Líbano, retrato de una revolución

La lluvia de piedras e insultos contra los antidisturbios parece no terminar. “Corruptos, ladrones, nos habéis robado nuestro futuro”, grita un joven enmascarado entre el centenar de manifestantes que desde hace horas descarga su ira en el empobrecido barrio de Tariq al Yadid, en los arrabales de Beirut, la capital libanesa. Los médicos voluntarios evacuan a los heridos mientras sobre sus cabezas el viento agita amarillentos pósteres de Saad Hariri, dimitido primer ministro y zaim (líder político-confesional, en árabe) de este puñado de calles de población suní.

Esta misma estampa se repite a lo largo y ancho del país desde el pasado 17 de octubre, fecha en la que una nueva tasa sobre las llamadas de WhatsApp se convirtió en el detonante de una protesta social que ha sacado desde entonces a cientos de miles de libaneses a la calle para exigir la dimisión en bloque de los zaim de todos los partidos y confesiones.

Los manifestantes arremeten contra una élite que se agarra al poder desde hace tres décadas y a la que acusan de haber saqueado las arcas del Estado. Líbano acumula una de las deudas públicas más altas del mundo (unos 76.000 millones de euros, el 150% del PIB). Entrando en el quinto mes de protestas, los expertos denuncian la flagrante desidia de la élite dirigente ante el posible colapso económico del país, aquejado también de una corrupción que lo sitúa en el puesto 137 de 180 (cuanto más cerca del 180, más corrupto) en el índice elaborado por la organización Transparencia Internacional.

El nombre del joven enmascarado que grita contra los corruptos es Abdalá Jarah. A sus 20 años encarna a esa generación posterior a la guerra civil (1975-1990) que ahora lidera las protestas —en las que también es importante la voz de las mujeres— y rechaza un sistema heredado que reparte el poder político y económico en función de cuotas confesionales (hay 18 oficiales). La fractura generacional es patente y arrecian las críticas contra los septuagenarios líderes de los partidos.

Hace seis meses que Jarah tuvo que dejar los estudios universitarios de Informática porque no puede pagar las tasas universitarias. “Me gustaba mucho y soy bueno”, lamenta. En un país donde la educación y la sanidad son servicios casi exclusivamente en manos del sector privado, cada día son más los jóvenes que abandonan las escuelas y las familias sin cobertura médica.

“Hace dos meses que me han reducido el sueldo de dos a un millón de libras libanesas (LBP, en sus siglas en inglés, y equivalente a una disminución de 1.200 euros a 600)”, cuenta su madre, Igtimad, de 65 años y divorciada. Es funcionaria de la empresa estatal de telefonía Ogero. Paga 600.000 libras (360 euros) mensuales de alquiler. “Gracias a Dios tenemos salud. Pero si ocurre algo, nos dejarán morir en la puerta del hospital”, afirma indignada. La mayoría de los funcionarios han visto sus sueldos reducidos a la mitad. 

Truncada la vía de los estudios, Jarah tampoco encuentra trabajo. “Su única opción para no tirar su futuro es emigrar”, interviene su madre. A esa misma conclusión han llegado miles de jóvenes libaneses. Los que tienen diplomas universitarios y doble pasaporte o buenas conexiones para obtener un visado ya han abandonado Líbano. El resto, como este joven, da rienda suelta a la frustración a pedradas y pega simbólicamente los currículos en los muros de hormigón tras los que se parapeta el Parlamento. Han acudido varias veces a las asociaciones caritativas suníes del partido El Futuro que lidera el ex primer ministro Hariri y que antaño, con respaldo saudí, proporcionaban becas y ayudas a su base social. Sin recursos, la solidaridad vertical construida a partir de los partidos y las confesiones a las que representan se resquebraja.

El Gobierno de unidad libanés que vio la luz en enero de 2019, tras nueve meses de arduas negociaciones, ha sido la primera víctima del movimiento de contestación popular y acabó con la dimisión de Hariri en octubre pasado. El empresario Hasan Diab ha sido nombrado nuevo jefe de un Gobierno tecnócrata liderado por el tándem chií Hezbolá-Amal (moderado) junto con el principal partido cristiano, Corriente Patriótica Libre (CPL), al que pertenece el presidente libanés, Michel Aoun.

La desesperación de la familia Jarah va en aumento. “Me siento como en un oscuro túnel del que no veo la salida por ninguna parte”, se sincera en el salón de su casa Nadia Jarah, única hermana de Abdalá. Madre de tres y con un marido inválido, la mirada acuosa de Jarah no se despega de la pila de cartas que desde la mesita del salón le recuerda que hace nueve meses que el banco amenaza con desahuciarla. Un miedo que afecta a otros miles de ciudadanos sobre los que se cierne una  inminente devaluación del 30% de la moneda. En las casas de cambio, el dólar, que ha permanecido en un cambio fijo de 1.500 LBP desde 1997, se vende esta semana a 2.450.

