Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura: “No vamos a permitir una persecución a jueces"

Al juez Alberto Lugones, el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, se lo ve satisfecho y activo en su flamante cargo en el organismo que propone y remueve jueces. Pese a que hace apenas una semana que asumió, se mueve con comodidad en el sobrio despacho de la presidencia en el edificio de la calle Libertad. Pese a que la entrevista con Infobae se realizó pasadas las 18, a mediados de la semana, su nivel de actividad parecía no cesar. Estaba rodeado de empleados y tenía otra reunión pendiente una hora más tarde.

Dispuesto a la entrevista -algo inusual en los jueces, que siempre piden hablar en off the record- Lugones no le teme al tono de sus declaraciones públicas ni a los nombres propios. A la hora de las fotos, pide que salga el enorme mate que tiene sobre su nuevo escritorio. “Me lo regaló mi hija”, destaca. Ella también se desempeña en el Poder Judicial. El jueves último, el Consejo rechazó una denuncia en su contra por no haberse excusado en una investigación contra un juez federal con el que ella trabaja, y que había sido desestimada por unanimidad a fines del año pasado.

Lugones tiene 61 años y comenzó en la Justicia en 1980, al ingresar en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Luego trabajó en juzgados de primera instancia del mismo fuero. Fue designado juez a fines de 2014, al acceder por concurso a la Cámara Federal de San Martín.

Cuatro años más tarde, sus colegas magistrados lo eligieron consejero en representación de la Lista Celeste, la más cercana al peronismo. Conoce bien la tarea en el Consejo y las responsabilidades de la presidencia, porque fue 16 años asesor en el Consejo de los jueces Claudio Kiper, Victoria Pérez Tognola, Luis María Bunge Campos y Mario Fera. Referente de esa línea interna de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), se desempeñó como secretario general de esa entidad entre 1986 y 1990.

Lugones no niega su cercanía ideológica con el actual Gobierno. De hecho, durante el kirchnerismo, fue uno de los firmantes de las primeras solicitadas de Justicia Legítima, la agrupación afín a esa fuerza política. Desde 1985 es docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la actualidad es profesor adjunto por concurso en la cátedra de Derecho Constitucional a cargo de Alberto Dalla Via, juez de la Cámara Nacional Electoral.

Lugones se explayó sobre los motivos del rechazo al proyecto para modificar el régimen jubilatorio de los jueces y se queja de que no fueron consultados. “No se pueden meter en nuestra planificación de vida, de un día para el otro, y dejarnos como que no existimos”, sostiene. Y augura que habrá entre 100 y 150 renuncias de jueces. Asegura que tampoco -hasta ahora- fueron consultados sobre el borrador de Reforma Judicial que está elaborando el Gobierno.

Como exponente de la “corporación judicial”, niega que se vaya avanzar en “una persecución” a jueces que llevaron adelante causas de corrupción contra ex funcionarios kirchneristas. “No lo vamos a permitir. Los jueces tiene que trabajar con libertad, conforme entienden que es correcto, y en todo caso, hay instancias superiores para revisar sus decisiones”, dice enfático.

Asimismo, es crítico de la forma en que se dispusieron traslados de jueces durante la gestión de Cambiemos “para juzgar a alguien”. Asegura que podrían ser revertidos ya que están “a tiro de un decreto” del Ejecutivo, por la forma en que fueron designados.

Sin esquivarle a uno de los temas calientes de estos días, afirma que “no hay presos políticos”, aunque sí admite la existencia de un “abuso” de las prisiones preventivas. También cuestiona el uso de la figura del arrepentido para buscar una confesión a cambio de ser liberado. No lo especificó, pero se refería a cómo se usó en la causa de los cuadernos de las coimas.

-Su presidencia al frente del Consejo fue votada por unanimidad. ¿Cómo logró el apoyo de la oposición?

-Porque consideraron que podía ser una persona de diálogo. Saben que todos los temas que tengamos que trabajar, especialmente los complejos, los voy a consultar. Trataremos de llegar siempre a un consenso. Y si no hay acuerdo, siempre hay mayorías y minorías.

-Pero los números están bastante parejos...

-Sí, están parejos, seis y seis. En realidad, nosotros tendríamos mayoría porque contamos a (la diputada) Graciela Camaño, que no forma parte del oficialismo. Pero los tres jueces vamos a trabajar juntos en muchas cosas. Yo estoy más cerca del oficialismo, ellos estuvieron más cerca de la oposición, pero creo que están tratando de acomodarse también. (NdR: se refiere a Ricardo Recondo, de la Lista Bordó más próxima a Cambiemos, y Juan Manuel Culotta, de Compromiso Judicial, una escisión de la Celeste con posiciones intermedias). La palabra que me gusta a mí es consenso y trabajo en conjunto.

