallos, nos haremos cargo que designamos a la gente incorrecta”, advirtió el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
Candidato alineado con las políticas carcelarias de Maximiliano Pullaro
El miércoles fueron escuchados Haurigot y Pueyrredón por los integrantes de la Comisión de Acuerdos, integrada por ocho diputados y cuatro senadores. De los doce, ocho –cuatro radicales, tres socialistas y uno de Creo– pertenecen al bloque oficialista. Dos son del peronismo, uno de Unite y el octavo de Somos Vida, el espacio de Amalia Granata.

También se presentó en ese encuentro Mariela Sarrías, quien en el concurso quedó en el primer lugar, pero no estuvo entre las elegidas por el Ejecutivo. Por ello, impugnó la decisión.

En el orden de mérito del Consejo de la Magistratura los tres elegidos por Pullaro terminaron 8, 9 y 12. El Gobierno plantea como condición que los que concursan aprueben el examen, para después sí ser el Ejecutivo quien elija sin importar la posición en la que quedaron.

En la oposición cuestionan que en el medio del proceso, y por decreto, el Ejecutivo cambió los criterios para la selección. Y que esa decisión apuntaba a tener magistrados afines. Incluso, marcan que eso quedó expuesto durante la entrevista a Pueyrredón, quien expuso entre sus motivaciones para aspirar al cargo su “alineación con las políticas gubernamentales” de control dentro de las instituciones carcelarias.

“Es un proceso que está viciado por varias razones”, aseguró a Letra P el diputado peronista Marcos Corach.

¿Cambio de nombre para lograr consenso?
Aunque el miércoles, luego de las entrevistas a los postulantes quedó abierta la posibilidad de que la Asamblea Legislativa sesione para tratar la aprobación de los pliegos, finalmente durante la mañana del jueves se comunicó que quedaba suspendida hasta el jueves 5 de septiembre. La razón fue la falta de un dictamen, aunque se había elaborado uno de mayoría y otro de minoría.

En la oposición leían la situación como “un traspié” para Pullaro. Creían que si Unidos no presentó dictamen es porque los integrantes de la Comisión de Acuerdos que pertenecen al oficialismo no tenían la aprobación de sus propios legisladores para aprobar los pliegos.

Durante la jornada se mencionaron dudas respecto de la entrevista a Pueyrredón y se filtró la posibilidad de que sea retirado. En el peronismo juran que no había ninguna línea formal de negociación con el oficialismo para evaluar otros nombres que abrieran la posibilidad de un consenso.

Las diferencias no son sólo con dirigentes de la oposición. En el proceso se expone, también, la distancia con sectores de la Justicia con los que Pullaro pulsea desde que asumió el poder. Los elegidos son dos fiscales y un defensor. Es decir que el Gobierno evitó ir por jueces y juezas con más recorrido dentro del fuero penal.

La Cámara de Ejecución Penal, creada en enero pasado, tendrá a su cargo orientar la política judicial en materia carcelaria, siguiendo parámetros de seguridad dictados por el Gobierno.

CON INFORMACION DE LETRAP.