Reforma tributaria: más presión en Ganancias (de empresas) y riqueza

Al mismo tiempo que define junto a los ministros las prioridades presupuestarias de cada área del Gobierno, el Ministerio de Economía comenzó a pulir los detalles de la reforma tributaria que incluirá en el proyecto de ley que enviará al Congreso a mediados de septiembre. Según pudo saber Ámbito de fuentes oficiales, la intención de la administración nacional es darle más peso en la recaudación total a los impuestos que gravan la riqueza y las ganancias de las grandes empresas.

El hermetismo sobre los detalles del proyecto es total. Desde el Gobierno aseguran que se sigue trabajando y que el detalle estará cuando se redacte la versión final del Presupuesto 2021. Lo que sí confirman es que, para hacer más “progresivo” el sistema tributario, es necesario que las empresas, y particularmente las grandes compañías, “paguen más”. Eso se lograría no solo a través de la modificación de las alícuotas sino también de expansión de la base imponible y la cantidad de contribuyentes. Con el impuesto a la riqueza hacen una distinción: una cosa es lo que impulsa el bloque oficialista en Diputados y que tiene el aval del presidente Alberto Fernández, y otra diferente es lo que trabajan para incluir en el Presupuesto, aunque mantienen el reserva el contenido de esa modificación. En ambos casos, el objetivo es que los impuestos que gravan los ingresos y a la riqueza aumenten su peso relativo en relación al PBI, que es la unidad de medida que utiliza el Ministerio de Economía.

La lectura en el Palacio de Hacienda es que la actual estructura tributaria es regresiva y que esto se profundizó luego de la reforma impulsada durante la gestión de Mauricio Macri en 2017. Entre otras modificaciones, en ese momento se definió un esquema de baja escalonada de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias (que pasaban de 35% a 25% en 2020) a la vez que subía el mínimo no imponible. La misma lógica se aplicó con el impuesto a bienes personales y a las exportaciones. Esto, según la visión del Gobierno, no logró el objetivo de bajar la presión tributaria para aumentar las inversiones. Por el contrario, la economía encadenó dos años de contracción. La recaudación siguió el mismo sendero que la actividad, que determinó la imposición de un duro ajuste fiscal y un mayor endeudamiento de la administración de Cambiemos.

“No estamos de acuerdo. Queremos revertir eso”, aseguran funcionarios nacionales, que insisten en que lo que impulsarán no es una “reforma” sino una“armonización” tributaria. “El actual sistema es muy complejo. Tiene una superposición de impuestos de distintos niveles de Gobierno. Por eso buscamos una simplificación. Los pilares son: volverlo más simple, progresivo, que apunte a la sostenibilidad fiscal y a alinear los incentivos adecuadamente”, enumeran. “¿Qué significa “alinear los incentivos?”, preguntó Ámbito. “Que no se castigue a las exportaciones, la producción ni la generación de empleo”, respondieron.

Según datos de la Subsecretaría de Ingresos Públicos -a cargo de Claudia Balestrini- la presión tributaria de los impuestos nacionales y provinciales pasó del 31,5% del PBI en 2015 (el pico máximo desde 2010) al 28,4% en 2019. El año pasado, de los 5 billones de pesos recaudados a través de impuestos nacionales, la mayor porción gravó bienes y servicios (un 42% del total), seguido de los aportes y contribuciones de la seguridad social (24%); el aporte del 22% de los ingresos, utilidades y ganancias de capital; el 11% provino de comercio y transacciones internacionales y el 1% restante vino de rentas a la propiedad.

Dado el nivel de incertidumbre generado por la crisis del covid-19, las modificaciones están pensadas en el corto plazo. Los cambios más de largo plazo que considera el Ejecutivo dependerán de la situación que atraviese la economía pospandemia.

Con información de www.ambito.com sobre una nota de Estefanía Pozzo