-Su designación había empezado a sonar a fin del año pasado, pero sorprendió que lo acompañe el juez Ricardo Recondo como vice, presidente saliente y a quien se lo vincula con la gestión anterior. ¿Cómo se gestó ese acuerdo para la fórmula?

-Hubo muchas conversaciones, aún fuera de este cuerpo. No voy a dar más detalles. Pero cuando me dijeron que sería bueno que vaya Recondo, les dije que no tenía ningún problema. He trabajado con él en la Asociación de Magistrados, siempre en espacios distintos, pero tenemos en claro qué queremos para la Justicia y qué Poder Judicial queremos para el país.

-¿Le molesta que lo vinculen con posiciones cercanas al Gobierno?

-Yo digo que soy un viejo radical alfonsinista progresista. Pero si me preguntan si estoy más cercano de este gobierno que del anterior, claramente. Eso no lo niego y me hago cargo de lo que digo. Es más, tengo enfrentamientos familiares por eso.

-¿Fue militante radical de joven?

-Sí, me afilié al partido radical el 16 de diciembre de 1982 cuando nos corrieron de Plaza de Mayo en la Marcha de la Multipartidaria. Y lo estuve hasta que fui secretario de superintendencia de la Cámara Civil, y me tuve que desafiliar.

-¿Nunca tuvo actividad partidaria en el Justicialismo?

-No, más allá de que todos los militantes justicialistas que estaban en el Consejo decían que yo era el radical más peronista que conocían. (Se ríe).

-¿Se imaginó que iba a llegar a presidente del Consejo?

-Sí, cuando empezamos a trabajar en el Consejo, varios que estábamos en la Lista Celeste -que hoy son jueces- pensamos que la posibilidad de llegar a magistrado sería una alternativa interesante. Y después terminar la carrera como consejero y llegar a presidente del Consejo.

- En su discurso de asunción, habló de “situaciones abusivas” en los traslados de magistrados para cubrir vacantes, una práctica que se dio en la anterior gestión. ¿Se van a revertir esos traslados?

-Ya hice aprobar un reglamento por el cual los traslados deben aprobarse con mayoría especial en el Consejo, o sea dos tercios (9 votos). Porque esto impide salir a “pescar” jueces que gustan, para ponerlos a juzgar ciertas cuestiones como pasó en algún momento. Trasladar jueces para juzgar a alguien está prohibido en la Constitución Nacional. Y en el caso de que el traslado sea a otra jurisdicción u otra competencia, deben tener acuerdo del Senado.

-¿Y con los ya consumados? ¿Se van a revertir los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que fueron respaldados por la Corte?

-Por lo que he ido conversando, cómo fueron puestos ahí por un decreto, no tienen efectivización en ese lugar, fue una designación administrativa. Están a tiro de otro decreto. Pero eso pasa más por el ámbito político, no por el Consejo por ahora. No nos han planteado el tema. Otros dicen que cuando concluya el concurso abierto para cubrir las vacantes en la Cámara Federal, puede terminar ese seudo interinato.

-¿O sea que la vacantes en la Cámara FEderal no serían solo las dos actuales, sino también los lugares que ocupan hoy Bruglia y Bertuzzi hoy?

-Es muy probable que en su momento se llegue a considerar eso. Porque tenían acuerdo del Senado para ser jueces del Tribunal Oral. A nosotros la legitimación nos la da el Senado. Esa fue la discusión que se planteó con el tema de las subrogancias, que la Corte terminó cerrando cuando marcó que los subrogantes tienen que haber pasado por un concurso y tener acuerdo del Senado. Además, cuando hay cuatro lugares, hay lugar para todos. Se pueden poner de acuerdo los políticos...

Investigaciones a jueces

-Alberto Fernández dijo que varios jueces iban a tener que dar cuenta de sus sentencias y nombró a varios con nombre y apellido. Cuando lo cuestionaron porque el Poder Ejecutivo no debe interferir en el accionar de los jueces, aclaró que era el Consejo el que iba a tener que hacer esa tarea...

-No he visto que hayan ingresado denuncias. Nos basamos en las denuncias que se presentan y que no pueden ser anónimas. Tendríamos que ver si lo que se está cuestionando es un acto jurisdiccional, o sea sus decisiones como jueces. Si es así, la ley 24.937 y la 26.080 excluyen del juzgamiento del Consejo la cuestión jurisdiccional. Si no se puede demostrar que lo que llevó a esa sentencia está basado en algún delito, se nos va a complicar el juzgamiento. Pero primero tiene que entrar una denuncia y luego se verá.

