"Guille" Canteros comete delitos hasta con el teléfono público del penal

Ariel Máximo Cantero no está contento, no desde que el Servicio Penitenciario Federal lo requisa todos los días en su celda de Marcos Paz, no desde que le sumaron cámaras para filmarlo y desde que se revisa exhaustivamente a sus visitas y hasta a los carceleros que lo rodean.

No es para menos. Cantero, alias “Guille”, jefe de Los Monos y hermano de Claudio, “El Pájaro”, su fundador muerto a tiros hace años, supuestamente metió un poco las manos en el caos que somete a Rosario y que colocó al ministro Marcelo Sain en una encrucijada con 17 muertos en menos de dos semanas que llevó a un pedido de refuerzos a las fuerzas federales de la Nación. El nuevo problema para Cantero fueron sus charlas desde el penal con Maximiliano Damián Díaz, alias “Cachete”, un hombre de prontuario largo, cobrador y pistolero, un matón de su banda, el acusado de ser el cerebro del ataque armado al casino City Center de Rosario que terminó con un gerente bancario muerto de un tiro a traición.

El 7 de enero, “Guille” y “Cachete” mantuvieron una conversación sugestiva, que indicaba un posible armado del atentado, un apriete para recolectar dinero. “A ver si nos dan algo bien piola”, decía Cantero, luego de que Díaz le dijera que saldría para el City Center. Hubo otras llamadas entre ambos, dos de ellas el 3 de diciembre del año pasado. Ambas fuero intervenidas. Una, según documentos de la causa que investiga el fiscal Luis Schiappa Pietra, fue hecha por Cantero desde un celular.

La otra, según la desgrabación posterior a la que accedió Infobae, comenzó con la siguiente frase: “Esta llamada proviene de un establecimiento penitenciario”. A las tres de la mañana, “Guille” había levantado el teléfono público de Marcos Paz. Poco después en la charla. Cantero le advertía a “Cachete”, “para que no hagas salir tanto a los pibes”. “Dejá, sos un queso, si andan regaladísimos esos, ¿cómo no los vas a poder encontrar?”, le dijo el jefe.
Era un poco irónico. El Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario con el juez Mario Gambacorta ya había condenado a “Guille” a fines de octubre de 2019 a otros 10 años de cárcel por uso indebido del teléfono, por así decirlo, lo encontraron culpable de dirigir un secuestro extorsivo con un celular clandestino desde el penal santafesino de Coronda en septiembre de 2017. Sus lugartenientes le pifiaron de víctima: se llevaron al hijo de un carnicero. Ya le habían dado 22 años en abril de 2018 en el fin del juicio a su clan por asociación ilícita, la audiencia final fue en el Juzgado Penal de Sentencia N°1 de Rosario, con cien policías que custodiaban el edificio y francotiradores de las Tropas de Operaciones Especiales apostados a los techos. Ese mismo año, por otra causa narco, le dieron 15 años más.

Así, “Guille” pasó de la cárcel de Coronda a un penal en Resistencia, Chaco, a las manos del Servicio Penitenciario Federal. Temían que se fugue: lo enviaron a Ezeiza, en un traslado espectacular con chaleco antibalas, penitenciarios con casco y caras tapadas, marcado por el miedo a un atentado para soltarlo en medio del camino. En Ezeiza le encontraron tres celulares y le colgaron la sospecha de dirigir atentados a tiros a casas de jueces.

Así, Cantero llegó a Marcos Paz, donde la paradoja de tener encerrado al jefe máximo de la industria narcocriminal que marcó a Rosario a sangre y fuego durante la última época se volvió un poco más evidente.
A comienzos de junio de 2019, el juez Gambacorta, que cuatro meses después lo condenaría por el secuestro extorsivo que falló, viajó a Marcos Paz para entrevistarlo en un pequeño despacho dentro de la cárcel. Cantero se quejaba mucho últimamente desde su celda de aislamiento: su defensor presentaba hábeas corpus por sus condiciones de detención, el capo había roto las cámaras de seguridad con las que el Servicio Penitenciario lo filmaba.

Así, Gambacorta evaluó y volvió: el 19 de junio, el juez envió un pedido de morigeración de las medidas alrededor de Cantero. Pidió que el jefe de Los Monos no sea filmado en el baño “ni en ningún otro momento en que se pueda afectar su derecho a intimidad”, que lo vea un psicólogo, que le extiendan las salidas al gimnasio o al patio interno más allá de las dos horas diarias que el SPF le tenía permitido, que curse estudios al menos tres veces por semana y que pueda comer con cubiertos de metal. El juez, en un escrito al que accedió Infobae, ató los beneficios a su buena conducta, firmó que los recibiría “en la medida en que responda positivamente a sus cambios”. Gambacorta no ordenó cortar ninguna medida de seguridad, por otra parte.

Al Servicio Penitenciario Federal conducido por Emiliano Blanco la paradoja le cae de lleno en el escritorio. Cantero, como cualquier imputado, tiene derechos inalienables que le corresponden más allá de cualquier delito que cometa de acuerdo a la Ley 24.660 de ejecución de la pena. Pero el problema es que no es cualquier imputado. Del lado de la cárcel, hay funcionarios históricos que se preocupan por el giro clandestino del modelo, desde “una cárcel prisión a una cárcel bunker”, donde un hombre como Cantero puede explotar cada beneficio que la ley le otorga para hacer lo que quiera, para darle órdenes a un matón de su banda desde el teléfono público. No es el primero, para nada: “Marcos” Estrada González, capo histórico de la Villa 1-11-14, fue acusado de dirigir su organización desde su celda durante años, lo mismo César Morán de la Cruz, el jefe más sanguinario de la Villa 31 bis.

Desde los tribunales de Rosario, figuras de peso que hablaron con Infobae sobre la cuestión Cantero mueven las manos y se desentienden: “Tema del Servicio”.
Así, entra en escena un reclamo que resuena dentro del SPF en los últimos años de cara al delito organizado que no se puede frenar ni con la cárcel común: cambiar la ley de ejecución penal, otorgar al SPF la facultad de restringir derechos para controlar la seguridad pública con una ratificación del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

Hay experiencias en el mundo, en España por ejemplo, con herramientas como el régimen FIES, instituido en 1991, un control de información aplicado para delincuentes de bandas organizadas, funcionarios públicos presos y de fuerzas de seguridad, de perfil altamente violento o de bandas terroristas.

Con respecto al crimen del casino, fuentes judiciales cerca del caso en Rosario no especifican si Cantero será imputado en los próximos días como autor ideológico o como partícipe necesario.

Fuente: Infobae