Juicio histórico: Por primera vez, un vicepresidente electo será indagado por corrupción

El argumento está planteado y este lunes volverá a escucharse: Cristina Kirchner ya dejó en claro que todas las causas judiciales en su contra responden a un supuesto plan de desprestigio y a una persecución política montada por el gobierno de Mauricio Macri y el “partido judicial”. Esta tesis es avalada por Alberto Fernández, y será la viga maestra en la primera indagatoria de su compañera de fórmula en un juicio por corrupción. Por primera vez en la historia, una vicepresidenta electa será indagada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que desde el 21 de mayo la juzga por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez.

Bajo un dispositivo de seguridad organizado desde el viernes, en el que intervendrá la Policía Federal, la llegada de Cristina a los Tribunales de Comodoro Py será cerca de las 9.30, cuando inicie la audiencia que la tendrá como principal protagonista. Durante la etapa de instrucción del expediente -a cargo del juez Julián Ercolini y los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques- Cristina Kirchner realizó su descargo en instancia de indagatoria únicamente con un escrito.

Ahora, en cambio, la electa vicepresidenta hará uso de la palabra. Debe responder a la acusación como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado direccionando contratos viales a favor de las empresas del Grupo Austral, de Báez. La de ella será la última indagatoria, y su abogado Carlos Beraldi no confirmó si estará dispuesta a responder preguntas del Tribunal y las querellas.

La declaración de la electa vicepresidenta -que no será transmitida en vivo como había pedido- se da a ocho días de su asunción y en un contexto de fuertes críticas de su espacio político hacia el Poder Judicial. En la justicia federal Cristina Kirchner acumula ocho causas en instancia de juicios oral -dos de ellas se unificaron- de las cuales cinco son por corrupción; siete pedidos de prisiones preventivas, y en breve otro expediente respecto a la cartelización en la obra pública y el cobro de sobornos -vinculado al caso cuadernos- será elevado por el juez Claudio Bonadio.

En el caso “obra pública”, el TOF 2 -integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu- la juzga hace siete meses junto a otros doce imputados: Julio De Vido, Carlos Kirchner, José López, Nelson Periotti, entre otros ex funcionarios, y Lázaro Báez. Todos están acusados de “haber instaurado” una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública. Según la acusación, esta “organización criminal” operó para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”: fueron 52 contratos por más de 46 mil millones de pesos.

Sobre Cristina recae la principal acusación: haber sido “jefa de la asociación ilícita; como presidenta dirigió y controló el modo en el que se desarrollaba el sistema de beneficios a favor del Grupo Austral”, en “detrimento del interés estatal y en perjuicio del erario público”. Este circuito de contrataciones “irregulares”, permitió que el patrimonio del “amigo presidencial” creciera -entre 2004 y 2015-, un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Pero no era la instancia final: los fondos “eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes”.

Durante el período investigado, Báez ya había tejido diversos negocios con la familia Kirchner: administró sus hoteles, construyó edificios para la inmobiliaria que después él mismo alquiló, compró o vendió quince inmuebles y un terreno en condominio con Cristina Kirchner.

Por eso, para la justicia esta causa que inició con una denuncia de Vialidad Nacional es el delito precedente de otras causas por lavado de dinero por las que fueron procesados Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, e incluso Báez. Es decir, se determinó que los fondos “blanqueados” provenían, en parte, de los contratos viales investigados en este caso.

Después de la indagatoria de este lunes, en la que la ex Presidenta reiterará haber sido víctima de una persecución política y pondrá en duda las pruebas centrales del caso, el TOF 2 iniciará la etapa de declaraciones testimoniales, donde se espera escuchar a unas cien personas. Después de la feria judicial,las audiencias se retomarán en febrero.

 

 

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Lucía Salinas