Victorias y derrotas de un impuesto

OPINIÓN Por Joaquín Morales Solá
¿Qué habrán pensado los delegados del Fondo Monetario cuando vieron a la militancia oficialista celebrar un "impuesto a los ricos"? ¿En qué país habrán imaginado estar cuando descubrieron que es un impuesto confiscatorio e inconstitucional?
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El nombre del impuesto ("aporte solidario y extraordinario") ni siquiera respeta el significado exacto de las palabras. Aporte solidario significa que es voluntario, no obligatorio. Es el viejo método del kirchnerismo: palabras bellas para anunciar decisiones desastrosas. Ese aporte solidario enfrentó como nunca antes a todo el arco empresario con el gobierno de Alberto Fernández. Miserables, les diría el Presidente, como ya se lo dijo. El campo y la industria criticaron duramente esa creación de Máximo Kirchner y Carlos Heller. Extraño en un país que no vivió ninguna revolución y que necesita desesperadamente de la inversión para salir de la parálisis que lo aqueja desde hace casi una década. ¿Consecuencia de las fricciones internas de la coalición gobernante, que no está de acuerdo en casi nada? Puede ser, a pesar del esfuerzo retórico del Presidente para hacer equilibrios entre los sucesivos abismos que se abren a sus pies. 

El impuesto es confiscatorio porque grava los activos de las empresas, sean estas grandes, medianas o pequeñas. Muchas de ellas deberán vender maquinarias o tierras para poder pagar el nuevo gravamen. También es confiscatorio para las personas o las empresas que tienen dólares en el exterior y que, vale la pena repetirlo, ya pagaron un impuesto extraordinario cuando blanquearon sus tenencias y pagan ahora sobre las ganancias. Las tasas de interés en el exterior están en un rango de entre menos 1 por ciento y menos 0 por ciento. Para pagar el 2,5 por ciento al que obliga este impuesto deberán disponer de parte de su capital, no de sus ganancias. "La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino", dice la Constitución en su artículo 17. Este impuesto será judicializado rápidamente y la palabra final la tendrá la Corte Suprema de Justicia, que es la instancia última para resolver si los actos de los otros poderes del Estado son constitucionales o inconstitucionales.         

El proyecto de Máximo Kirchner y Heller se conoció en el amanecer de la pandemia. El Presidente trató entonces de matizar el conflicto, como trata siempre, con una frase que empequeñecía la gravedad de la iniciativa: "Afectará solo a 10.000 contribuyentes", aseguró. Nadie sabe exactamente cuántos serán los contribuyentes afectados, pero no importa su número, sino la justicia o la injusticia de la decisión. ¿Acaso estaría bien si el Estado le aplicara a un solo argentino un castigo inconstitucional? ¿Dónde abandonaron los dirigentes peronistas una noción, aunque fuera remota, del Estado de Derecho? Luego, el Gobierno enfrió la cuestión, preocupado, dicen funcionarios oficiales, por las consecuencias que podría tener en la inversión. Resucitó con la velocidad y la sorpresa de un relámpago cuando la administración giró hacia un ajuste de las cuentas fiscales. El ajuste tiene nombre y apellido: los bolsillos de los jubilados y la clase media, que deberá pagar mucho más por los servicios públicos. Esa decisión no se modifica. Conmueve verlo a Leopoldo Moreau justificar el ajuste a los jubilados de Alberto Fernández después de que casi golpeó a Emilio Monzó por un ajuste mucho menos dañino durante el gobierno de Mauricio Macri.

Sea como sea, lo cierto es que decidieron aplicarle un "impuesto a los ricos" en el mismo momento en que el Gobierno endureció su política fiscal. Resulta, sin embargo, que los que tienen recursos son los únicos que pueden sacar a la Argentina de la debacle en la que está. "Los empresarios tenemos un derecho que usted nunca nos podrá sacar: decidir si invertimos o no", le dijo en su momento un importante empresario a Cristina Kirchner cuando esta era presidenta. Ella le devolvió una mirada de furia, pero no dijo nada. Ella también es empresaria, al fin y al cabo.

