AVANCES IMPORTANTES EN UN PANORAMA DIFÍCIL

Isaías ABRUTZKY / Especial para R24N 

Por lo que se percibe, el gobierno nacional está empeñado en producir el despegue de la Argentina sin aumentar el déficit fiscal. Esta variable es, para los liberales, la piedra fundamental de la contención de la inflación y el funcionamiento virtuoso de las variables económicas, en particular de la inflación, para ellos fuente de todos los males que pueden aquejar a un país. 

Como se experimentó palmariamente en los cuatro años macristas, los enormes esfuerzos desplegados para acotar el déficit fiscal no tuvieron el resultado esperado, sino todo lo contrario. Mientras el déficit fiscal bajaba en términos del Producto Bruto Interno, la inflación se disparaba y el país caía en una recesión tremenda. 

Pero la política de no solamente bajar el déficit fiscal, sino llegar a un superavit, no perdió tanto prestigio como podría uno imaginarse a partir de esos resultados; Alberto Fernández la reivindica, no queda claro si por pensamiento propio o porque es lo que exige el Fondo Monetario Internacional para mostrarse benigno frente a los demandas de clemencia frente a una deuda a todas luces impagable en los términos en los que se encuentra. 

No es que sea bueno el déficit fiscal, pero menos buena es la situación de aquellos a quienes se prometió poner dinero en sus bolsillos y hoy consideran mezquino lo que vienen obteniendo. Acotado por el lado de la emisión, el recurso principal del gobierno consiste en recortar ingresos de los sectores más pudientes, comenzando desde un nivel bajísimo, como son los veinte mil pesos de las jubilaciones que marcan el límite entre quienes ganan respecto de lo que hubieran percibido con la fórmula macrista vigente en la última parte del anterior gobierno, y quienes quedan por debajo de ese cálculo. 

Con esto, y otros importantes beneficios como lo son la incorporación de 170 medicamentos a entregarse gratuitamente a los jubilados de Pami y a quienes acuden a los hospitales públicos, la tarjeta de alimentos, los incrementos en la AUH y otros, Alberto puede afirmar que cumplió su promesa de ayudar a quienes se encuentran por debajo de las líneas de pobreza e indigencia. 

Pero queda claro que una porción de la sociedad que es importante -aquellos que perciben entre 20.000 y 35.000 pesos, por lo menos- quedan con un sabor amargo en la boca, y muchos de ellos se sienten defraudados por el nuevo presidente. Y no les falta razón, porque aunque no se encuentran estrictamente en el fondo del pozo, están ajustados al máximo, porque lo que perciben está por debajo de la canasta básica de alimentos. Esto quiere decir que -malamente- pueden comer y alcanzar los medicamentos que necesitan, pero deben olvidarse de cualquier otro gasto de los muchos imprescindibles que tiene hoy una familia, el transporte, sin ir más lejos. 

En tanto, el gobierno activa la presentación de proyectos de ley que terminen con el abuso que, a la luz de la crisis que vive el país, significa que haya funcionarios (jueces y diplomáticos, entre ellos) que se llevan a su casa cada mes un salario que se ubica en la franja de los 500.000 a 1.000.000 de pesos, no deben tributar ganancias, y, al jubilarse obtienen una remuneración mucho mayor, en términos tanto absolutos como porcentuales, que cualquier otro beneficiaro del sistema. 

En este aspecto, el gobierno es cauteloso, porque quienes tienen el poder de oponerse a un nuevo régimen son precisamente aquellos que pertenecen al poder judicial, y amenazan con declarar la inconstitucionalidad de cualquier medida que consideren perjudicial para sus intereses personales. Es necesario consensuar con ellos, y el resultado posible es lo mismo que podría esperarse de una negociación entre la delegación de zorros y el gallinero. De todas maneras el tema está en agenda y en proceso, lo que no es poco. 

El Presidente del Consejo de la Magistratura, organismo que controla a los jueces y puede exponerlos a juicio político y destitución, Alberto Lugones, insufló vientos frescos en materia judicial. Aunque aclaró que no ve la figura del preso político, reconoció “el uso arbitrario de la prisiones preventivas y ordenó revisar aquellas sentencias basadas en testigos que podrían haber recibido beneficios para testificar”, según un despacho de Infobae, del domingo 16 de febrero. Esto pone sobre el tapete la situación de varios detenidos, principalmente Amado Boudou, luego de que se hiciera público el cobro de $ 1.500.000 por parte de Alejandro Vanderbroele en retribución por haber declarado en contra del exvicepresidente, lo que determinó su detención. Un caso similar se presenta con el exministro Julio de Vido, encarcelado mediante procedimientos vergonzosamente falaces y torpes, como el peritaje de un individuo que copió su dictamen de publicaciones de internet, y que hoy está procesado por falso testimonio. Similares situaciones se presentan en los causos de Milagro Sala y el de las “fotocopias de los cuadernos”, donde se excarceló y se brindó condiciones de vida lujosas a Leonardo Fariña, para que hiciera de arrepentido e inventara falsedades respecto de Cristina Kirchner y otros imputados. 

Vale también reiterar una vez más el tema de las negociaciones incompatibles con la función pública de Macri y sus funcionarios y la transferencia de sumas escandalosas a las empresas propias y de presuntos socios o testaferros. Basta solamente mencionar los 500 millones de dólares reconocidos a la concesionaria de Autopistas del Sol, con los que podría otorgarse un nuevo bono de 5.000 pesos a 6 millones de jubilados. 

¿Pueden alcanzar esos recuperos, si llegan a tiempo, para comprobar que Alberto Fernández consiguió quedar bien con Dios (el pueblo) y el diablo (el FMI)? Como siempre ocurre, el tiempo dará la respuesta.