La comisión de juristas de Alberto Fernández recomendó cambiar la Oficina Anticorrupción y la forma de elegir Procurador

El presidente Alberto Fernández recibirá hoy el documento en donde el grupo de once juristas que él eligió en julio pasado le recomiendan cómo debe reestructurar la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal. Por ahora, no habrá actos ni recibimientos a los especialistas que, ad honorem, trabajaron durante 90 días en este proyecto. Es que el jefe de Estado está aislado por haber sido contacto estrecho de un funcionario con COVID-19 positivo.

En medio del debate por el impuesto a riqueza y el anuncio del Presidente para enviar el proyecto del aborto al Congreso, los juristas que eligió Alberto Fernández terminaron su informe final: allí sugieren una serie de reformas concretas para la Corte Suprema, con la creación de un tribunal previo a la máxima instancia del Poder Judicial; para el Consejo de la Magistratura, con un cambio en su estructura en donde haya 16 miembros sin tanta presencia política; y para el Ministerio Público, en donde por una mínima diferencia -que revela Infobae- se promoverá elegir al Procurador por la mitad más uno de los senadores.

Pero entre esas sugerencia también plantean que quede eliminada la Oficina Anticorrupción, al menos tal como hoy se la conoce, según pudo saber Infobae. Es que Alberto Fernández les había pedido a los miembros del consejo asesor, entre otras cuestiones, que respondieran sobre la conveniencia de incorporar a la OA a la estructura del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo a las fuentes consultadas, los expertos decidieron avalar esa propuesta. Entendieron que la función de la OA podía ser integrada a la labor de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA). Una suerte de volver a las fuentes. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas existía desde antes de que se creara la OA -bajo la órbita del Ejecutivo- en los últimos tiempos del gobierno de Carlos Menem.

Según resaltaron las fuentes, no se trata de que se integre al Ministerio Público pero sí que se dedique a temas administrativos dentro del Estado y que el trabajo para aspectos penales queda en manos de la PIA. Además, se regule la designación y remoción de su titular, como el caso del titular del Banco Central, en donde participen instancias de la sociedad civil.

Uno de los motores de esa idea del cambio de rol -que ya la pone en práctica- es el propio titular de la OA actual, Félix Crous. Crous fue uno de los expositores convocados por la comisión en las primeras semanas de trabajo y les dijo que como la OA se creó por decreto podía disolverse de la misma manera. También dijo que la estructura actual podía pasar a cumplir funciones dentro del Ministerio Publico.

No es un tema menor teniendo en cuenta la preponderancia que cobró ese organismo durante el gobierno de Mauricio Macri, con Laura Alonso a la cabeza, promoviendo querellas. Muchas de esas causas apuntaron contra la ex presidenta Cristina Kirchner. La OA actual, en tanto, decidió retirarse de su rol de querellante de las causas contra la vicepresidenta, como lo hizo con los casos Los Sauces y Hotesur.

En cambio, los juristas convocados por Alberto Fernández entendieron que la Unidad de Información Financiera (UIF) debía mantenerse con autonomía para funcionar. La UIF de los años de Macri también llevó adelante varias de las denuncias contra la gestión k. Sin embargo, son roles y jerarquías distintas los que tiene la OA.

Más allá de estas sugerencias, cuando se analicen las propuestas sobre el Ministerio Publico, todas las miradas estarán concentradas en lo que el consejo diga sobre el nombramiento del Procurador General. Un tema sensible para el Gobierno y la oposición, porque cada uno vive su propia interna con la postulación de Daniel Rafecas, el juez elegido por el presidente para ser jefe de los fiscales.

Alberto Fernández nominó a Rafecas en marzo pasado y, pandemia mediante, el pliego sigue sin ser analizado por el Senado que, no obstante, decidió ponerse a analizar en la comisión de Justicia, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, los proyectos para recortar el mandato de la Procurador y cambiar la manera de su elección.

Hoy, se necesitan dos tercios de los votos del Senado para ungir a alguien como jefe de los fiscales. En el Senado se propuso cambiar ese número a una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los senadores. Serían 37 votos afirmativos de los 72 senadores que ocupan la Cámara Alta, distintos a los 48 que implican los dos tercios.

Precisamente, la decisión sobre cómo votar al procurador fue uno de los aspectos más ríspidos que tuvo el consejo en materia de definiciones. En las últimas horas ganó “por un pelito” la idea de la mayoría absoluta.

Infobae pudo saber cómo estuvo “la grieta” dentro del consejo consultivo sobre ese punto: de un lado quedaron las juezas Hilda Kogan (Buenos Aires), Inés Weinberg de Roca (CABA), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) junto al abogado Andrés Gil Domínguez y el ex juez de España Enrique Bacigalupo (admirado por Alberto Fernández, según la presentación que él mismo hizo en la Casa Rosada). Los cinco promovían mantener el criterio de los dos tercios de los votos en el Senado.

Del otro lado, se agruparon los abogados Carlos Alberto Beraldi, León Arslanian, Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera, junto a la jueza de la Corte tucumana Claudia Sbdar, que se inclinaron por la mayoría absoluta. Los detalles de sus argumentos se conocerán una vez que se haga público el trabajo del comité asesor.

En materia de duración, la decisión de poner límite al plazo de Procuración ganó 10 contra uno. Cada uno, no obstante, explicó si recomendaba un período establecido o lo dejaba a criterio del presidente.

Sobre la Corte Suprema, Alberto Fernández recibirá un informe sin recomendaciones para ampliar del número de miembros. Era uno de los temores que más se agitó cuando la comisión fue presentada en público. Los expertos decidieron que no debían pronunciarse expresamente sobre el tema porque no estaba dentro de los tópicos pedidos por el Ejecutivo. Sin embargo, habrá algunos de los integrantes que harán alguna alusión a la ampliación del máximo tribunal. Uno de ellos es Bacigalupo, por ejemplo, que sugiere la idea de copiar el modelo europeo, con tribunales más amplios. Sin embargo, sí se recomienda la creación de un tribunal intermedio que absorba la cantidad de causas que recibe el máximo tribunal.

El informe de los expertos plantea además cambiar la estructura actual del Consejo de la Magistratura con otra lógica distinta de poder: con 16 miembros repartidos en partes iguales entre políticos, académicos, jueces y abogados, como lo anticipó este medio el último domingo.

Con el trabajo cumplido, Alberto Fernández quedará en condiciones de evaluar qué hace con las recomendaciones que plasmó esta comisión de asesores que presentó en público en la Casa Rosada el mismo día que presentó su proyecto de reforma judicial. Aquella iniciativa fue aprobada en el Senado con numerosos cambios. Ahora espera suerte en la Cámara Baja.

* Para www.infobae.com