Duterte firma una ley antiterrorista que pone en riesgo la libertad de expresión en Filipinas

No es el primer ataque a los pilares de la democracia más antigua del sureste asiático. Desde que llegó al poder en 2016, el Gobierno del presidente filipino, Rodrigo Duterte, ha perseguido y encarcelado a opositores y periodistas, especialmente si se mostraban críticos con su guerra antidrogas, que ha dejado miles de muertos en los pasados cuatro años. Aunque la lista de agresiones al pluralismo es larga, muchos temen que el último golpe sea el letal: una controvertida y vaga ley antiterrorista que podría permitir a las autoridades acusar de terrorismo a detractores del dirigente sin supervisión judicial.

El texto recibió el apoyo mayoritario del Parlamento a comienzos de junio, tras haber sido respaldado previamente por el Senado —con ambas Cámaras dominadas por aliados de Duterte—, y este viernes fue firmado por el mandatario. La ley amplía los delitos imputables como terrorismo, entre ellos los intentos de dañar una propiedad gubernamental; poseer o transportar armas; o cualquier acto que ponga en riesgo la seguridad pública, provisión que, según los opositores de la ley, está pensada para silenciar a la disidencia.

Además, la ley extiende el periodo que un sospechoso de terrorismo puede permanecer detenido, sin orden de arresto, de los 3 días actuales a 14, con una posible extensión de otros diez. La normativa, que en principio reemplazará a la Ley de Seguridad Humana de 2007, delega en un Consejo Antiterrorista elegido por Duterte y predominantemente formado por generales jubilados el poder de detener a los sospechosos y de emitir las órdenes de detención, y no en los tribunales, en contra de los dictados constitucionales.

“Es obvio que la ley no está pensada para ir contra terroristas reales”, ha denunciado la senadora Leila de Lima, en la cárcel desde hace tres años por aceptar sobornos de narcotraficantes, cargo que niega y considera una excusa para detenerla por sus críticas hacia la guerra contra los narcóticos.

Aunque hay células yihadistas afines al Estado Islámico que operan en Filipinas, además de la guerrilla comunista Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), considerada también un grupo terrorista, políticos como De Lima consideran que la nueva ley no se centrará únicamente en perseguir a miembros de estos grupos. “Cualquier protesta individual, como podría ser criticar no haber recibido ayuda en medio de la pandemia, puede ser considerada incitación al terrorismo”, ha advertido la senadora.

Un tipo de críticas que prolifera actualmente en Filipinas, donde se estima que millones de familias han pasado hambre en uno de los cierres más estrictos y largos del planeta por la pandemia de coronavirus. La capital, Manila, comenzó la apertura el 1 de junio, tras 78 días de estricta cuarentena y pese a que los contagios —que superan los 30.000 en todo el país, cerca del 65% en dicha metrópolis—, no parecen aún controlados. Duterte ha sido cuestionado por minimizar primero el impacto del virus y no atender a los más necesitados después, uno de los motivos por los que algunos analistas creen que se habría apresurado también en sacar adelante la ley antiterrorista.

“Esta ley antiterrorista debe añadirse a la larga lista de normativas que pueden ser utilizadas para legitimar los ataques a la disidencia, como las leyes de delitos cibernéticos o de sedición, empleadas durante el confinamiento para arrestar a numerosos internautas”, denuncia Julius Trajano, analista político filipino asentado en Singapur. La ley de delitos cibernéticos también ha sido empleada contra María Ressa, fundadora del medio independiente Rappler y una de las periodistas más prominentes de Filipinas. Muy crítica con la campaña contra las drogas de Duterte, la reportera podría enfrentarse a una pena máxima de 6 años de cárcel tras haber sido considerada culpable. No es el único medio atacado: la licencia de ABS-CBN, el mayor grupo mediático del país, expiró el pasado mayo, después de numerosos retrasos en el Congreso para renovarla que la cadena considera intencionados. Duterte la acusó de publicar “noticias injustas”.

Desde que ganó las elecciones hace cuatro años, el mandatario se ha hecho prácticamente con la totalidad del control de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de Filipinas, convirtiéndose en el presidente más poderoso desde el dictador Ferdinand Marcos, que aplicó la ley marcial durante ocho de sus más de veinte años de mandato (1965-1986). Una medida que es anatema en Filipinas desde la caída de Marcos, pero que tanto Duterte como otros miembros de su administración contemplaron reinstaurar, medio en serio medio en broma, para controlar el confinamiento, criticado por la ONU como “altamente militarizado”.

El organismo internacional ha elevado últimamente los reproches contra el Gobierno filipino. Apenas un día después de que el Parlamento aprobara la ley antiterrorista el 3 de junio, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicó un informe en el que se refiere a los “asesinatos extrajudiciales” de al menos 8.633 personas —27.000 según Amnistía Internacional— en el marco de la campaña antidrogas. El documento también resalta la “demonización de la disidencia”, citando la muerte de al menos 248 activistas, periodistas, abogados y miembros de sindicatos desde 2016.

Unas acusaciones que Duterte, que sacó a su país de la Corte Penal Internacional de La Haya en 2019, tildó de “refrito de quejas” mientras se apresuraba a renovar sus soflamas contra los narcotraficantes tras requisarse un alijo con cerca de 800 kilogramos de metanfetaminas. “Si destrozas mi país distribuyendo droga… Te mataré”, amenazó, un día después de que se publicara el informe de la ONU.

Lejos de amedrentarse ante las críticas, el mandatario parece dispuesto a redoblar su apuesta para aplacarlas. “Duterte ha mostrado un absoluto desprecio por los ideales democráticos desde antes de convertirse en presidente”, afirma Shamini Darshni Kaliemuthu, director del grupo de defensa de derechos humanos Forum-Asia. “Sus tendencias autocráticas —añade— han creado una cultura donde las violaciones de derechos humanos ocurren sin que nadie responda por ellas”.

Fuente: El País