El Gobierno salió del default y ahora las empresas argentinas entrarán en otro

ECONOMÍA Por Martín KANENGUISER
Gerentes financieros, abogados y economistas advirtieron las consecuencias de esta ruptura en las reglas de juego, tanto para el sector privado como para el propio Estado
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A muy pocos días de haber salido del default del sector público, la medida adoptada anoche por el Banco Central provocará que varias empresas privadas argentinas vayan en el sentido opuesto.

El asesor financiero de una empresa afirmó que la medida es “muy grave” y perjudicará tanto al sector privado como a las empresas del sector público (firmas con participación estatal y sociedades anónimas). “La regla es binaria. O sea, si querés pagar no es que te dan el 40% por el tipo de cambio oficial; si querés el 40%, tenés que renegociar el resto”, advirtió.

En tanto, el abogado Hernán Camarero, experto en temas cambiarios y socio del estudio RCTZZ, dijo a Infobae que “la comunicación 7106 no nos sorprendió tanto en lo que respecta al dólar ahorro, que era algo que ya se venía comentando en el mercado”.

“Sin embargo, la disposición del Banco Central obligando al sector privado no financiero, a las entidades financieras, y a los emisores de títulos en el país pagaderos en moneda extranjera, a presentar un plan de refinanciación en base una serie de condiciones obligatorias sí causó sorpresa”, admitió.


Entre llamada y llamada de sus afligidos clientes, Camarero dijo que “dado que va a motivar en muchos casos el incumplimiento de los deudores locales respecto de deuda financiera con el exterior, no será una tarea sencilla para los deudores locales explicarles a sus acreedores que los vencimientos de capitales en el próximo semestre sólo podrán honrarse hasta un 40% y el resto a una vida promedio de dos años”.


Entre los economistas consultados por Infobae, la sensación de desconcierto era similar. Según explicó Ricardo Delgado de Analytica, “en lo que resta del año vencen cerca de USD 3.300 millones de deuda financiera de empresas, de los cuales USD 800 millones son obligaciones negociables que deberán ser restructuradas”; la mayor parte (en torno al 50%) está concentrada en pocas empresas.

La normativa, aclaró, “alcanza también los vencimientos entre el 31 de diciembre y el 31 de marzo del año que viene, período en el cual las amortizaciones ascienden a USD 100 milllones”. Cabe recordar que la disposición del Banco Central estableció que la autoridad monetaria sólo venderá divisas al sector privado para cancelar deuda por un 40% del vencimiento de amortizaciones, sin poner restricción al pago de intereses.

“La medida obliga, en la práctica, a que las empresas cancelen los vencimientos con divisas propias o a que restructuren el 60% de los vencimientos de capital entre septiembre y el 31 de marzo”, explicó Delgado.

De inmediato recordó que, desde junio de este año, por disposición del Banco Central (a través de la Comunicación A-7030), las empresas ya no podían acceder al mercado para cancelar deuda financiera entre compañías de forma anticipada.


“Esto complica no solo el pago de estas deudas, sino también la financiación de nuevos proyectos productivos, para la economía real. Esto mete un ruido muy grande e implica un nuevo salto para la percepción del riesgo argentino”, explicó.

En tanto, Federico Furiase, director del estudio EcoGo, dijo que “se abre un camino de incertidumbre y es una lástima porque, luego de la reestructuración soberana, las empresas podrían haber tenido financiamiento en el mercado internacional de capitales a tasas más atractivas”.

Sin embargo, esta decisión del Central obstruye ese financiamiento “por el efecto negativo en la hoja de balance y porque van a aumentar los spreads de los bonos corporativos. Muchos tratarán de reestructurar o reprogramar vencimientos”.

Así, se evapora uno de los pocos efectos positivos que podía tener el exitoso canje de la deuda: que el sector privado pudiera conseguir financiamiento a bajo costo, en un contexto de alta liquidez global, para invertir y contribuir para que la economía se recupere en 2021, pese a la incertidumbre en torno del tipo de cambio y el rumbo macroeconómico.

En cuanto a la posibilidad de que esas empresas caigan en default, Furiase dijo que “la situación se complica porque las obligas a usar su liquidez o a reestructurar y eso no es fácil en este contexto macro y en este escenario político”.


Por su parte, el economista de la Universidad de Tel Aviv Leonardo Leiderman dijo que “Hubo un logro con el tema de la deuda y se creó una gran ventana de oportunidad para tener un poco de tranquilidad para avanzar con otros temas; pero sin un plan mi gran temor es que este tipo de medidas pueden profundizar la recesión en la Argentina”.

“A lo mejor quien lanzó esta medida trató de calmar el sector financiero, pero esto se transmite a la economía real enseguida porque penaliza a las empresas que quieren pagar sus deudas. Hay menos fondos para los que quieran cumplir y esto hay que tenerlo muy en cuenta”, afirmó.

El riesgo más importante, advirtió, es que “se acelere la demanda de dólares y eso genere una corrida cambiaria. Puede pasar que individuos y empresas con dólares puedan querer retirarlos”.

“El cepo como una medida temporal hasta que terminas de elaborar un plan puede funcionar. Pero ese plan se ha ido demorando y entonces puede tener el efecto contrario. En vez de darle el tratamiento de raíz, estás de nuevo usando una aspirina que no va a ser efectiva para esta enfermedad”, aclaró.

Por su parte, el director del estudio Ferreres, Fausto Spotorno, dijo que con esta norma “se obliga al sector privado a que reestructure, defaultee o pierda fortunas, vendiendo en pesos con precios controlados y pagando deuda al dólar MEP, por encima de lo que ya perdió este año”.

“Además, le dan menos de 15 días a las empresas para presentarle un plan de refinanciación a las empresas, cuando el Gobierno demoró más de seis meses en presentarle una propuesta definitiva a sus propios acreedores externos”, se quejó Spotorno, reflejando el ánimo general de economistas, abogados, gerentes financieros e inversores nacionales.

Fuente: Infobae

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