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Duro comunicado de la Asociación Argentina de Fiscales por la situación de Santa Fe

El órgano nacional que nuclea a los fiscales lanzó duras críticas a los tres poderes del Estado santafesino

POLÍTICA 17/12/2020 Agencia de Noticias del Interior
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La política de Santa Fe vive días convulsionados. Sobre todo, a partir de que un exfiscal de Rosario -detenido por haber cobrado coimas del juego clandestino- develara el posible vínculo del senador provincial Armando Traferri con una organización generada para obtener financiamiento político del juego y del narcotráfico.
 
El exfiscal Gustavo Ponce Asahad realizó esta declaración que desató una serie de acontecimientos que tienen ahora como escenario al Senado. Tanto Gustavo Ponce Asahad como su exjefe, Patricio Serjal, permanecen en prisión en estos momentos.

 Frente a esta situación, el senador Traferri hizo su defensa: habló de una campaña organizada en su contra y responsabilizó al ministro de Seguridad, Marcelo Sain; a los dos fiscales que lo vienen investigando -Matías Edery y Luis Schiappa Pietra-; al jefe de los fiscales provinciales, Jorge Baclini; y a parte del periodismo.

 La respuesta institucional no se hizo espererar. Ahora, desde la Asociación Argentina de Fiscales aseguraron que esta causa “refleja la falta de garantías que tienen los fiscales cuando se enfrentan al poder político”.

 Mediante un duro comunicado, el órgano que nuclea a los fiscales a nivel nacional expresó duras críticas. Los reproches son hacia la Legislatura de Santa Fe por la diagramación del sistema legal. Y al Poder Judicial por una “intromisión indebida”.

 “La Asociación Argentina de Fiscales ve con preocupación la situación de gravedad institucional en que se encuentra el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe”, expresa el texto del documento y explica que “el sistema legal bajo el que se organiza el Ministerio Público de la Acusación, si bien constituyó un avance en la implementación de un sistema acusatorio adversarial en la región, desconoció el carácter constitucional de los integrantes del Ministerio Público de la República Argentina, a partir de la vigencia de la Constitución Nacional del año 1994”.

 Desde la asociación sostienen que el diseño y la realidad estructural del MPA de la provincia de Santa Fe “descuidó principios fundamentales, desde el carácter de Magistrados que tienen los fiscales dentro del Poder Judicial santafesino y el consiguiente respeto de la independencia y seguridad que necesariamente deben tener los fiscales”.

Según la AFF, “se ha delineado un sistema legal, (infraconstitucional) en el que prevalece el Poder Legislativo y subordina al MPA en los procesos de designación, régimen de sanciones y remoción de fiscales”. Además, asegura que “se carece de indemnidad de detención para los fiscales, y se advierte la inexistencia de una policía de investigación en función judicial adecuada y suficiente, lo que constituye un detrimento que dificulta cualquier investigación por corrupción en la que se vea involucrado un miembro de los otros poderes del Estado”.

Sesgado control interno
En cuanto a las críticas al Poder Legislativo de la provincia de Santa Fe, la asociación de fiscales expresó que “el Parlamento santafesino investiga a los fiscales, los sanciona, los remueve y decide qué recursos les brindan, ejerciendo de esa forma un sesgado control de gestión interno” y asegura que eso “influye en la elección de los estamentos superiores, y mientras dispone un plazo temporal al mandato de éstos –contradictoriamente- le concede inmunidad a la jerarquía superior del MPA y no a la totalidad de los fiscales”.

 “Alarma particularmente, que desde la corta vigencia del MPA, la legislatura santafesina haya modificado las leyes orgánicas que lo regulan, arrogándose para sí las funciones de investigación, sanción y remoción de los fiscales y de otros integrantes del MPA, mediante procesos legislativos inéditos y sin precedentes, de manera expedita y sin ningún debate público previo, y que esto haya ocurrido en dos ocasiones distintas”, advierten los fiscales.

 
Otro aspecto para reprochar, según el comunicado de la Asociación Argentina de Fiscales es el presupuestario. “El sostenimiento de la gran mayoría de los fiscales como fiscales adjuntos, con inferior categoría presupuestaria que los jueces, aun cuando cumplen igual función que los fiscales titulares, también atenta contra la jerarquización de la función y la igualdad ante la ley”. Y lamentan “la carencia de un presupuesto acorde para lograr un correcto funcionamiento de la institución con una notable insuficiencia de recursos humanos y materiales”.

