Preocupación en el Gobierno por los alimentos: descartan restringir las compras por el coronavirus y apuntan a controlar los abusos

José Ignacio de Mendiguren, ex ministro de la Producción durante la presidencia de Eduardo Duhalde, suele repetir una "anécdota" para ejemplificar la virtud que tuvo el país en recuperarse relativamente rápido después de la crisis del 2001. Cuenta que cuando vinieron los funcionarios del FMI para monitorear el escenario argentino -tierra arrasada de verdad-, él desplegó una serie de cuadros que mostraban la capacidad ociosa de la industria local. Y cierra la historia con que eso resultó clave en el resurgimiento posterior. Casi 20 años después, esa foto de fábricas ralentizadas es lo que estaría permitiendo ahora -y tranquilizaría al menos para el corto plazo- garantizar que no habrá desabastecimiento en un insumo esencial: los alimentos. Esto, entre otras cosas, llevó al presidente Alberto Fernández a descartar una medida antipática y extrema que proponían algunos funcionarios: racionar las ventas de los supermercados para evitar el desabastecimiento durante la pandemia del coronavirus.

"Se analizó y se descartó. Al final, podés terminando generando lo contrario. Al principio la demanda explotó, pero ahora los datos que nos acercan desde los supermercado es que se ordenó. Se vacían algunas góndolas, pero después se llenan. Puede haber tensión en una localidad o un comercio, pero viene bien", explicó una alta fuente de Casa Rosada a Clarín.

Según los datos que maneja el Gobierno, en base al Indec, en enero la industria de los alimentos trabajó al 58% de su capacidad. Es decir, le queda un 42% para aumentar su producción. Tampoco habría problemas con otra rama nacional que corre en paralelo, como plásticos o cartones para los envases.

Este domingo a la mañana, en cambio, sonó un alerta sindical: en Neuquén, en la puerta de un comercio grande, una protesta proponía directamente cerrar el negocio. Finalmente se acordó sumar medidas de higiene y seguridad para los empleados. Un caso similar, en menor escala, al que le plantearon los gremialistas del Transporte -básicamente los Camioneros- al ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Cómo proteger que sus afiliados no se terminen contagiando. Será una tensión permanente.

También en el Gobierno hay preocupación por otro tema central con los alimentos: los precios. Como adelantó este diario, es una de las dos variables que se monitorean para ver cómo evoluciona la "situación social". Lo explicó a Clarín el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo: de ese número y de los ingresos que puedan mantener los sectores más vulnerables -básicamente lo que se conoce como "changas"- dependerá cuánto podría aumentar la pobreza en los próximos meses. Un caldo que si se calienta demasiado alerta sobre posibles desbordes en el Conurbano bonaerense y otros bolsones marginados del interior.

Como con la salud y la expansión del contagio, con la economía trabajan con un par de escenarios, más optimistas o más pesimistas. En Gobierno describen la situación como "crítica, inesperada" y de final aún "incierto". Un síntoma: la caída de las expectativas que refleja la mayoría de las encuestadoras. 

En ese contexto, una de las medidas que anunciaron los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, fue la fijación de precios máximos para una serie de artículos, tomando como referencia el 6 de marzo. Se habían detectado abusos importante. ¿El ejemplo preferido? "Encontramos que vendían potes de alcohol en gel a 1.200 pesos. Estamos usando las herramientas que tenemos, bases de datos, inspectores de AFIP. Hasta ahora, más que en supermercados, notamos abusos en farmacias y droguerías", amplió una fuente oficial.

Respecto a la evolución de los precios de los alimentos, después del pico de enero (4,7%, por el fin de la exención del IVA), se registró un descenso en febrero (2,7%) y hay dudas con marzo. "En el arranque del mes habían subido los productos frescos, pero con este escenario disruptivo hoy no sabemos exactamente cómo terminará. La percepción es que los grandes formadores de precios están acompañando", sintetizaron en la Rosada.

En este sentido, si en algún momento hubo diferencias sobre eventuales medidas para evitar el desabastecimiento, ahora un sector del Gabinete reclama más dureza para sancionar a los comercios que no cumplan con las norma; alinearse con el discurso que baja Alberto Fernández. Apuntan básicamente a la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. Le piden señales ejemplificadoras. Clausuras.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Eduardo Paladini