Ante la desidia del Banco Central de Líbano (BCL), las entidades bancarias han impuesto medidas informales para el control de capitales. Cada día, los clientes hacen horas de cola a las puertas de Bank Audi, donde pueden retirar 600 dólares al mes si sus ahorros son inferiores al millón de dólares, y 2.000 si los superan. “De cada 11.000 dólares que traigo de fuera gano 4.700 al cambio”, admite un empresario francés afincado en la capital libanesa. Cada día aterrizan funcionarios de ONG internacionales, de la ONU, la UE, diplomáticos y empresarios locales o extranjeros que atraviesan el control policial cargados con fajos de dólares. Miembros de Hezbolá afirman, además, que llegan maletas cargadas de dólares desde Teherán para pagar sus sueldos. 

De devaluarse la libra en un tercio, la mitad de la población libanesa caería de la noche a la mañana bajo el umbral de la pobreza, advierte en un informe el Banco Mundial (BM). “La crisis libanesa necesita una estrategia integral […] para corregir las ineficiencias y beneficios desproporcionados de un sistema de crecimiento desigual”, opina en una entrevista por correo electrónico Wissam Harake, economista del BM. Los Jarah hacen equilibrios sobre la intangible frontera de la pobreza, que ya afecta a un tercio de la población libanesa, según informes de la ONU.

Durante una de tantas manifestaciones, un desesperado padre de familia en la cincuentena se rocía con gasolina. “Ya no sé qué hacer”, solloza el hombre, a quien otros manifestantes salvan de quemarse vivo, pero no de la desesperación. La inflación ha disparado los precios de productos básicos en un 25% y ha forzado al recién nombrado Ejecutivo a pedir ayuda a varios países para asegurar las divisas necesarias con las que subvencionar la importación de trigo, medicamentos, leche en polvo y combustible.

La clase media libanesa va camino de desaparecer. “El 10% de la población adulta acumula el 55% de los ingresos nacionales, algo que sitúa Líbano entre los países con mayor desigualdad económica en el mundo”, escribe en un reciente informe la economista libanesa Lydia Assouad.

 

El otro extremo

En el extremo opuesto, la clase más adinerada intenta poner a salvo sus fortunas antes de que se haga efectiva una devaluación y pierdan un tercio de sus depósitos bancarios. Lo hace gastando tanto como puede y la banca les permite. La sucursal de Rolex en Beirut hace su agosto. “El reloj más barato cuesta 6.000 dólares y algunos de colección superan los 20.000”, cuenta una empleada. Coches, oro y diamantes son otros productos de lujo en los que invierten, así como en el sector inmobiliario, cuyas ventas se han disparado. La especulación financiera favorece al que tiene dólares en efectivo. De ahí que las pistas de esquí y las discotecas VIP del país estén a rebosar.

Además, “la relación entre banqueros y políticos es incestuosa”, resume Pierre Issa, director de la ONG Arcenciel, durante una conferencia en Beirut. En el primer mes de protestas, en octubre pasado, los bancos cerraron al público durante tres semanas y un puñado de accionistas transfirieron 2.300 millones de dólares a Suiza para escapar al corralito. No pocos de ellos son los mismos que se sientan en el Parlamento. El director del Banco Central, Riad Salame, es el nombre y rostro más criticado por los manifestantes. Como muchos líderes políticos que le cortejan, lleva apoltronado en su cargo cerca de tres décadas.

Al igual que los bancos, los políticos han dilapidado el remanente de confianza ciudadana que les quedaba. “Viven en la inopia y no son conscientes de la gravedad de la situación en que se encuentra el país”, afirma en Beirut un diplomático europeo.

“No habrá más ayudas hasta que no propongan un plan económico real y viable”, repiten como un mantra desde hace dos años unos hastiados donantes internacionales sobre los 11.000 millones de dólares (10.137 millones de euros) prometidos en la conferencia de Cedres en París, organizada en abril de 2018. Expertos internacionales consultados por este diario coinciden en que hoy es una cantidad insuficiente para un país que necesitaría una inyección de entre 28.000 y 41.000 millones de euros para mantenerse a flote.

