La UE examinará uno a uno a los países por su respeto al Estado de derecho

La defensa del Estado derecho y de libertades y valores fundamentales se ha convertido en la nueva frontera de la integración europea. La Unión Europea iniciará este martes la primera revisión, país por país, sobre la calidad democrática, la pluralidad política, la independencia judicial, el respeto a las minorías y la libertad de prensa. Se trata de un ejercicio de fiscalización sin precedentes en la historia de la Unión. Y Bruselas quiere convertirlo en un marco de vigilancia similar al llamado semestre europeo, que obliga a los Estados a rendir cuentas cada año sobre sus planes presupuestarios y permite a la Unión prevenir o castigar los derrapes contables que pongan en peligro la estabilidad financiera del club. El nuevo semestre intentará evitar la deriva iliberal o la regresión de ciertas libertades, unas tendencias ya presentes en países como Hungría o Polonia que pueden poner en peligro la supervivencia de la propia UE.

El escrutinio arrancará este martes con cinco países (Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca y Estonia) en la primera diana. Se llevará a cabo a puerta cerrada en el consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE, donde suelen sentarse los titulares de Exteriores o de Asuntos Europeos de cada uno de los 27 socios comunitarios. En los próximos meses se irá revisando al resto de socios, normalmente, por orden alfabético.
“La supervisión de unos a otros va a tener un carácter preventivo y va a permitir a la Comisión reaccionar de manera mucho más inmediata”, pronostica una fuente diplomática. Y esa fuente apunta el reciente precedente de la reforma del Consejo General del Poder Judicial que llevó a una crítica fulminante del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, lo que contribuyó a que el Gobierno de Pedro Sánchez aparcase temporalmente el proyecto.

La revisión que se inicia ahora parte del reciente informe elaborado por la Comisión Europea sobre la situación del Estado de derecho en cada país, un documento redactado con mucha cautela por tratarse de la primera vez que Bruselas evalúa asuntos tan internos y sensibles como, según detalla el informe, “el sistema judicial, el marco de lucha contra la corrupción, el pluralismo de los medios de comunicación y otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios”.

A pesar de su cuidada asepsia, el documento aporta munición suficiente para que la sesión de escrutinio se convierta en un fuego cruzado que resalte las lagunas que, según la Comisión, presenta la calidad del Estado de derecho en todos los socios comunitarios. El escrutinio de cada país se prolongará durante media hora. La sesión permitirá al ministro de turno aportar sus argumentos y después tendrá que responder a los dardos lanzados por sus colegas de otros países.

La Comisión está convencida de que la repetición periódica de esta fiscalización, unida al nuevo instrumento que a partir de 2021 permitirá suspender los fondos estructurales cuando se detecte en un país un riesgo de deriva antidemocrática que ponga en peligro los intereses financieros de la Unión, supondrá un antes y un después en la defensa del Estado de derecho. “En dos o tres años estaremos en una situación completamente distinta”, pronosticaba el pasado viernes Renate Nikolay, jefa de gabinete de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, durante una conferencia organizada por el European Movement International.

La vigilancia reforzada responde también a motivos económicos. Bruselas teme que la falta de seguridad jurídica en algunos países o los ataques a la independencia judicial en otros pongan en peligro la integridad del mercado interior. “Las empresas empiezan a operar con inquietud en algunos mercados porque no tienen garantías de un trato equitativo y justo”, apunta una fuente comunitaria.

La decisión de Bruselas de elevar el listón en las exigencias de respeto al Estado de derecho ha puesto en pie de guerra a Hungría y Polonia, que acusan a la Comisión de extralimitarse en sus competencias y de invadir la soberanía nacional. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el polaco, Mateusz Morawiecki, han amenazado con bloquear los presupuestos de la UE para 2021-2027, lo que frenaría no solo los fondos de cohesión sino también el recién creado fondo de recuperación frente a la pandemia.

Bruselas no parece haberse dado por aludida con el órdago de Budapest y Varsovia. La semana pasada la Comisión elevó otra muesca el listón con la aprobación, por primera vez, de una Estrategia europea para garantizar la libertad, igualdad y seguridad de las personas de la comunidad LGTBIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, no binarias, intersexuales y queer). Y en los próximos meses, el organismo presidido por Ursula von der Leyen tiene previsto presentar iniciativas para prevenir y combatir la violencia de género; para proteger los derechos de la infancia; para garantizar la igualdad de trato con independencia del género, religión, discapacidad, edad u orientación sexual de cada persona; para mejorar la transparencia en la financiación de los partidos políticos; o para impedir los litigios abusivos contra periodistas o activistas en la defensa de derechos humanos.

 

Compromiso con el Tratado de la UE

“No estamos invadiendo las competencias de ningún país”, defiende Nikolay. “Solo queremos garantizar que cumplen con lo que se han comprometido al firmar el Tratado de la Unión Europea”, añade la alta funcionaria.

Eulalia Rubio, investigadora senior del Instituto Delors en París, cree que “el respeto al Estado de derecho va a ser el asunto principal de la UE porque es el problema más grave que tenemos”. Rubio considera que el diálogo que se inicia esta semana con relación a los informes de la Comisión “es importante para cambiar la narrativa y demostrar a la opinión pública de países como Hungría o Polonia que no hay ninguna discriminación y que se vigila a todos los socios”.

Rubio advierte, sin embargo, de que el proceso de escrutinio por sí solo no basta. “Es clave también el nuevo mecanismo que permite suspender los fondos”. La investigadora cree que la combinación de ambos instrumentos no será la solución definitiva.“Pero al menos permitirá que la UE deje de financiar un régimen como el de Orban”.

Fuentes diplomáticas apuntan que “el nuevo semestre europeo del Estado de derecho marcará un punto de inflexión en la vigilancia sobre el cumplimiento de unos valores fundamentales que hasta ahora se daban por supuestos entre los socios comunitarios, pero que han sido puestos en duda por la deriva iliberal en varios países”. Esas fuentes pronostican que la creciente exigencia afectará también al proceso de ampliación de la UE y “va a llevar a un examen más duro de los países de los Balcanes que aspiran al ingreso”.

Fuente: El País