La Justicia finalmente definirá hoy el conflicto de la familia Etchevehere

JUDICIALES Por Juan Cruz BUTVILOFSKY
La jueza del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, adelantó que hoy difundirá su decisión tras anunciar un cuarto intermedio esta tarde
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El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, a cargo de Carolina Castagno, dispuso un cuarto intermedio hasta hoy jueves a las 10 de la mañana en donde comunicará su decisión respecto al pedido de desalojo por parte de las acusaciones pública y privada. La magistrada puede resolver de tres maneras: disponer el desalojo de la estancia Casa Nueva, rechazar la apelación de pleno u ordenar al Juzgado de Garantías de La Paz que revise el rechazo a la cautelar.

La extensa audiencia, realizada en el salón del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) comenzó pasadas las 9.30 con una exposición del Ministerio Público Fiscal (MPF) a cargo de Oscar Sobko y Mónica Carmona, quienes en un tiempo aproximado de una hora argumentaron los motivos por los cuales solicitaron a Castagno que revoque el fallo de Flores y disponga el desalojo de los habitantes del campo Casa Nueva.

Para los fiscales, el magistrado “se extralimitó en sus funciones” y condicionó a la acusación pública a un archivo de causa sin que se pueda avanzar en la Investigación Penal Preparatoria y sin darle lugar a otra decisión más que sobreseer a los acusados sin que siquiera se haya tomado la declaración indagatoria.


“Por supuesto que no hay una certeza de que se haya llevado a cabo un hecho ilícito, no tenemos la certeza que nos da una sentencia, pero si entendemos que hay una alta probabilidad de que estos elementos nos den una verosimilitud de hecho y de derecho de que se ha perturbado la posesión que tenía la empresa Las Margaritas SA sobre la estancia Casa Nueva. Esto fue ratificado por testimoniales a los que se le aclaró que no podían mentir porque iban a ser castigados por la ley penal”, fustigó Sobko ante la titular del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.


Afirmaron que el acuerdo privado del 31 de agosto del 2018, a través del cual Dolores Etchevehere cedía la totalidad de sus acciones de la empresa familiar (un 12,5%) no se concretó, pero que eso no le otorga derecho a ocupar el campo sino que le impone obediencia a las decisiones adoptadas mediante “autorización del máximo órgano de gobierno de una sociedad anónima que es la asamblea de accionistas”.

Para los fiscales, Dolores Etchevehere actuó con dolo porque conocía que no tenía derechos sobre el campo que es propiedad de Las Margaritas SA.


“Si ella quiere ocupar alguna parte del campo, exclusivamente para ella, por ser accionista debe hacerlo por medio de la asamblea de la sociedad. Eso nunca lo obtuvo y sin embargo, son los medios de hecho que utilizó para ingresar al campo Casa Nueva”, expresaron los representantes del MPF.

La audiencia continuó con la estridente y -como es habitual- extensa argumentación del abogado de la firma de la familia Etchevehere, Rubén Pagliotto quien habló durante aproximadamente dos horas ante las partes. El abogado penalista de Paraná suele ser específico y a la vez exponer sus variados recursos del lenguaje a la hora de exponer sus alegatos en el ámbito del fuero local.

El letrado explicó que Dolores Etchevehere nunca le solicitó formalmente al directorio de la firma a que la autorice a realizar estas actividades en el campo porque se había desprendido de su parte con anterioridad, es decir “no tenía ningún derecho sobre la empresa”.


Pagliotto explicó que la acción de la denunciada se desarrolló en “clandestinidad” pero no por haberse realizado ocultamente sino que por haber “sorteado los mecanismos de decisión del directorio”. Además, aseguró que es “del sentido común y casi una verdad de Perogrullo, que desde el 2009 el dominio y las decisiones respectivas al campo Casa Nueva eran de Las Margaritas SA a través de su administrador Juan Diego Etchevehere”.

“El campo fue y es de Las Margaritas SA y no de Luis Félix Etchevehere -padre de la familia, fallecido en 2009 y cuya sucesión es el centro de la discusión entre sus hijos y viuda- y lo que estaba en su patrimonio y, en consecuencia, era parte de la herencia eran las acciones de la sociedad anónima de las cuales Dolores se escindió en persona y mediante acta notarial ante la presidenta de la misma, su madre Leonor Barbero Marcial”, describió.

