El plan de Alberto Fernández para lograr que la oposición y Donald Trump apoyen su acuerdo con los fondos

Alberto Fernández diseñó un plan secreto para lograr que la Casa Blanca, el Fondo Monetario Internacional y Cambiemos respalde su eventual acuerdo con los fondos de Wall Street que invirtieron 66.000 millones de dólares en títulos soberanos.

El Presidente compartió este plan con Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, y a continuación se desplegó una acción política y diplomática que unió Olivos con New York, Washington y Londres.

Si ese plan estratégico ejecuta su objetivo institucional, hacia fines de junio habría acuerdo histórico con los bonistas apoyado por Donald Trump y la oposición que en términos de realpolitik lidera Horacio Rodríguez Larreta.

 

Una diagonal con los bonistas

Martín Guzmán monopolizaba las negociaciones con los acreedores privados, mientras que Alberto Fernández escuchaba sus argumentos técnicos y académicos y aguardaba un resultado satisfactorio medido en niveles de adhesión de los fondos al canje de bonos propuestos por la Argentina.

El Presidente escondió su enojo cuando su ministro de Economía revelo que ese canje había sido famélico. En el Palacio de Hacienda aseguran que no llegó al 17% de los tenedores de bonos que aún están sentados en la mesa de negociación. “Fue un fracaso”, se sinceró un miembro del Gabinete.

Alberto Fernández se reunió a solas con Guzmán y le ordenó que mejorara la oferta oficial. “Enmendarla”, si se repite el verbo que usa el ministro para describir la necesidad política de ajustar la propuesta a los deseos y pretensiones de los acreedores privados. Guzmán cumplió la instrucción presidencial, pero antes mantuvo dos largas charlas con sus mentores académicos: Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, y Jeffrey Sachs, reconocido profesor en la Universidad de Columbia (New York).

El titular del Palacio de Hacienda, Stiglitz y Sachs asumen que encabezan una cruzada ética destinada a cambiar la matriz capitalista del sistema financiero global. Y Guzmán preguntó a sus mentores si las nuevas órdenes presidenciales cuadraban con su presunta misión en el siglo XXI.

Desde Nueva York la respuesta fue afirmativa, y el ministro de Economía puso en juego toda su sapiencia técnica para ajustar la oferta enmendada que presentaría a los bonistas. Los acreedores privados rechazaron la propuesta mejorada de Guzmán, y en ese tramo de la negociación se congeló la relación profesional del ministro con los representantes de BlackRock, el fondo de inversión más poderoso de Wall Street.

Alberto Fernández pensó que los bonistas cuestionaban los métodos de Guzmán para “bajarle el precio” y ganar terreno en la mesa de negociación. El Presidente asumió que era un cliché de los acreedores privados en medio de una pulseada por 66.000 millones de dólares. Allí acuñó una frase que aún resuena en Olivos: “Martín soy yo”, decía el jefe de Estado cuando cuestionaban la actuación del ministro y le pedían que se abriera un backchannel con los principales bonistas.

El Presidente empezó a revisar su posición original después de conversar con Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y David Martínez, titular del fondo Fintech. Alberto Fernández respeta las opiniones de sus socios políticos y la perspectiva profesional de Martínez, a quien conoce desde los tiempos de Néstor Kirchner en Balcarce 50.

Con esa información privilegiada, el jefe de Estado autorizó que se iniciaran conversaciones en paralelo a la negociación formal que protagonizaba Guzmán en Economía. Cristina Fernández y Massa se sumaron el juego, y Alberto Fernández movía las piezas del tablero desde su despacho en Olivos.

La Vicepresidente aportó a Miguel Galuccio, ex CEO de YPF, que tiene una excelente relación personal con Guzmán y con Larry Fink, el líder del fondo BlackRock. Galuccio mantuvo una larga conversación con Fink y le explicó la estrategia de Alberto Fernández respecto a la reestructuración de la deuda externa. El ex CEO de YPF aseguró ante las dudas de Fink que no había intenciones de caer en default y valorizó la ética personal del ministro de Economía.

Galuccio cumplió con creces su gestión con Fink. Y lentamente la relación con Guzmán empezó a encarrilarse.

Massa tiene relación con los fondos de inversión desde su rol como jefe de Gabinete. Respeta la congruencia académica de Guzmán, pero no comparte su método de negociación. Fue el primero que alertó a Alberto Fernández sobre los pobres resultados que habría en la etapa inicial de las conversaciones -acertó en el número exiguo del canje- y se puso a disposición del Presidente.

Cuando Alberto Fernández habilitó la diagonal Galuccio, también permitió que Massa se involucrara en la negociación. Y desde ese momento, en Olivos se pudo cotejar la mirada de Guzmán con la data que aportaba Massa por sus contactos en Wall Street y Londres.

Massa piensa igual que el Presidente: “Esta vez que los fondos ganen menos”, opina cuando le preguntan sobre la viabilidad de la oferta diseñada por Guzmán. Y remata: “Nosotros no vamos a hacer nada que signifique más hambre y ajuste”.

