La CGT local confunde los límites de la legalidad

La CGT local emitió un duro comunicado luego de que la mayoría opositora votara en el Concejo Municipal en contra de la modificación de un artículo del Código Urbano que impide la instalación de una estación de servicio en la ciudad.

El resultado de la votación impide la creación de 20 nuevos puestos de trabajo y una inversión millonaria en la ciudad de Rafaela y limita la generación de nuevas actividades en algunos sectores de la ciudad
La CGT Rafaela,sostiene en el comunicado que “considerando la reciente decisión del Concejo Municipal de Rafaela, a partir de la cual, se trunca la posibilidad de concreción de un emprendimiento privado vinculado al rubro de “Estaciones de Servicios” que es de público conocimiento y ante las recientes declaraciones del Compañero Darío Taverna, Secretario General del sindicato que representa a los trabajadores del sector; esta CGT se ve en la necesidad de manifestar nuestro total respaldo a los términos vertidos por el citado dirigente”.

“Entendemos que el interés generado por la iniciativa, si bien hubiera tenido incidencia directa en la realidad del sindicato mencionado, su impacto trasciende hacia el interés general de toda la comunidad. Transitamos un momento de una muy complicada realidad laboral, que impone un fuerte ejercicio de interpretación de las oportunidades y de coherencia real, desprovista de los mezquinos intereses

políticos partidarios que lamentablemente parecen haberse instalado como ejercicio normal y habitual de la práctica política. Desde lo discursivo se reclaman inversiones y desde los hechos se conspira contra ello”, expresa el comunicado.

Subraya que “ante esta decisión, la ciudad queda excluida de acceder a una importante inversión, que hubiera generado 20 puestos de trabajo permanente, más los numerosos puestos de trabajos directos e indirectos, necesarios para el desarrollo de la obra civil. Para argumentar las decisiones que se opusieron a esta posibilidad, se ha mencionado como fundamentos esenciales, los problemas de seguridad vial que dicho emprendimiento hubiera generado y el apego a un código urbano que debe revisarse, según la opinión de la propia Comisión de Desarrollo Urbano, integrada por varios actores vinculados a la temática como, los Colegios Profesionales, la cámara inmobiliaria, la cámara de la construcción y los propios concejales”.

“Instamos a terminar con la naturalización de estas decisiones, que se toman de espalda a los intereses de la comunidad. Exhortamos a ejercer una escucha atenta, a las opiniones emitidas desde las diferentes comisiones que, con espíritu democrático y participativo, se constituyen para opinar y emitir recomendaciones sobre temáticas de interés comunitario. Algunos concejales, desarrollan su actividad, movidos por trascendidos, sin interpretar la responsabilidad de su función y sin advertir el impacto que el ejercicio de sus decisiones tiene sobre la comunidad. Para ello se nutren de argumentos irrisorios, que evidencian su desconexión con la realidad”, finaliza el documento emitido por la CGT local.