RUMBO A LA TRANSICIÓN

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N 

El periodismo hegemónico ayuda a todas las maniobras. Pero el tipo de cambio se mantiene estable, gracias a un ”cepo” mucho más estricto que el impuesto en su momento por Axel Kicillof.

A pocos días de la asunción del mandato, el presidente electo Alberto Fernández y su equipo vienen desplegando una intensa actividad, como corresponde a un cambio tan significativo como el que va a ocurrir, y a la cantidad y magnitud de los desafíos que ellos y el país deben enfrentar. 

Sin duda que el tiempo se les hará corto para tamaña tarea, en tanto que para la ciudadanía las horas se eternizan porque sus demandas son acuciantes y las incógnitas se ahondan y multiplican. 

En este convulsionado panorama, un poco de tranquilidad apareció en el tema cambiario. Todo parece indicar que la corrida contra el peso -la fiebre del dólar- se frenó con el establecimiento de un “cepo” bastante más estricto que el vigente en tiempos kirchneristas. Paradojas de un gobierno que imaginó que abriendo las compuertas de toda la actividad económica y financiera iba a lograr hacerle morder el polvo a la inflación, estabilizar el tipo de cambio, atraer inversiones de todo tipo y hacer de la Argentina el paraíso perdido luego de la irrupción del peronismo. 

Como es ocioso decirlo a esta altura, nada de eso ocurrió: el resultado de las políticas instauradas a partir de 2015 es harto conocido y padecido por todas las capas sociales: recesión, con el consiguiente desempleo, inflación incontrolable, default (por más que se lo quiera maquillar con el nombre de reperfilamiento), y una deuda externa descomunal, que nadie atina a predecir si, y cómo, se podrá afrontar. 

Los analistas de la economía argentina presentan -según su sesgo- dos versiones de lo ocurrido, absolutamente contrapuestas, sobre las verdaderas intenciones del equipo todavía en funciones -si es que pueden considerarse como funcionarios de una línea unificada a través de los cuatro años que arrancaron en diciembre de 2016- y en conducción de la economía y las finanzas del país.

Por una parte, están quienes, a la luz de la más contundente evidencia, definen el período que culmina ahora como un estrepitoso fracaso. Esta variante no necesita más que mostrar los indicadores que marcan una caída en todas las variables de la actividad, que es absolutamente innegable. 

Del otro lado están quienes no discuten ni mucho menos esta realidad, pero no la adscriben a errores e imprevisiones en la conducción -como lo señala el otro grupo- sino que sostienen que lo vivido por el país respondía simplemente al accionar de una banda delictiva que usó los resortes del poder para beneficio propio, de sus familiares, amigos y socios. “No hay tal fracaso”, alegan; se trata simplemente de un objetivo claro y preciso, que se llevó adelante con todo éxito, más allá de que los daños infligidos a trabajadores, empresarios, y a las familias argentinas en general. 

Ciertamente, no faltan evidencias para aportar a la tesis: 

Se impulsó por ley un blanqueo, consiguiendo la adhesión de la legislatura a través de la ilusión de que resultaría en mejora de ingresos para la clase pasiva (con el pomposo nombre de “reparación histórica”). Luego, por decreto, se logró la inclusión de los familiares presidenciales en el beneficio, burlando el espíritu con el que los legisladores aprobaron el proyecto.

El escándalo con las concesiones viales es otro ejemplo paradigmático. Empresas de propiedad de allegados a la presidencia de la nación fueron beneficiadas con grandes aumentos de las tarifas de peaje, con lo que su valor se incrementó enormemente. Entonces, gracias a la valorización producida, fueron vendidas con  enormes ganancias. Las empresas, luego, reclamaron por ajustes retroactivos y amenazaron con juicios internacionales, bastando ello para que el gobierno les propusiera una negociación –arrasando con todas las instancias reglamentarias- que le costó al Estado un monto de quinientos millones de dólares. Similares maniobras se realizaron con los parques eólicos. Todas estas causas se procesan en tribunales, y las pruebas comprometen seriamente al presidente Macri y altos funcionarios de su administración. El exministro Aranguren también está imputado por favorecer a la empresa de la fue presidente, y accionista, en detrimento del patrimonio público. 

La inventiva de los estrategas del oficialismo saliente mostró una vez más su exquisitez, produciendo una tercer interpretacion: “La economía no está mal”, expresa. “Hemos sentado las bases para que el gobierno entrante (responsable, además, del esfuerzo que tuvo que hacer el pueblo argentino) pueda tener las condiciones para salir adelante”. Hablando mal y pronto, para ellos la administración macrista no hizo nada errado, sino todo lo contrario. La monstruosa deuda que contrajeron (dólares que en su mayor parte se evaporaron en fuga de capitales), la desocupación, la recesión, la caída estrepitosa del Producto Bruto Interno, la desaparición de decenas de miles de pymes, etc., la inflación galopante, son todos producto del kirchnerismo. Y hay que aceptar que un 40% de los votantes así lo cree.  

Volviendo al frente cambiario, el temor de que Alberto Fernández aumente las retenciones al agro hizo crecer el temor entre los exportadores, que intentan protegerse apurando las liquidaciones. con esto se genera una corriente de dólares genuinos hacia el Banco Central. En esta materia, fue importante el anuncio del presidente electo en el sentido de que no se pedirá al Fondo Monetario Internacional el desembolso de los 5.400 millones de dólares remanentes del préstamo contraido con esta entidad, ni se gestionarán nuevos préstamos. Buenas noticias, que sin embargo están lejos de despejar el pedregoso camino por el que deberá transitar la economía argentina a partir del 10 de diciembre. Esta sí que es una pesada herencia.