Cara y ceca del DNU sobre las tarifas de internet, cable y teléfonos

ECONOMÍA Por Gustavo LÓPEZ
El acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones es un derecho humano básico, reconocido en pactos y tratados internacionales
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En la época en que nos toca vivir, el acceso a la educación, al conocimiento, a la cultura, a la información y al mundo del trabajo y la producción está íntimamente ligado al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hoy son derechos humanos básicos, reconocidos en los Pactos y Tratados internacionales. Por ello, para garantizar su ejercicio, el Estado tiene que tener una actitud positiva, proactiva, en favor de facilitar el acceso a toda la población; de lo contrario, millones de compatriotas quedarían privados de toda posibilidad de progreso futuro.

 

Por ese motivo, el presidente Alberto Fernández estableció, a través del DNU 690, que los servicios de internet, cable y telefonía son servicios públicos esenciales y estratégicos, prolongando además el congelamiento de precios producto de la pandemia hasta el 31 de diciembre de este año.

Resulta lógico que, como consecuencia de la pandemia, que además provocó una crisis económica planetaria, se suspendan los aumentos de servicios que son esenciales para el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Más de doce millones de compatriotas están hoy subsidiados por el Estado (IFE, ATP, etc) para llegar a fin de mes. Claramente no podían soportar sobre sus espaldas un nuevo aumento de precios, un tarifazo, que los dejara fuera de la conectividad o sin comer. Alberto Fernández optó por mantener a los ciudadanos conectados, congelando los precios en la emergencia.

Pero el Presidente avanzó más allá en la idea de inclusión. Estableció que los precios de estos servicios esenciales serán regulados por el Estado. ¿Qué significa esto? Que son servicios públicos en competencia. Las empresas no podrán, a partir de ahora, aumentar estos servicios esenciales sin autorización del Enacom. El Decreto establece que el precio debe ser justo, razonable, equilibrado. Por lo tanto, los futuros aumentos se deberán justificar a partir de los costos, las inversiones y, por supuesto, las ganancias correspondientes. Las empresas seguirán compitiendo entre ellas, alentaremos las inversiones y cuidaremos los derechos del usuario.


Por primera vez en estos servicios se tiene en cuenta al sujeto, al que lo recibe y lo paga, al ciudadano en tanto usuario y consumidor como establece nuestra Constitución. Hasta el momento, la suba de precios era unilateral, ahora debe autorizar el Estado, quien va a velar también por los ciudadanos.

Por último, este decreto establece una tarifa social para aquellas personas de menores recursos. Este servicio será obligatorio y permitirá que, por un precio menor, todos puedan acceder por lo menos a un servicio esencial.

Me pregunto: ¿quién puede oponerse a estas medidas? Congelar precios en medio de la crisis más grande en un siglo, regular precios para un servicio esencial y que puedan acceder todos y todas. Sin embargo, algunos sectores de la oposición salieron a criticar con argumentos falaces, sin mencionar en ningún momento a las personas de carne y hueso que deben pagar por los servicios.

Los argumentos falaces y groseramente erróneos intentan sostener que con estas medidas peligra la inversión. La inversión sólo peligra cuando se aplican políticas que hambrean al pueblo y por lo tanto éste carece de recursos como ocurrió durante el gobierno anterior. A las pruebas me remito.

Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, sólo la inversión pública a través de ARSAT fue de U$S 3.137, 2 millones a un promedio de más de 1000 millones de dólares por período de gobierno. En cambio, durante los 4 años de Macri la inversión total fue de U$S 264, 7 es decir, sólo una cuarta parte por período de gobierno.

Para el año 2015, la red de fibra óptica comenzada en 2012 llegaba a 31600 km, en sólo en 4 años. En los siguientes años de Macri se agregaron 2800 km a lo existente, menos de la décima parte.

En cuanto a telefonía móvil, en el año 2014 se licitó el espectro para dar lugar al 4G. Se duplicó la cantidad de MHz, pasando de 206 a 434, permitiendo mayor despliegue para las empresas, que tenían la obligación de llegar a todas las localidades de su zona de hasta 500 habitantes. Sin embargo, un decreto de Macri de 2016 retrasó el despliegue y muchas localidades no tienen conectividad móvil.

Por último, debido al endeudamiento externo y la pérdida del poder adquisitivo del salario, las empresas privadas redujeron a la mitad las inversiones prometidas ya que sólo de planes de telefonía móvil se perdió el 22% de los clientes, que por no poder pagar pasaron a las tarjetas de prepago.

Por otra parte, se retomó la inversión pública. Con un Estado presente, en el último mes desde Enacom transferimos $3.000 millones a Arsat para actualizaciones tecnológicas que permitan multiplicar la capacidad de transporte y se sancionaron programas por $ 3.800 millones para conectividad de barrios populares, escuelas, hospitales y zonas de difícil acceso

Podría abundar en más ejemplos estadísticos, pero alcanza con unos pocos datos para desnudar la otra cara del decreto, para demostrar la falacia de las críticas de quienes no miran a la gente sino que le muestran la nuca.

El autor es Vicepresidente de Enacom

Fuente: Infobae

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