Perotti pide y no le dan, después a "llorar al campito"

El gobernador Omar Perotti reclama que la ley de emergencia en seguridad, que fue rechazada en la Cámara de Diputados, recobre impulso porque el gobierno necesita de su sanción para afrontar una coyuntura crítica en hechos de criminalidad. Lo que tuvo nula discusión pública es que las partes que más interesaban al mandatario en el proyecto original remitido a la Legislatura nunca llegaron a la Cámara baja, porque tales prioridades se recortaron en el Senado provincial. Y esas amputaciones le fueron impuestas por los representantes díscolos del propio PJ. Por lo que si el Poder Ejecutivo insiste con el mismo proyecto lo más probable es que sufra un nuevo revés.

Los senadores rebeldes del PJ le suprimieron al proyecto de emergencia los artículos más importantes solicitados por el ministro de Seguridad Marcelo Saín. Lo que pedía eran básicamente cuatro cosas. Que el Ministerio de Seguridad manejara los gastos reservados de la policía y no cada uno de los cuerpos policiales en forma autónoma. Que se flexibilizaran los límites para hacer licitaciones o compras de insumos para seguridad. Que esa cartera modificara las bases orgánicas y normativas del régimen policial. Por último que el Ministerio tuviera la facultad de cambiar y reasignar dependencias y funciones actuales de la policía. Nada de esto quedó en pie en el proyecto que salió del Senado.

 
 
La disputa

Fuentes legislativas señalaron a este diario que el recorte tuvo que ver con la negativa del grupo encabezado por el senador Armando Traferri (San Lorenzo) a cederle atribuciones especiales sobre el manejo de la policía a Saín, con quien mantuvo diferencias que son explícitas. El Frente Progresista también estuvo de acuerdo en mochar esos artículos que pedía Perotti. Pero en el Senado el PJ tiene mayoría, por lo que lo decisivo para cercenarle la parte esencial de la emergencia en seguridad fue definido por el grupo de los peronistas rebeldes, que de este modo marcaron la cancha al gobernador en el esquema de gobernabilidad.

Esto parece dejar claro que si el gobernador envía la misma fórmula para enfrentar la emergencia en seguridad, como lo anunció, difícilmente vaya a prosperar.

Servicio policial

El proyecto original que remitió Perotti al Senado el mes pasado autorizaba en su artículo 19 a armar una nueva orgánica para el servicio policial de la provincia. En el planteo original propuesto por Saín, ese cambio postulaba reestructurar y modernizar las bases orgánicas y funcionales del sistema policial provincial, vigentes desde 1975, a fin de que el servicio policial sea el instrumento para el control de la violencia y problemáticas criminales.

Ese artículo fue suprimido de cuajo por el Senado, por lo que no integró el texto que llegó a la Cámara de Diputados. También los senadores eliminaron el artículo 20 que disponía que el Ministerio de Seguridad era la autoridad de aplicación —es decir quien tomaba las decisiones— de las disposiciones y medidas del estado de emergencia de seguridad que la ley iba a declarar.

Las correcciones del Senado no permitieron modificar en nada la estructura orgánica de la policía. Como paliativo concedió que la cartera de Seguridad reciba personal de otras reparticiones de la administración del Estado en apoyo administrativo a las tareas de seguridad. Pero no de las tareas de tipo policial, es decir, las funciones exclusivas del personal que porta armas.

Fondos reservados

Otro artículo mochado fue el 25, que le asignaba al Ministerio de Seguridad la administración y el control de los fondos especiales de manejo policial. Igual destino tuvo el 26, que pedía que las rendiciones de cuentas de los órganos policiales que recibieran fondos reservados se remitan a una comisión bicameral de la Legislatura, que los controle con intervención del Tribunal de Cuentas de la provincia. Eso implicaba una verificación más estricta del destino del dinero asignado a la policía para situaciones excepcionales, lo que también no resistió la poda.

Otro recorte fue el que autorizaba una suba de hasta un 50 por ciento del límite previo para realizar licitaciones o concursos privados para compra de insumos o bienes destinados a seguridad. El problema es que la ley actual de administración y eficiencia del Estado que promovió en los años 90 el ex ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier torna muy prolongados los procesos de compra. En la idea del actual oficialismo eso produce demoras en situaciones que deben ser resueltas de modo urgente por la crisis de seguridad y por eso se buscaba la excepción que no pasó el cedazo de los senadores.

Fuente: La Capital