Memoria y balance de "notables": sin ampliar Corte, procurador con límite y el "4x4" para Magistratura

El Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público -tal su nombre formal- tendrá hoy la última reunión para alistar el informe que planea elevar mañana al Poder Ejecutivo. En máximo hermetismo, el documento de alrededor de 500 carillas compilará las discusiones de los últimos 90 días de trabajo e intercambios, aunque no contendrá definiciones taxativas en los asuntos más candentes, especialmente sobre los que no ha habido consenso. Uno de ellos es que no habrá propuesta de ampliación de la Corte Suprema, pero sí habrá consejeros que dejen asentada su posición favorable a incorporar más miembros al máximo tribunal. En cambio, habría una mayoría ajustada en pos de sugerir un límite al mandato del procurador general (en 5 años de duración), algo que también quedaría atado a una flexibilización en las condiciones de designación (mayoría absoluta), pero que conservará dos tercios imprescindibles para su remoción.

Las propuestas no son vinculantes. Y más allá de la formalidad de su entrega, los ojos están puestos en cuáles podrían ser las que el presidente Alberto Fernández transforme en iniciativas concretas con resoluciones, decretos o proyectos de ley. Eso es lo relevante.

Para la Corte se propondría un tribunal intermedio –una suerte de tribunal de sentencias arbitrarias- para “filtrar” volumen de casos que escalan finalmente a la Corte, y evitar que se “distraiga” con permanentes revisiones de todo lo que tramitaron en instancias inferiores. Sin embargo, en la práctica habrá que ver cómo se podría implementar porque los casos más resonantes en términos cuantitativos provienen del ámbito de la seguridad social (jubilaciones) o por pago irregular de porcentajes salariales (fuerzas de seguridad), donde el Estado es el principal apelante en la cuestión federal. El análisis técnico del problema podría no condecirse con la composición estadística de casos que forman el “cuello de botella” que se genera a más alta escala. Sin hablar de casos elevados en temas sobre los que la Corte ya falló. Aproximadamente la mitad de las 29 mil causas tramitadas.

La denominada “plancha del 280” que considera el atajo para la inadmisibilidad de casos quedaría tal cual pero con mejoras sugeridas para el recurso extraordinario, varias de ellas ya trazadas. Lo más relevante del consenso interno es que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad sería el indicado para revisar –como cualquier corte provincial- lo que se eleve de las Cámaras de Apelaciones de la Justicia Nacional (comercial, civil, laboral), algo que pone los pelos de punta a los magistrados “ordinarios” que hace poco generaron un conato de rebeldía cuando el TSJ se quiso involucrar en el destino de una apelación de la Cámara Civil. La ventaja a esta visión pro transferencia de la justicia nacional a la órbita porteña cuenta con el guiño de la propia Corte.

Pinceladas respecto a la modernización del servicio de justicia y a la relevancia de la digitalización de los expedientes pueden ser de las reformas propuestas con mayor anclaje en los desafíos pos pandemia. Su relevancia es inversamente proporcional al interés público que genera pero puede ser determinante su implementación para mejorar dinámicas de trabajo.

En cuanto a la Procuración General, y la Defensoría General -los Ministerios Públicos- habría hasta hoy una ajustada mayoría de 6 miembros a favor de limitar el mandato del jefe de los fiscales en 5 años (también se especulaba con 7 pero se redujo) y con ello moderar requisitos para la designación, algo que esperan en el Senado para ver qué hacen con su reforma legislativa y el pliego de Daniel Rafecas. Obviamente, para dar algún tipo de certeza a quien ocupe el cargo, se mantendrá restrictivo el proceso de remoción. Podría haber sugerencias para cambios en el régimen disciplinario de los fiscales.

Para el Consejo de la Magistratura se concluirá en su ampliación. Prosperaría una fórmula que es posible denominarla “4x4”: 16 miembros en total, cuatro en representación del Congreso, cuatro jueces, cuatro abogados y cuatro académicos. Se diluiría el peso de la política partidaria en el Consejo -reduciendo al representante del Ejecutivo- y fortaleciendo a los académicos, abogados y jueces, en ese orden por la incorporación de sillas. Si además ganaran la administración central de los fondos del Poder Judicial -también incluyendo los de la Corte como adelantó Ámbito- sería una pelea de distinto orden. Concursos y sanciones para jueces tendrían un apartado.

En lo relativo al Consejo parece unánime el cuestionamiento al formato y a su funcionamiento. La actual conformación de 13 miembros y su distribución fue tachada de inconstitucional ya en 2015 con un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa Federal que se mantuvo en vilo durante el macrismo (por expreso pedido del Gobierno entonces) y sigue bajo estudio de la Corte, sin una definición. Ese proyecto había sido impulsado por Cristina de Kirchner como senadora y se transformó en una ley. Paradójicamente, el Consejo de juristas también -con este diseño- estará cuestionando el equilibrio de fuerzas. Habrá que ver si prospera. Han fracasado otros diseños aunque el diagnóstico sobre el mal funcionamiento parece ser compartido.

Apoyo a la implementación del sistema acusatorio, al juicio por jurados también para causas por delitos federales y sustento a la transferencia gradual de justicia “ordinaria” no penal forman parte de los tópicos, que verán la luz mañana.

* Para www.ambito.com