El abogado de la familia también arremetió contra el juez Flores -que pidió la sanción de Pagliotto ante el Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER)- y criticó lo resuelto el pasado viernes cuando rechazó la cautelar que pedía el desalojo: “Es la primera vez en mi vida como abogado que veo que el juez va acompañando el desarrollo de un delito”.


En este punto se refirió a la intención de Flores de convocar a la Dirección de Catastro de Entre Ríos para determinar que parte le corresponde a cada bando, se dispongan ingresos distintos y convivan en el interior del predio: “Parece un consejo que suena a abuelo bueno y yo le respondí irónicamente que íbamos a ir a plantar tomates al fondo de su casa y que un agrimensor nos garantice la convivencia”.

“El juez se confundió, dijo que la verosimilitud del derecho pasa por demostrar el tipo penal. La verosimilitud del derecho tiene que ver con el derecho de demostrar con cierta aproximación, que es razonable entender que durante muchísimos años y más allá de las cuestiones documentales, era de público y notorio conocimiento que quienes detentaron tenencia y posesión ininterrumpida y pacíficamente fue siempre Las Margaritas SA, no Luis Félix Etchevehere, no Leonor Barbero Marcial ni Dolores Etchevehere antes de ceder sus acciones de la empresa”, aseveró.

El abogado hizo una fuerte defensa de la propiedad privada y reclamó que la Justicia garantice la paz social criticando el actuar de Flores: “Los jueces tienen la sagrada misión de tres cosas: de hacer respetar la Constitución Nacional, de consolidar la vigencia normativa y fundamentalmente garantizar la paz social. El derecho de propiedad es una de las condiciones capitales de la sociedad humana”.


En último orden, fue el turno de los abogados defensores de Dolores Etchevehere a quienes consideraron una “víctima de sus hermanos en un contexto de violencia de género”.

Criticó que el abogado querellante se haya expresado respecto de cuestiones que -según los defensores- deben resolverse en el juicio sucesorio que está en el Juzgado Civil N°7 de Paraná, a cargo de Martín Furman y que aún no está resuelto.

Respecto de la cuestión que convocó a la audiencia, el pedido de desalojo rechazado por Flores y apelado por la parte acusadora, Mobilia exprespo: “Entendemos que no está dada la verosimiltud que prevé el artículo 75 del Código Procesal Penal de Entre Ríos (CPPER) para adoptar una medida excepcional de este tipo”.

Mobilia también criticó al MPF y aseguró que “entró a discutir la cuestión de fondo por fuera de sus competencias”. “Desde un primer momento, la fiscalía desconoció prueba documental aportada por esta parte. Ellos citan el acuerdo de 2018, pero desconocen el marco de una denuncia penal por presunta extorsión y un acta notarial, firmada un mes antes del acuerdo citado, que da cuenta de esto”.

“No es materia de esta audiencia pero debo responder respecto al juicio sucesorio. No quedan dudas que Dolores Etchevehere está en una propiedad del acervo hereditario de su padre. No tenemos dudas de que hubo la correspondiente declaratoria de herederos, pero sí tenemos dudas respecto a cuantos y cuales son los bienes, cuánto valen, quienes lo administran, quienes lo poseen y quienes tienen la tenencia”, explicó.

Los abogados defensores aseguraron que “no hubo delito” y que Dolores Etchevehere “no engañó a nadie y tiene derecho a la sucesión como sus hermanos”. “Por derecho le corresponde y las dudas que haya se deberán discutir en sede Civil, porque la calidad de heredera de Dolores ya no está discutida”.

Respaldó el accionar de Flores y señaló que “acá lo que hay es una disconformidad de una de las partes, pero no he visto ningún agravio que sostenga con pruebas el fallo del juzgado de Garantías de La Paz”. Negó que haya mediado la violencia en el ingreso a Casa Nueva por parte de los que actualmente están en el interior del predio y negó que la presencia de 40 personas per se implique un hecho intimidatorio.

“Flores resolvió sobre el desalojo con los elementos que tenía en ese momento” y defendió que haya convocado a una audiencia de conciliación: “Nosotros, teniendo un fallo favorable no sólo nos presentamos sino que hicimos una propuesta porque Dolores nunca negó los derechos de sus hermanos”. En esa línea, solicitó que no se haga lugar a la medida cautelar presentada por la acusación.

Fuente: Infobae

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