Monotributo en debate: tensiones, desafíos y el valor de una herramienta que sostiene a millones

• El monotributo alcanza a más de 4,7 millones de trabajadores y funciona como principal vía de formalización en un país con alta informalidad.
• MARA defendió el régimen y alertó que un aumento excesivo de la cuota podría expulsar a miles a la clandestinidad.
• Se destacó que 2,4 millones de monotributistas sostienen parte del financiamiento del sistema de salud y de la ANSES.
• Especialistas remarcaron que las obras sociales deben aceptar la afiliación y que los monotributistas tienen los mismos derechos que cualquier trabajador formal.
• Se subrayó el acceso a financiamiento mediante FOGAR, SGR y herramientas MiPyme, así como oportunidades de proveer al Estado.
• El encuentro concluyó que el monotributo sigue siendo un pilar clave para la formalización y para el desarrollo de pequeños emprendimientos.

La discusión sobre el futuro del monotributo volvió a ocupar el centro de la escena en un país donde más de 4,7 millones de personas dependen de este régimen para ejercer su actividad. La cifra creció en el último año y se ubica en niveles récord, con un dato que inquieta: cerca del 85% de los inscriptos pertenece a las categorías más bajas, sin margen real para escalar en ingresos ni en desarrollo profesional. En una Argentina con 43,2% de informalidad, el monotributo opera como un puente frágil hacia la formalidad, un marco intermedio donde miles de trabajadores encuentran, al menos, una vía de registro y acceso a ciertos derechos.

En ese marco, Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA) organizó una conferencia titulada “La joya del Monotributo: salud, derechos y negocios”, en la que especialistas y referentes del sector buscaron defender el valor del régimen y marcar límites frente al debate que se abrió en las últimas semanas sobre posibles reformas. Allí, Noelia Villafañe —contadora y titular de MARA— planteó una definición contundente: el monotributo es, hoy por hoy, “la única herramienta efectiva” para combatir la informalidad masiva que, según estimaciones privadas, afecta a unos ocho millones de personas y duplica los niveles de economías vecinas como Chile o Uruguay.

El Gobierno rechazó públicamente los rumores de una eventual eliminación del régimen, aunque sí admitió que trabaja en una reforma tributaria integral. En ese contexto, Villafañe advirtió sobre el riesgo de aplicar un incremento desmedido en la cuota mensual, lo que, a su juicio, equivaldría a una “eliminación encubierta” que expulsaría a miles hacia la clandestinidad.

Uno de los puntos más debatidos fue el calificativo de “enanismo fiscal” que algunos especialistas atribuyen a quienes evitan facturar más para no pasar al régimen general. La explicación de Villafañe fue clara: “Hay una economía de subsistencia, hay ingresos de hambre”. En su planteo, la discusión técnica se vuelve secundaria frente al dato estructural: gran parte de los contribuyentes apenas consigue sostenerse en el sistema.

La titular de MARA además hizo una advertencia de impacto fiscal. Señaló que el trabajador informal aporta cero pesos al sistema previsional pero, aun así, puede recibir una prestación como la PUAM, lo que genera un costo del 100% para el Estado. Frente a eso, subrayó que 2,4 millones de monotributistas aportan todos los meses al sistema de salud, contribuyendo a sostener el flujo financiero de la ANSES. La ecuación es clara: empujar a más personas fuera del régimen implicaría un golpe directo a la recaudación.

La conferencia también abordó derechos y oportunidades poco exploradas por los monotributistas. El abogado Ezequiel Benzaquen recordó que el régimen cuenta con dos componentes —impositivo y seguridad social— y remarcó que ninguna obra social puede negar la afiliación a un monotributista, pese a que en la práctica esa negativa sea frecuente. Su mensaje fue directo: los trabajadores independientes tienen los mismos derechos de cobertura que cualquier otro afiliado.

A su turno, el Mg. Guillermo Izurieta puso el foco en el financiamiento. El Fondo de Garantías Argentino permitió que cerca de un millón de cooperativistas accedieran a líneas de crédito y que más de 235.000 personas obtuvieran su primera tarjeta. Invitó además a tramitar el certificado MiPyme para poder acceder a garantías privadas a través de las SGR, claves para abrir la puerta al crédito bancario o a operaciones de descuento de cheques.

La mirada productiva se completó con los aportes de Érica Mesina y Andrés Colombi. Mesina destacó el potencial que tiene cualquier pyme —incluidas las de escala mínima— de convertirse en proveedor del Estado mediante licitaciones, un mercado de demanda previsible y condiciones claras. Colombi, por su parte, explicó que incluso pequeños monotributistas pueden transformarse en importadores o exportadores si se asocian a través de consorcios que permitan unificar cargas, estandarizar envíos y operar con costos menores.

El mensaje que dejó la jornada fue unánime: lejos de ser un sistema agotado, el monotributo sigue siendo un pilar central para la formalización, un amortiguador social y un vehículo de oportunidades económicas. Su futuro dependerá de decisiones que definan si se consolida como una herramienta de inclusión o si se transforma en una barrera inaccesible para quienes hoy lo consideran su único puente hacia la legalidad.