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El salariazo de Cristina y sus 100 jubilaciones mínimas

La vicepresidenta cobrará su sueldo más las pensiones como expresidenta y como viuda de un presidente. Unos dos millones por mes. ¿Dirá algo al respecto?

OPINIÓN 06/01/2021 Pablo Vaca
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El año pasado resultó tan raro que ni siquiera el premio más grande de la lotería fue, como siempre, el Gordo de Navidad. El sorteo mayor de 2020 fue el “Bicentenario de Lotería de la Provincia”, que el 30 de diciembre entregó como primer premio 65 millones de pesos. Se los llevó un por ahora anónimo ganador, que compró las diez fracciones del número 55.820 en Guernica. ¿Es posible cerrar de mejor manera un annus horribilis? Sí. Pregúntenle a Cristina Fernández. La vicepresidenta, también expresidenta y viuda de un presidente, había sido anoticiada un día antes de que Ezequiel Pérez Nami, juez federal subrogante de la Seguridad Social, le había reconocido el derecho a cobrar dos pensiones honoríficas -la suya y la de Kirchner- más el retroactivo y sin pagar impuesto a las Ganancias. Unos 100 millones de pesos de un saque, según cálculos de especialistas. 

No se trata aquí de cuestionar la legalidad del fallo sobre estas pensiones, otorgadas en tiempo récord por su cuñada, Alicia Kirchner, en 2015, y quitadas un año después por el macrismo, que sostuvo que la expresidenta debía optar por uno de los dos beneficios. En todo caso, lo apelarán -argumentos sobran- los funcionarios a quienes se les paga para ello. Son dos: Fernanda Raverta, directora de la ANSeS, y Carlos Zannini, procurador del Tesoro. Tienen aún varios días hábiles para cumplir con su deber. Que ambos sean del riñón más íntimo del cristinismo no debería ser obstáculo. En fin.

Hay otros puntos que llaman la atención. Uno es que sea tan complicado saber la cifra real de cuánto va a ganar cada mes la vicepresidenta. La información pública dice que ella cobra $315.591 brutos por su puesto actual. A eso le sumaría el sueldo de un juez de la Corte Suprema ($375.880.95, según la web de la Corte) de pensión por expresidenta, que es lo que establece la Ley 24.018, promulgada durante la presidencia de Menem. Y el 75% por ciento de esa misma cifra ($281.919,71) de pensión como viuda de Kirchner. Eso suma casi un millón de pesos, que serían algo menos en el bolsillo porque en sus ingresos como vice a Cristina sí le descuentan Ganancias.

De todos modos, ninguno de esos tres números incluye los “extras”. Por ejemplo, el “adicional por zona Austral” equivale nada menos que al 40% del haber real (no importa aquí tampoco que Cristina viva en la Capital Federal desde 2003). Y hay varios más. Como se ve, el tema no se caracteriza por su transparencia, lo que seguramente no sorprenda. De acuerdo con abogados previsionales y laborales, la cifra más cercana a la realidad de lo que cobrará Cristina ronda los dos millones de pesos mensuales. Es decir, unas 100 veces la jubilación mínima, que en diciembre aumentó a $19.035.

Otro aspecto es -debería ser- estruendoso: el silencio de la propia Cristina. A una semana de difundido el fallo, que se conoció “casualmente” el mismo día que comenzó a vacunarse contra el Covid y se aprobó el aborto en el Congreso, ni ella ni sus voceros más habituales han dicho una palabra sobre el asunto. Tal vez no haga falta recordar que es una dirigente de larguísima trayectoria cuyo discurso público denuncia constantemente la injusticia social y las desigualdades. Y si bien debe tener egresos cuantiosos en abogados, dos millones por mes es una plata importante. Que no diga que donará aunque sea una parte de sus 100 jubilaciones mínimas… En cualquier otro país haría ruido. Acá no, lo cual seguramente tampoco sorprenda.

Porque en verdad el costado más negativo, y el más notable a la vez, no es que no se sepa cuánto gana Cristina ni que ella no diga nada al respecto: lo peor de este tema es el nulo impacto que los cuestionables ingresos millonarios de la vicepresidenta -todos de las arcas del Estado- tendrán en su imagen, en su poder y en las urnas.

En la Argentina, la dimensión ética de la política queda sepultada una y otra vez bajo apremios que impiden, aparentemente, pensar en otra cosa. En el país son determinantes la economía y la inseguridad. Y la pandemia, ahora. La calidad institucional sufre el mismo ninguneo general que la educación: lo urgente siempre se impone sobre lo importante gracias a la estrechez de miras predominante.

No logra comprenderse el vínculo determinante que hay entre riqueza y educación, entre pobreza y corrupción, tal como demuestran las estadísticas mundiales respectivas. Es cierto: a algunos les conviene que no se comprenda. 

Pablo Vaca para Clarín

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