La vacilante historia de la Justicia de Santa Fe investigando a jefes de Policía

Los resultados dejan a la vista que la Justicia provincial siempre tuvo problemas para investigar a los máximos referentes de la fuerza policial. La mayoría de las causas que enfrentaron jefes de la policía prescribieron por el paso del tiempo. Aunque las sospechas por desmanejos y enriquecimiento ilícito subsistieron, la Justicia nunca pudo llegar a una conclusión. Y esto ocurrió en parte gracias a la Dirección de Asuntos Internos, que llamativamente abría investigaciones que quedaban durante años en cajones de escritorio. Cuando llegaban a la Justicia prescribían.

Del listado de 17 causas que se iniciaron entre 2008 y 2014, hay por lo menos 11 expedientes que estarían prescriptos o al borde de que se esfume la acción penal. Eso es lo que quieren ver ahora con mayor detenimiento en la Corte Suprema, porque podrían existir mecanismos para reactivar esas investigaciones en las que en muchos casos hay pericias contables.

El procurador de la Corte Suprema Jorge Barraguirre pidió en cuatro instrucciones que realizó entre 2013 y 2017, enviadas a los fiscales de Cámara, que las causas en las que están involucrados jefes policiales por supuesto enriquecimiento ilícito tengan “prioridad” por su “trascendencia social”.

 Pero sus instrucciones no surtieron efecto. Las causas prescriben. La particularidad, según fuentes judiciales, es que la mayoría correspondía al viejo sistema procesal penal. Las causas empezaban a ser investigadas por Asuntos Internos, o se simulaba la apertura de una pesquisa, y años después se ingresaba a un juzgado. En los expedientes se tomaba la fecha del inicio del sumario en Asuntos Internos para calcular la prescripción.

 El 7 de julio de 2017, Barraguirre le pidió en la instrucción particular N° 3 al fiscal de Cámaras de Rosario Guillermo Corbella que instruyera a los fiscales de estas causas en que mantengan “una actitud proactiva” para poder “avanzar hacia la sentencia en forma adecuada y en un plazo razonable, brindándole alta y permanente prioridad de atención”.

 En esa instrucción figuraban 17 expedientes que tenían como eje común a jefes policiales de la provincia acusados de enriquecimiento ilícito. Esas causas llegaron a los tribunales luego de que se iniciaran investigaciones en Asuntos Internos de la Policía, en su mayoría por denuncias anónimas.

 De ese listado de 17 causas que el fiscal de Cámaras de Rosario recibió para que tuvieran prioridad, por lo menos tres ya pasaron a otra vida judicial, como los expedientes Nº 40/14, que tenía imputado al exjefe de la Policía Osvaldo Toledo; Nº 134/12, cuyo protagonista era el exjefe de la Unidad Regional de Villa Constitución Rodolfo Romero y la causa Nº 935 que tenía como principal involucrado a otro comisario que fue titular de la Policía de Santa Fe Ricardo Daniel Cáceres.

A Toledo, quien fue jefe de la Policía durante dos años, desde diciembre de 2009 hasta 2011, cuando asumió el entonces gobernador Antonio Bonfatti y decidió reemplazarlo -con otro comisario que después también tuvo problemas en la Justicia, Hugo Tognoli-, le abrieron un sumario en Asuntos Internos por “crecimiento patrimonial” el 27 de noviembre de 2011, pero la denuncia fue radicada recién en los tribunales –en ese momento, con el viejo sistema procesal penal– en 2014, y la causa recayó en el juez de instrucción Juan Carlos Vienna, quien en ese momento estaba a cargo de la llamada causa de Los Monos.

 Luego, la defensa de Toledo, a cargo de Gustavo Feldman, pidió la prescripción de la causa, que avaló el fiscal Gonzalo Fernández Bussy, quien se encargó de gran parte de los expedientes provenientes del “viejo sistema”.

 Toledo nunca fue indagado por lo que la fecha que se toma para la prescripción es cuando cesó en sus funciones en 2011. Como la pena atribuible a ese delito es de seis años, lo que planteó la defensa fue que en diciembre de 2018 la causa había prescripto. Esto fue avalado por el juez Juan José Alarcón, quien también intervino en otro caso que tuvo el mismo desenlace, pero otro imputado, el exjefe de la Unidad Regional de Villa Constitución Rodolfo Romero.

 A diferencia de Toledo, este comisario sí fue indagado, pero cuando se presentó ante el magistrado, en setiembre de 2018, la defensa planteó que la causa ya había prescripto. La causa se había iniciado en 2012, tras una denuncia de Asuntos Internos, que había iniciado una investigación contra este policía por enriquecimiento ilícito en junio de 2007. El caso tardó cinco años en llegar a los tribunales, donde estuvo otros siete.

En las causas que se tramitaron en el nuevo sistema también surgieron complejidades para investigar a ex jefes policiales, como ocurrió con los casos de Rafael Grau y Omar Odriozola, acusados de ser los jefes de una asociación ilícita que defraudó al Estado. En julio pasado el juez Luis Octavio Silva dispuso el cese de prisión domiciliaria para Grau y ordenó su inmediata libertad. El magistrado rechazó el planteo de prisión preventiva solicitado contra Odriozola, que estaba en libertad.

 La medida no significa el sobreseimiento de ambos ex jefes policiales. Deberán ambos cumplir “medidas cautelares no privativas de la libertad” impuestas oportunamente. En su resolución el juez Silva rechazó la acusación por “invalidez formal”. Los fiscales de la causa habían pedido nueve años de prisión.

 A los dos ex jefes policiales, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez les atribuyeron a ambos la autoría del delito de asociación ilícita en carácter de jefes, en concurso real con la coautoría de defraudaciones en perjuicio de la administración pública.

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 La investigación contra el ex jefe de la Policía Víctor Sarnaglia, quien se presentó como testigo el viernes pasado, abre un nuevo capítulo. El comisario retirado niega haber tenido contacto con el empresario Leonardo Peiti, quien se presentó como arrepentido y fue clave con su declaración para la detención de los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal. En uno de los allanamientos contra Peiti se encontró dentro de un back up de uno de sus teléfonos una foto de un documento en el que figuraban los supuestos pagos que iba a hacer a distintos integrantes de la estructura policial. Allí aparecía el nombre “Sarna”. Ese documento se exhibió y lo describió el fiscal Matías Edery en la audiencia que se realizó el 11 de agosto, que terminó con la prisión preventiva de Serjal. Luego los fiscales lo convocaron como testigo.

Alejandro Torrisi, uno de los policías imputados en esta causa, quien fue exjefe de la Unidad Regional de Villa Constitución, detenido con $ 150.000 en su poder en la puerta de uno de los casinos de Peiti, solicitó el número de teléfono de Sarnaglia en varias oportunidades, según la investigación. El exjefe de la Policía dijo que nunca se contactó con Torrisi.

 Los fiscales aseguraron que la citación no fue "una operación política" contra Sarnaglia y explicaron que lo convocaron por imágenes encontradas sobre el sistema de coimas del juego clandestino y porque el jefe policial Alejandro Torrisi -imputado y detenido como miembro de la banda ligada a Los Monos- se comunicó con policías de Rosario para pedirles el teléfono del exjefe.

 "Él manifiesta que no tiene contactos con esta persona, que no conoce el tema del juego. A nosotros nos resta verificar si tuvo contacto con estos policías para poder definir su situación procesal en la causa", indicó el fiscal Schiappa Pietra.

Por Germán De Los Santos para Aire de Santa Fe