-¿O sea que no habrá persecución a jueces para que se vayan?

-Yo no lo voy a permitir y estimo que con mis colegas magistrados vamos a trabajar los tres en conjunto. Para conformar la mayoría, necesitan de nosotros. Los jueces tienen que trabajar con libertad, conforme entienden que es correcto, y en todo caso, hay instancias superiores para revisar sus decisiones. Esto forma parte de la institucionalidad que también mencionó Alberto Fernández. Tenemos que garantizar una institucionalidad diferente. Como profesor de Derecho Constitucional además de juez, creo que la República se pone en juego con eso.

-Usted se manifestó en contra de ciertas atribuciones de investigación del Consejo a magistrados denunciados, porque considera son competencia de la Justicia...

-Sí, el Consejo tiene limitadas esas atribuciones. Si un juez juzgó a una persona por enriquecimiento ilícito, y dice que no es culpable, nosotros tenemos que aceptarlo. Porque si no, también tendríamos que investigar al juez que resolvió de esa manera porque entendemos que tomó una medida incorrecta.

-Entonces, según esa postura, el Consejo no debería haber pedido información de las tarjetas de crédito de los magistrados investigados, o pedir levantar el secreto bancario como en el caso del ex camarista Eduardo Freiler que, finalmente, fue destituido...

-Lo que se puede buscar son los datos de él. Pero no se puede hacer una investigación de los hijos, por ejemplo. Se obligó a los bancos a informar al Consejo sobre las cuentas de un magistrado, cosa que, por otra parte, está prohibida para los bancos. Se estuvo muy al filo de la ley, en el caso Freiler puntualmente. Y para peor, se aprobó la apertura del juicio político no estando conformado el Consejo en su totalidad. Eso fue gravísimo para la historia del organismo. Se aprovechó una ventana en la cual había 12 consejeros en lugar de 13, para lograr la mayoría para aprobar el juicio político. Nosotros como jueces tenemos que respetar la Constitución Nacional.

-Pero el Consejo sí puede investigar a un magistrado por posible mal desempeño si sus ingresos no condicen con sus gastos...

-Sí, se puede investigarlo. Pero si tenemos una sentencia que dice que que no hay enriquecimiento, para eso está la facultad del juez que tiene que investigar. Nosotros podemos investigar otras cosas, porque no solamente está el tema de enriquecimiento como motivo de remoción. La figura de mal desempeño incluye la mala conducta, por ejemplo.

Jubilaciones de magistrados

-Los jueces ya se manifestaran en contra del proyecto del Gobierno para cambiar su régimen jubilatorio. ¿En qué aspectos centran sus cuestionamientos?

-Hay cosas que no son claras del proyecto porque se están repitiendo errores. La base del sistema jubilatorio de Poder Judicial exige 30 años de aportes, 10 años en el cargo, y un aporte superior del 12%, en lugar del 11%, que ahora se iría bastante más, aunque eso podemos discutirlo. El tema de llevar la edad a 65, también podemos discutirlo. Pero cuando hablamos del 82%, hoy es móvil. Lo móvil se rige por los aumentos que recibe el Poder Judicial. Y lo que más molesta a los jueces con los que yo he hablado, es que se podría haber resuelto con una charla de muy pocos minutos antes de enviar el proyecto.

-¿No fue consultada la Asociación de Magistrados, ni siquiera informalmente?

-No fuimos consultados. Informalmente hubo alguna charla pero no se escuchó nada de lo que dijimos. Y acá entran en juego dos garantías centrales que hacen al Poder Judicial: la independencia y la eficacia. El Poder Judicial es un poder el Estado y su realidad futura no puede ser modificada de un día para otro, sin ser consultado. Como poder del Estado, tenemos la obligación de controlar al Poder Ejecutivo y al Legislativo, controlar que ellos no incumplan las normas constitucionales y las leyes. No se pueden meter en nuestra planificación de vida, de un día para el otro, y dejarnos como que no existimos. No me parece que esa sea la forma.

-La sociedad cuestiona que los jueces tengan jubilaciones privilegio...

-No son jubilaciones de privilegio. Como los sueldos son altos en esta realidad que tiene el país, eso es lo que la gente cuestiona. Es difícil explicar que lo que yo cobro está bien, cuando ellos cobran muchos menos.

- Pero esa diferencia se ahonda a la hora de la jubilación, un jubilado cobra muchísimo menos que un juez jubilado...