Endeblez institucional
Sobre el Poder Judicial, la AAF expresó que “se desprende una intromisión indebida - por invasión de la zona de reserva- del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe y, consecuentemente, un desbalance contrario a la organización republicana y democrática” y agregó que “lo más grave es que esta endeblez institucional a la que el órgano legislativo somete al MPA, es un peligroso obstáculo que puede condicionar e interferir en la persecución de los altísimos niveles de desarrollo del crimen organizado que expanden sus redes e influencias en todos los niveles de la sociedad y el Estado”.

 De todos modos, el órgano que nuclea a los fiscales de la Argentina destacó la labor realizada en causas que involucran a funcionarios políticos. “No obstante las dificultades que se reseñaron, el MPA ha logrado resultados auspiciosos con relación a investigaciones contra la corrupción de funcionarios y no ha dudado en dirigir incluso investigaciones en contra de Magistrados Fiscales. Ello, a pesar de que el Ministerio Público de la Acusación se encuentra en una posición muy frágil frente a los otros poderes del Estado y concretamente a las agencias políticas”.

“Desde hace tiempo y en todos los ámbitos de la AAF venimos sosteniendo que los modernos modos de actuación del crimen organizado y el delito transnacional, demandan la modernización de los sistemas procesales, con una clara inclinación a los modos acusatorios y adversariales del proceso, que a partir de la desformalización y la eficacia en la investigación permitan dar una rápida y contundente respuesta institucional”, reitera el comunicado y asegura que “se trata de una obligación esencial de los estados garantizar que los fiscales puedan desempeñar sus funciones, en materia de investigación como en sostener los procesos judiciales, dotados de los elementos relativos a la independencia y estabilidad funcional, que están vinculados a la seguridad laboral, económica, personal y familiar, aspectos que garantizan tanto la independencia como la tranquilidad básica en el ejercicio funcional”.

Descrédito
Asimismo, la AAF reconoció que “tampoco contribuye el constante descrédito provocado y direccionado desde los órganos políticos del Estado cuando se sostienen investigaciones que involucran a funcionarios en casos de corrupción, y son claramente incumplimientos a los mandatos impuestos por las convenciones antes mencionadas” e insta a los tres poderes de la provincia de Santa Fe “a adecuar la legislación del MPA a los principios constitucionales de autonomía financiera, independencia, estabilidad en el cargo, inmunidades funcionales de los fiscales, jerarquización de todos los fiscales con paridad a los jueces”. Además, solicita dotar de recursos suficientes y adecuados para cumplir la función, un régimen disciplinario que garantice la independencia, reconociendo y plasmándolas en la legislación orgánica del MPA, tendiente a que pueda satisfacer el mandato constitucional de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad.

“Desde hace tiempo y en todos los ámbitos de la AAF venimos sosteniendo que los modernos modos de actuación del crimen organizado y el delito transnacional, demandan la modernización de los sistemas procesales, con una clara inclinación a los modos acusatorios y adversariales del proceso, que a partir de la desformalización y la eficacia en la investigación permitan dar una rápida y contundente respuesta institucional”, reitera el comunicado y asegura que “se trata de una obligación esencial de los estados garantizar que los fiscales puedan desempeñar sus funciones, en materia de investigación como en sostener los procesos judiciales, dotados de los elementos relativos a la independencia y estabilidad funcional, que están vinculados a la seguridad laboral, económica, personal y familiar, aspectos que garantizan tanto la independencia como la tranquilidad básica en el ejercicio funcional”.

Descrédito
Asimismo, la AAF reconoció que “tampoco contribuye el constante descrédito provocado y direccionado desde los órganos políticos del Estado cuando se sostienen investigaciones que involucran a funcionarios en casos de corrupción, y son claramente incumplimientos a los mandatos impuestos por las convenciones antes mencionadas” e insta a los tres poderes de la provincia de Santa Fe “a adecuar la legislación del MPA a los principios constitucionales de autonomía financiera, independencia, estabilidad en el cargo, inmunidades funcionales de los fiscales, jerarquización de todos los fiscales con paridad a los jueces”. Además, solicita dotar de recursos suficientes y adecuados para cumplir la función, un régimen disciplinario que garantice la independencia, reconociendo y plasmándolas en la legislación orgánica del MPA, tendiente a que pueda satisfacer el mandato constitucional de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad.

Con información de Aire Digital

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