No es de extrañar tampoco que los bancos y cajeros se hayan convertido en diana privilegiada de las pedradas de los manifestantes, menos numerosos a medida que pasa el tiempo, que intentan asaltar el Parlamento fortificado en el centro económico de Beirut. A las protestas se suman desesperanzados jóvenes suníes llegados del norte, de la empobrecida Trípoli, o del sur, de los suburbios marginales chiíes de Dahie. Enfrentados por la religión, comparten hoy cebollas entre irrespirables nubes de gases lacrimógenos, unidos por ese sentimiento que comparten los que no pueden emigrar, los que ya no tienen nada que perder.

La rabia colectiva contenida estalló en todo su apogeo el segundo fin de semana de enero, con 575 heridos como el peor balance hasta la fecha de unas refriegas en las que Human Rights Watch denunció el “uso excesivo de la fuerza por parte de la policía antidisturbios”. Un millar de manifestantes han sido arrestados, decenas torturados, sostiene la ONG. Entre la lluvia de piedras corretean niños y niñas que venden botellas de agua o mendigan divertidos entre el inusual gentío.

“No tengo dinero para pagar. ¡Bajadme de la ambulancia!”, grita en un ataque de llanto una niña a los incansables voluntarios de la Defensa Civil. Dumoo —que en árabe significa lágrimas— ignora su fecha de nacimiento. Calcula tener 12 años, “o por ahí”. Se trata de la única niña herida en los primeros cuatro meses de protestas, dicen los paramédicos. Tiene la frente abierta y a las tres de la madrugada es atendida en un hospital de Beirut. Está de suerte: el Ministerio de Salud cubrirá los gastos de los siete puntos de sutura, así como el de toda persona herida en las protestas.

 

Entre la pobreza y la miseria

Ya en casa, su madre, Suad, una ciudadana siria de 33 años, refunfuña hastiada, no solo por la herida: “Los 11 miembros de la familia dependemos de ella tanto para el alquiler como para la comida”, afirma cuando oye que Dumoo necesita al menos dos días de reposo. La pequeña se encoge de hombros y su padre, pescador palestino nacido en Líbano, esquiva la mirada.

En la seguridad que le da su barrio, Ouzai, en los arrabales del sur de Beirut, Dumoo vuelve a ser esa mocosa desafiante que ha pateado mucha calle. Desde los seis años trabaja 10 horas diarias vendiendo botellas de agua para traer entre 30.000 y 50.000 libras a casa (entre 18 y 30 euros). Hoy gana lo suficiente para mantener a sus ocho hermanos, de entre 2 y 17 años, y a sus padres. Ninguno de ellos sabe leer ni escribir.

La calle en la que vive la familia está en una zona mayoritariamente chií y las fachadas están empapeladas con pósteres en honor a los mártires de la milicia-partido Hezbolá. Aquí, las asociaciones caritativas también han reducido drásticamente las ayudas para medicamentos, hospitales y escuelas. La electricidad se limita a 15 horas diarias en el piso de alquiler de tres habitaciones que ocupan. En todo el país, las cajas de la solidaridad sectaria han quedado vacías.

Líbano alberga a 400.000 refugiados palestinos y 1,5 millones de sirios, lo que equivale a un tercio de la población libanesa. Con el país vecino a punto de entrar en el décimo año de guerra, el 75% de los refugiados sirios en Líbano vive bajo el umbral de la pobreza y la crisis amenaza con hundirles aún más. Las ayudas de la ONU para sirios y palestinos también han sufrido severos recortes.

En la familia de Dumoo, esta niña supone el débil hilo de los ingresos para subsistir que de romperse arrojaría a 10 personas a la pobreza absoluta. La crisis de los bancos no les afecta porque guardan sus pocos ahorros en una bolsa de plástico en algún lugar seguro de la casa. Sus hermanos adolescentes no tienen trabajo y se quedan en casa porque temen convertirse en víctimas del enfado de una población libanesa que les acusa de “robarles el trabajo”.

Es la una de la tarde. Han pasado 24 horas desde que fue herida. Dumoo se despereza y con los hilos azules de los puntos de sutura y la sangre reseca pegada al flequillo sale con el estómago vacío a trabajar. Abandona este masificado barrio a bordo de una furgoneta que cubre los cuatro kilómetros que separan Ouzai del corazón económico de Beirut. Un trayecto que sirve de línea divisoria entre una periferia pobre y un corazón rico cada día más pequeño. En el centro, muros revestidos de mármol conducen a escaparates de Louis Vuitton o Hermes, y ferraris aparcados junto a la acera.

“En las revoluciones del resto de países de la región tuvieron que derrocar a un Ben Alí (Túnez), a un Mubarak (Egipto) o a un Gadafi (Libia)”, dice el joven Abdalá Jarah. “Aquí tenemos que derrocar a seis: uno por cada confesión en el poder”, zanja.

Fuente: El País