-Entiendo que la gente nos cuestione, pero nosotros no manejamos las políticas públicas o económicas del Estado. Cuando un ciudadano viene a mi Tribunal para que yo resuelva la cuestión jubilatoria, yo se la voy a resolver conforme a lo que es correcto y normalmente va a ser a favor de él. Porque mi solución tiene que ser solidaria con el derecho que él tiene. Con el tema de las actualizaciones, rápidamente en la Cámara de San Martín dimos por tierra el intento del gobierno anterior de una actualización que no cumplía con su objetivo. Mantuvimos lo que luego la Corte dijo en el caso Blanco a fines del año pasado. Además de eso, la Corte dijo algo que el Gobierno al proponer este proyecto no visualiza: que las jubilaciones serán actualizables -o móviles es nuestro caso-, pero el proyecto que acaba de ingresar no dice cuál será la pauta de actualización. Y la Corte, en ese fallo, dijo que cuando no está previsto en la ley, un funcionario del Ejecutivo no puede fijar el índice que se va a utilizar.

-¿Qué van a hacer?

-Estamos esperando ser escuchados para corregir lo que consideramos son errores sustanciales. Fundamentalmente, que el Presidente de la Nación acepte que se pueden discutir estos temas. Porque tampoco está previsto qué va a pasar con los jueces que ya están en condiciones de jubilarse, por tener 60 años o más. La realidad es que, con este proyecto, todos los que están con los requisitos cumplidos, no tiene otra que irse. El gobierno podría establecer una cláusula transitoria que no licúe el Poder Judicial con la renuncia de montones de jueces.

-¿Cuántas renuncias estiman que pueden producirse?

-Entre 100 y 150 jueces, con los cual el total de vacantes ascendería a unas 400. Se agravaría muchísimo el problema. Yo ya estoy en condiciones de poder jubilarme y estoy pidiendo los papeles. Asumí un compromiso con mis colegas de representarlos, por lo que probablemente no me vaya. Pero uno está tentado porque no sabe qué puede pasar después. Y hay mucha gente muy valiosa que está en condiciones de irse y que podría darle mucho todavía al Poder Judicial.

-¿Están dispuestos a extender la edad de jubilación hasta los 65?

-Sí, en eso habría coincidencia.

-¿Y en subir el aporte actual del 12% a un porcentaje mayor?

-Podría conversarse. Porque acá lo que hay que plantearse si el problema es de caja. Sí es así, estamos dispuestos a ayudar. No se nos escapa la situación complicada que tiene el país. Yo lo veo todos los días en la Cámara Federal de San Martín, por ejemplo con los amparos de salud. Estamos dispuestos a charlar la forma de resolver este problema, o a sugerir una forma de resolverlo.

-¿Está al tanto de los lineamientos de la reforma judicial que prepara el Gobierno? ¿Lo consultaron?

-No. Ojalá me consultaran. Y hay mucha gente de la Justicia dispuesta a ofrecer el know how sobre el tema. Estamos a la expectativa y dispuestos a colaborar. En función de adónde quieren llegar, nosotros trataremos de plantear distintas alternativas para llegar a eso.

El pago de Ganancias

-Usted también se opuso en su momento a que los jueces paguen Ganancias...

-El tema de Ganancias ya está resuelto a futuro. Si ahora se empiezan a ir todo este número de jueces, no vamos a quedar muchos enganchados sin pagar, o mejor dicho, protegidos por la Constitución. El número se va a reducir ampliamente. Desde 1 de enero del 2017 ya pagan este impuesto los nuevos jueces, y van a pagar los 120 que serán elegidos próximamente por el Presidente y obtengan el acuerdo del Senado.

-¿Y está de acuerdo con que los nuevos paguen y ustedes no?

-No está bien que haya diferencias. Pero no sé de otro sistema para resolverlo, que no nos ponga en situación incómoda ante colegas que ganan menos. Cuando se habló en el anterior gobierno, se dijo que los que venían de la carrera judicial y eran designados magistrados, no iban a pagar. Es más, se habló de un decreto reglamentario del Ejecutivo estableciendo esto. Porque si no, al ascender a juez, un secretario cobraba menos que lo que venía cobrando. Hoy están pasando eso, lo cual es una locura.

-¿Y los que llegan a juez sin venir de la carrera judicial?

-Tenemos que tener en cuenta que no es la misma situación aquel que viene de afuera del Poder Judicial que los nic, los que hicieron toda su carrera en la Justicia. Gente que viene con 18 o 19 años al Poder Judicial y nunca pagó Ganancias. Los de afuera vienen haciéndolo y, en muchos casos, vienen casi en condiciones de jubilarse para estar en los últimos años en el Poder Judicial, y después irse con la jubilación de juez.

