Una nueva doctrina para los servicios: el Gobierno redefine la inteligencia nacional

• El Gobierno aprobó por decreto la nueva Política de Inteligencia Nacional, con un diagnóstico crítico del deterioro histórico del sistema.
• La SIDE reemplaza a la AFI y se organiza en cuatro organismos: SIA, ASN, AFC y DAI.
• El documento fija cinco intereses estratégicos, entre ellos la soberanía, la integridad territorial y la protección de recursos clave.
• Advierte sobre presencia extranjera en zonas sensibles como el Atlántico Sur y la Antártida.
• Incluye ejes sobre ciberseguridad, tecnologías de frontera y amenazas transnacionales como terrorismo y crimen organizado.
• El anexo define diez lineamientos que guiarán la labor del Sistema de Inteligencia Nacional en los próximos años.

El Gobierno de Javier Milei oficializó, a través del Decreto 864/2025, la nueva Política de Inteligencia Nacional, un documento extenso que reconfigura las prioridades estratégicas del Estado y marca el rumbo que seguirá la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en los próximos años. Se trata del marco doctrinario más ambicioso que se adopta desde la disolución de la AFI en 2024, en un contexto en el que la administración libertaria insiste en que el sistema arrastra “más de tres décadas de deterioro”.

El Ejecutivo sostiene que ese retroceso histórico no solo debilitó las capacidades institucionales sino que también expuso al país a riesgos internos y externos. En ese diagnóstico, el decreto hace referencia expresa a episodios aún no resueltos —los atentados a la Embajada de Israel en 1992, la AMIA en 1994 y la muerte del fiscal Alberto Nisman en 2015— como señales de un aparato estatal que no logró dar respuestas. Esa mención, poco habitual en documentos oficiales, preanuncia una orientación hacia el fortalecimiento de la investigación, la coordinación y la contrainteligencia.

Bajo el nuevo diseño organizacional, la SIDE se estructura en cuatro organismos desconcentrados: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI). Esta arquitectura pretende modernizar funciones que, según el Gobierno, habían quedado dispersas o superpuestas, y al mismo tiempo incrementar el control interno para evitar desvíos que históricamente alimentaron sospechas sobre el sistema.

El documento también ordena a la SIDE elaborar una Estrategia de Inteligencia Nacional que operacionalice los lineamientos generales. Así, el Gobierno procura combinar un marco conceptual amplio con una hoja de ruta más específica que permita evaluar avances y orientar recursos.

Entre los intereses estratégicos señalados, el decreto ubica en primer lugar la protección de la soberanía y la autonomía del Estado, así como la defensa de la integridad territorial y de los derechos de los habitantes. Aparece con fuerza la preocupación por la influencia externa, la fragmentación territorial y la actividad de potencias extrarregionales en zonas sensibles del país: las fronteras, el Atlántico Sur, las plataformas marítimas y la Antártida. El texto recuerda la presencia argentina continua en el continente blanco desde 1904, en momentos en que aumenta la competencia geopolítica por recursos naturales y posiciones estratégicas.

Uno de los apartados más desarrollados es el referido a los recursos estratégicos. El Gobierno advierte sobre la presión de actores estatales y corporativos internacionales sobre el litio, el gas no convencional y los biomas de alto valor ecológico. En un país en el que los recursos naturales se han convertido en uno de los principales motores económicos y en la base de múltiples disputas globales, la inteligencia se propone como herramienta para prevenir maniobras de influencia, desplazamiento o captación irregular.

La ciberseguridad constituye otro de los pilares de la nueva política. El decreto enfatiza la necesidad de robustecer la capacidad del Estado frente a ataques informáticos, robo de información sensible y operaciones encubiertas de actores extranjeros. En el mismo sentido, se plantea el desafío de dominar tecnologías de frontera —como inteligencia artificial, computación cuántica y biotecnología avanzada— tanto para evitar que sean utilizadas contra el país como para integrarlas en las capacidades propias del sistema de inteligencia.

El plan incorpora además un tratamiento amplio de amenazas transnacionales: terrorismo, crimen organizado, tráfico de armas, narcotráfico y financiamiento clandestino. Señala, en particular, los riesgos vinculados a las zonas de frontera y a los circuitos financieros informales, donde convergen organizaciones criminales y actores con capacidad de desestabilización. En ese contexto, la contrainteligencia aparece como una herramienta central para proteger operaciones sensibles y evitar injerencias externas en procesos gubernamentales estratégicos.

El anexo del decreto sintetiza los diez ejes que estructuran la nueva doctrina: política exterior; información y contrainteligencia; poder integral del Estado; Malvinas y Antártida; recursos estratégicos; ciberseguridad; tecnologías de frontera; terrorismo; crimen organizado; y contrainteligencia. Cada uno incluye objetivos específicos y prioridades que orientarán la labor de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional en el corto y mediano plazo.

Para la administración Milei, el nuevo esquema representa un salto cualitativo después de décadas de desconfianza social, escándalos políticos y estructuras anacrónicas. La efectividad de esta nueva arquitectura, sin embargo, dependerá de la capacidad del Estado para profesionalizar cuadros, blindar la información sensible y sostener una política estable más allá de los cambios de gobierno. Ese es, quizás, el desafío más profundo de una reforma que busca reescribir el mapa de la inteligencia argentina.