Tras sus conversaciones con CFK, Massa y Martínez (Fintech), Alberto Fernández ejecutó una decisión clave: la reestructuración de la deuda externa pasaba del manejo absoluto del Ministerio de Economía al control estratégico de los socios principales del gobierno peronista.

Guzmán seguía al frente de las video conferencia y la modelización de las propuestas, pero el Presidente, Cristina y Massa se hacían cargo de la toma de decisiones para evitar un default y una nueva crisis económica.

 

Contacto opositor

El cambio estructural en las negociaciones abrió un capítulo político inédito que tuvo efectos inmediatos en la Argentina. Los bonistas no sólo lograron acceder a Olivos -por medio de Cristina y Massa-, sino que además iniciaron una ronda de consultas con importantes referentes de la oposición partidaria.

Ocurrió en las últimas horas, fue habilitado por Olivos, y tuvo un fuerte valor institucional: los acreedores privados comprobaron que Juntos por el Cambio avala la estrategia de reestructuración del oficialismo.

“Yo estoy empujando. Porque un default sería un desastre para el futuro de la Argentina”, reconoció un referente de Cambiemos que es consultado por Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Alfredo Cornejo.

Las conversaciones de los bonistas de Wall Street con ex funcionarios del gobierno de Macri tienen una simple razón pragmática, vinculada a la oferta mejorada que presentará Guzmán en los próximos días. El artículo 65 de la ley de Administración Financiera (LAF) establece que los canjes de bonos para reestructurar deben cumplir ciertas condiciones para tener vigencia normativa. Y si esas variables no se ejecutan, la reestructuración de la deuda es ilegal y sujeta a demanda en los tribunales de Comodoro Py.

“El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública (...) en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”, sostiene el artículo 65 de la ley de Administración Financiera.

Es decir: la propuesta de Guzmán tiene que cumplir con dos de las siguientes tres condiciones: 1) extender los plazos de pago, 2) reducir los intereses del cupón o 3) hacer una quita en el capital. La oferta inicial del ministro cumplía con las variables de reducción de los intereses y la quita de capital, pero ahora se están modelizando otras iniciativas que no encuadrarían en las condiciones previstas en el artículo 65 de la ley de Administración Financiera.

En este sentido, Guzmán propuso a Alberto Fernández dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) suspendiendo o derogando el artículo 65. El presidente no descartó la idea, pero los fondos y la oposición consideran que un DNU otorgaría poca seguridad jurídica a la reestructuración de la deuda por 66.000 millones de dólares.

Con esta información, surgida de los contactos de los bonistas con ciertos referentes de Cambiemos, Alberto Fernández ahora evalúa remitir al Congreso un proyecto de ley con idéntico sentido jurídico: dar estabilidad legal al canje y también un fuerte respaldo político a una decisión financiera que afectará la economía en los próximos 30 años.

 

Exclusivo: la nueva oferta en marcha

Guzmán y su equipo trabajaron ayer en la enmienda de la oferta que presentarán en los próximos días a los acreedores privados. Esa propuesta, acorde al borrador que leyó Infobae, propone lo siguiente:

1. Reducir la quita de capital

2. Aumentar los intereses anuales

3. Pagar los intereses devengados del capital durante el período de quita, pero sin que ello implique un nuevo título soberano

4. Un “incentivo” atado al eventual rebote de la economía

5. El Valor Presente Neto (VPN) de los bonos llegaría así a 50 dólares por cada lámina de cien dólares. Los fondos están pidiendo de 51 a 53 dólares de VPN. La distancia se acortó.

Si este borrador de trabajo se convierte en la oferta oficial remozada, Alberto Fernández no tendrá otra alternativa que enviar al Parlamento un proyecto modificando el artículo 65 de la ley de Administración Financiera. Por la naturaleza jurídica de ciertos títulos a cambiar, sólo se cumpliría una variable -reducción de los intereses- de las tres que fija la ley de Administración Financiera.

El cambio de marcha ejecutado por Alberto Fernández permite contabilizar las conversaciones extraoficiales con los bonistas y la oposición, y la nueva propuesta oficial que llegará a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en los próximos días.

Guzmán primero extenderá los plazos de negociación -vencen el 2 de junio a las 18.00-, y luego remitiría a la SEC una oferta enmendada que debería ser la pieza clave del deal entre los fondos y la quinta de Olivos. Si no hay nuevos altercados o trabas burocráticas, Alberto Fernández anunciaría el acuerdo antes que concluya junio.

Es lo que se aguarda en Estados Unidos. El embajador argentino Jorge Arguello, y el representante en el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, recorren los principales despachos de Washington asegurando que no hay intenciones de caer en default, que la oposición apoya la estrategia presidencial y que las negociaciones -con altibajos- continúan su marcha forzada.

La Casa Blanca y el FMI apuestan a un acuerdo entre los fondos y la administración peronista. Donald Trump no quiere una crisis económica en la región y considera que Alberto Fernández puede coronar una negociación exitosa. Las posiciones entre ambas partes se acercaron, aunque todavía se discute dólar por dólar.

En ese mundo distópico, nadie regala nada.

Fuente: Infobae