Testigos “comprados” y arrepentidos

-En declaraciones suyas los otros días dijo que había “testigos comprados” en referencia a Alejandro Vanderbroele, que se arrepintió y apuntó contra el ex presidente Amado Boudou...

-Lo planté en forma genérica, no estoy exculpando a nadie. Boudou tendrá que demostrar que lo que declaró en contra de él, era falso. Pero si para dictar una sentencia contra alguien, hay que comprar un testigo, eso debe ser revisado en las instancias que corresponda. Ese testigo es, por lo menos, no idóneo. El código penal prevé penas graves para los testigos falsos. Porque hace a lo que se conoce como estafa judicial. Si no fue solo ese testigo y hubo otras pruebas, la sentencia puede ser confirmada.

-¿Está de acuerdo con figura de arrepentido?

Si, pero no como se utilizó. Acá se hizo arrepentir gente metiéndola presa varios días, para que luego vaya y cuente algo respecto de alguien, para ser liberado. Esa no es la forma. Estoy de acuerdo con la figura porque, sobre todo en el ámbito de narcotráfico, nos permite llegar a instancias superiores en la banda y descubrir más droga. Pero la figura del arrepentido debe ser usada con cuidado. Debe ser filmado cuando declara y debe ser el fiscal el que lo proponga. Pero no que nosotros dejemos adentro ex profeso a alguien, para que hable. Dicen que hay gente que levantó un acta ante escribano porque era la única forma de que lo liberen. Las normas deben ser respetadas. Para llegar al resultado final, no vale cualquier medio, porque además puede terminar invalidando una sentencia.

“Presos políticos”

-¿Cree que hay presos políticos como dice un sector importante del Gobierno ?

-No, no creo que haya presos políticos. Hay políticos que han sido detenidos y, en algunos casos, se puede discutir si hubo un abuso de las prisiones preventivas. Algunos no tienen condena y otros sí, pero no está firme. No llegaron hasta la última instancia que es la Corte. Los jueces solo podemos dictar la prisión preventiva ante supuestos que están expresamente establecidos en el Código Penal anterior y en el nuevo. No es gratis mandar una persona con prisión preventiva porque toda persona es inocente hasta que haya una condena definitiva que lo convierte en culpable. Así está previsto en la Constitución Nacional y en el Código de Procedimientos.

-Entonces, según ese razonamiento, ¿Boudou no debería estar preso aunque tenga sentencia confirmada en segunda instancia, mientras le quede la opción de la Corte?

-Si no hay alguna otra causa en la que pudiera llegar a entorpecer la investigación, debería estar libre. Porque podría tener influencia todavía, lo que se dio en llamar “doctrina Irurzun”, que no me gusta llamarla así porque al doctor (Martín) Irurzun lo respeto mucho como persona. Pero tenemos que tener en claro que todos somos inocentes hasta que haya una sentencia definitiva que establezca lo contrario.

-¿Y la sentencia definitiva es siempre hasta la instancia de la Corte?

-Sí, cuando se expide la Corte. Es lo que rige hoy. Si se interpone un recurso extraordinario ante Casación, y no se lo concede, queda el recurso de queja. Y si la Corte no lo habilita, ahí sería una instancia final.

Prioridades en el Consejo

-¿Cuáles van a ser su prioridades como presidente del Consejo?

-Prioridad uno, que no se caiga más el Lex 100 (el sistema informático del Poder Judicial) y funcione bien. Y que no se me caiga un techo arriba de la cabeza de ningún juez, litigante o empleado. Ese es el problema hoy de la emergencia que enfrenta la Justicia. Prioridad dos: concursos transparentes y con la celeridad necesaria para darle al Poder Ejecutivo los candidatos más idóneos para que elija, así y cubrir las vacantes que hay. Hoy están en trámite en el Consejo, ciento y pico de vacantes. Y después de la jubilación de muchos jueces por este proyecto que impulsa el Gobierno, serán otro centenar más.

-¿Qué piensa hacer para tender a la paridad de género en el Poder Judicial?

-Estuvimos conversando mucho de eso con Graciela Camaño. Lo que ideamos hasta ahora en el reglamento de los concursos es que haya una mujer en cada terna, bajo toda circunstancia, guste más o guste menos. Pero tenemos que buscar una vía que le permita a la mujer no llegar por imposición, sino por idoneidad. Estamos pensando cómo. Porque lo que sabemos es que hay que lograr igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta, además que las mujeres tienen lo que se llama un “techo de cristal”. Porque en su época de procreación o de cuidar a los hijos chicos, no pueden formarse tanto como los hombres o prepararse para un concurso. Es un tema pendiente para resolver.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de  Mariel Fitz Patrick