Jubilaciones: para los especialistas, la nueva fórmula de movilidad puede impulsar otra ronda de juicios contra el Estado

ECONOMÍA Por Ximena Casas*
Advirtieron que el nuevo método de ajuste para haberes propuesto por el Gobierno no contempla una compensación por las pérdidas que sufrieron los beneficiarios en los últimos años
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El Gobierno y los legisladores oficialistas presentaron esta semana la nueva fórmula de movilidad para las jubilaciones, basada un 50% en la evolución de los salarios y un 50% en la recaudación, similar a la que estuvo vigente hasta 2017. Sin embargo, los abogados previsionalistas advierten que el cambio —que debe ser aprobado por el Congreso— podría abrir la puerta a nuevos reclamos judiciales por parte de los jubilados.

Por un lado, porque no se compensa a los jubilados por las pérdidas en sus haberes frente a la inflación de los últimos años y, además, si el próximo año los aumentos otorgados quedan por debajo de los aumentos promedio que reciben los trabajadores activos, por el impacto del tope que pone la recaudación.

“La movilidad de los jubilados va a representar no solo la capacidad recaudatoria del Estado, sino su voluntad política. Va a haber un conflicto de políticas sociales, porque para mejorar el empleo y la producción podrán tomarse medidas que signifiquen un sacrificio recaudatorio, y entonces el sacrificio será de los jubilados. Los jubilados terminarán pagando el costo de la totalidad de las medidas sociales. Es absurdo”, advirtió la abogada Elsa Rodríguez Romero, especialista en Seguridad Social.

Según la abogada, la movilidad de los jubilados tiene que seguir a los salarios, pero la fórmula solo la contempla en un 50%. “Le van a dar a los jubilados la mitad de algo que el año que viene va a aumentar poco, como los salarios y la otra mitad de algo que va aumentar menos todavía. Los jubilados van a tener menos aumento que los trabajadores activos. ¿Quién controla el esfuerzo que debe hacer el Estado para aumentar la recaudación? Si al cabo de un tiempo, la movilidad da menos que el índice salarial, en una magnitud determinada, va a haber juicios”, estimó Rodríguez Romero.

Por su parte, el abogado previsionalista Adrián Tróccoli destacó que el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que mide la evolución de los salarios, puede verse afectado en los próximos meses porque muchos convenios colectivos se firmaron con aumentos no remunerativos, que luego no son reflejados.

Pero para Tróccoli es clave que el proyecto no haya contemplado las pérdidas pasadas. “El haber máximo de las jubilaciones en los últimos tres años perdió un 30% frente a la inflación. Fueron los más perjudicados. El Gobierno dice que la ley mira para el futuro. Al no devolverles ese 30%, tienen derecho a reclamar —dijo el abogado—. Esto no es solo una cuestión de movilidad. La fórmula es mirar una foto y no la película”.

La nueva fórmula, según detallaron desde la Anses, contempla un 50% de la variación semestral del valor del Ripte y un 50% de la recaudación tributaria. En el primer ajuste (en marzo de 2021) se toma en cuenta la variación interanual del semestre. Y luego la recaudación total, es decir, la variación interanual de la recaudación acumulada de los últimos 12 meses. Los períodos tienen un rezago de tres meses respecto a la movilidad aplicada.

Ambos abogados coincidieron en que, además, no se tomó en cuenta el debate de varios meses que se llevó adelante en la Comisión Mixta de Movilidad Previsional, donde participaron decenas de especialistas y que se formó para analizar el tema y hacer una propuesta, y que la decisión final fue del ministerio de Economía.

“Esta nueva fórmula no digo que sea buena o mala. Pero mantendría el nivel actual. Y el nivel actual ya está en el subsuelo. No va a recomponer el daño de los últimos tres o cuatro años. En 2016, con una fórmula similar, los jubilados perdieron un 5% contra la inflación, porque se disparó. Con una inflación alta, la fórmula no funciona y eso no se puede ignorar″, aseguró Tróccoli.

Para Rodríguez Romero, entre 2009 y 2017, cuando la fórmula de movilidad que se aplicó fue similar, no se generaron reclamos judiciales porque en esos años la recaudación coincidía con el índice salarial.

En tanto, el Gobierno defendió la fórmula propuesta: en un documento difundido este martes, destacaron que tiene “sustentabilidad jurídica” al recuperar la esencia de la fórmula de 2008 que no tuvo litigios y es “jurídicamente robusta”.

Además, señalaron que la nueva fórmula cuenta con sustentabilidad, ya que considera la evolución de los salarios, los recursos de la Anses (tributarios y totales) y la evolución de los beneficios del organismo. Y también con suficiencia, ya que garantiza que en momentos de crecimiento, los beneficiarios se vean favorecidos ante el aumento de los salarios y la recaudación por sobre la inflación.

 

 

* Para www.infobae.com

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