Las manifestaciones de hoy forman parte de la liturgia peronista. Celebraron el llamado impuesto a la riqueza, pero ninguna pancarta se refirió al ajuste. ¿Y los abuelos, tan mentados por el peronismo cuando no estaba en el gobierno? ¿Y las desmesuradas ganancias de las empresas de servicios públicos que el peronismo denunció cuando no decidía? La meneada militancia tiene derecho a expresarse, como se expresan habitualmente los sectores sociales no oficialistas. Debería ser, eso sí, menos agresiva en sus gestos públicos si quiere ayudar a su presidente a recuperar la simpatía de franjas sociales independientes. La hipocresía es lo único que no tiene justificación. ¿Qué hacían los Moyano en ese acto contra los ricos? ¿Cuánto deberían pagar ellos de impuesto a la riqueza si todas sus propiedades estuvieran perfectamente blanqueadas? El gremio de los camioneros fue, no obstante, el más provocador en la marcha de hoy.

Llama la atención también el apoyo a esa ley de parte de algunos dirigentes peronistas con fama de razonables, como es el caso del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. ¿Es por qué recibirá parte de lo que recaude esa ley en concepto de coparticipación? No. Ese impuesto no es coparticipable. ¿Y el país federal del que tanto habla el Presidente? Gran parte de los contribuyentes del impuesto a la riqueza serán productores agropecuarios, que están sobre todo en el interior del país. Desengáñense: solo el gobierno federal se quedará con más de 300.000 millones de pesos extraordinarios. En esa lista inexplicable debe incluirse a Roberto Lavagna, un hombre considerado moderado y sensato, explícitamente preocupado por la falta de inversión en el país. Nadie sabe qué hace el Gobierno para conseguir que no funcione aquí la ley de la gravedad. Schiaretti y Lavagna están donde nadie hubiera imaginado verlos.

El triunfo político de Máximo Kirchner, aunque sea una derrota nacional, es también el triunfo de su madre. Cristina Kirchner está ahora mucho más radicalizada que cuando era presidenta. ¿Resentimiento por lo que vivió durante los cuatro años en el desierto? ¿Estrategia para erigirse en una lideresa imprescindible de la izquierda argentina? Cualquier cosa es posible, salvo pasar inadvertida. En su nuevo estilo epistolar, los hizo firmar a los senadores de su partido una carta incendiaria al Fondo Monetario. La autora intelectual es ella. Importa poco quiénes la escribieron. A los senadores peronistas les niegan hasta el derecho a pensar por sí solos. Esa carta es arbitraria en la lectura de la historia. La Argentina de 2015 no era un paraíso en el que solo vivían argentinos felices hasta que llegó un gobierno no peronista que lo arruinó todo. No fue así: había muchas deudas en dólares y un déficit insoportable de las cuentas públicas. ¿Macri se equivocó cuando eligió recurrir al crédito internacional en lugar de aplicarles un severo ajuste a los gastos del Estado? Las decisiones históricas son discutibles, pero esos eran los únicos dos caminos que tenía el expresidente.

La carta de Cristina Kirchner es también rupturista con Alberto Fernández, que prefirió ponderar de esa epístola solo los párrafos que critican a Macri. No dijo nada, en cambio, sobre el duro mensaje cristinista al Fondo, lleno de órdenes, reproches y acusaciones. El Presidente y su ministro de Economía, Martín Guzmán, están haciendo lo posible para llegar cuanto antes a un acuerdo con el organismo internacional. Creen que así podrán bajar la insufrible brecha entre el dólar oficial y el paralelo. Tienen, al mismo tiempo, la esperanza de que ese eventual acuerdo podría espolear la inversión de empresarios nacionales y extranjeros. La principal socia política del Presidente eligió por sí sola otro camino, un camino de confrontación con el Fondo. Su hijo reflotó al mismo tiempo el proyecto de impuesto a la riqueza, que espantará a la inversión. Adiós a la inversión. A los Kirchner no les importan ni los proyectos ni la suerte del Presidente.

Por eso, la actitud de Cristina es desestabilizadora. No explícitamente del Gobierno, pero sí de los planes del Gobierno. Macri y la oposición no merecen ni su indiferencia. Alberto Fernández es una transición muchas veces ineficaz. No es una suposición; es lo que Cristina escribió. Solo queda ella, según ella.

Joaquín Morales Solá para La Nación 

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