"La justicia en Rafaela está en crisis y parece que a nadie le importa"
La justicia de Rafaela enfrenta, desde hace mucho tiempo, una crisis profunda que amenaza su funcionamiento y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a recibir un servicio judicial efectivo. La acumulación de cargos vacantes en los juzgados ha generado un estrangulamiento en el sistema, que se refleja en demoras interminables y en un acceso cada vez más limitado a la justicia para la población. Esta situación ha convertido el ejercicio de la ley en un verdadero juego de malabarismos para abogados y ciudadanos, quienes deben lidiar con la frustración de un sistema que literalmente está en un estado de colapso.
Los abogados en Rafaela deben explicar a sus clientes las razones detrás de las ineficiencias judiciales, un reto que se vuelve cada vez más arduo a medida que las demoras se acumulan. Cada día, desfilan por los pasillos de los juzgados personas en busca de respuesta a sus conflictos, pero muchas veces se encuentran con la impotencia de la falta de recursos y de personal. La falta de jueces no solo afecta la celeridad de los procesos, sino que también impide la correcta administración de justicia, dejando a muchos casos sin resolución durante períodos prolongados, lo que puede significar una angustia emocional y económica para las partes involucradas.
Algunos jueces, sobrecargados de trabajo, han expresado su agotamiento ante los profesionales del Derecho, afirmando que deben atender múltiples juzgados y, en ocasiones, incluso de diferentes jurisdicciones. Si bien es comprensible que esta carga sea insostenible, no puede convertirse en una justificación para la inacción. La responsabilidad de la creación de un sistema judicial efectivo recae no solo en quienes lo operan, sino también en las autoridades que deben proveer los medios y recursos necesarios para que funcione adecuadamente.
En este contexto, es esencial que el Gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, reconozca la gravedad de la situación y tome decisiones firmes que lleven a una solución definitiva. Invertir en la fuerza laboral judicial, aumentar el número de jueces, ofrecer capacitación y crear un sistema más organizado son pasos necesarios para desahogar la justicia en Rafaela, pero fundamentalmente cubrir los cargos vacantes, sin excusas, con decisión y en forma perentoria. La comunidad necesita ver que las autoridades están comprometidas con la mejora del sistema, que han entendido que la justicia no es solo un derecho fundamental, sino un pilar de la democracia y del estado de derecho.
Asimismo, los colegios profesionales deben dejar atrás el enfoque de conveniencia personal y adoptar una postura activa frente a esta crisis. El momento exige un liderazgo que trascienda intereses individuales; es imperativo que los abogados se unan, eleven su voz y exijan cambios sustanciales. No se trata solo de golpear las puertas de quienes están en el poder, sino de demostrar a la sociedad que la abogacía se preocupa por el bienestar general y por el sistema judicial. Esto podría implicar protestas, asambleas o acciones que visibilicen la problemática, así como la elaboración de propuestas concretas que aborden las carencias y demanden estructura y recursos.
Lo que está en juego es más que la eficiencia de un sistema: se trata de la confianza de los ciudadanos en la justicia, de su derecho a tener acceso a un juicio justo y a la resolución de sus conflictos en un tiempo razonable. La normalización de esta crisis es una señal alarmante y es responsabilidad de todos los actores involucrados actuar con urgencia. La justicia en Rafaela no puede seguir en esta línea; es necesario un cambio estructural y una revitalización del sistema judicial que garantice no solo el cumplimiento de la ley, sino también la equidad y la dignidad de todas las personas que buscan justicia.