Sin reforma, otro avance K sobre la Justicia

OPINIÓN Por Claudio Jacquelin
La eficacia del kirchnerismo radica en su aptitud y decisión (o ausencia de inhibiciones) para buscar y encontrar un atajo que le permita eludir cada obstáculo formal (o legal) que se interpone a sus objetivos
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Por estos días, el Poder Judicial puede dar fe de aquella impronta: el kirchnerismo avanza a paso firme sobre la Justicia, aunque no logre concretar la demorada reforma judicial. 

La reciente reposición en la Cámara Federal porteña del juez Eduardo Farah, uno de los firmantes de la polémica (y sospechada) excarcelación de los empresarios kirchneristas Cristóbal López y Fabian de Sousa, fue solo el prolegómeno del nuevo embate. Como también lo es la ocupación con magistrados afines, amigos o amigables de tribunales donde se dirimen algunas de las causas que complican a Cristina Kirchner y muchos de sus exfuncionarios (también actuales). El control de juzgados clave tiene objetivos más amplios.

La designación por parte de la mayoría oficialista del Senado de Alejo Ramos Padilla como juez federal de La Plata con competencia electoral en toda la provincia parece confirmar esos propósitos. Al mismo tiempo, disparó todas las alarmas (y también las internas) de la oposición, para la cual el magistrado es un juez militante del kirchnerismo.

Los recientes antecedentes de Ramos Padilla en el Juzgado Federal de Dolores son el principal, pero no único, objeto de cuestionamiento a su trayectoria. Allí llevó adelante la causa por espionaje en la que están procesados el falso abogado Marcelo D'Alessio y el fiscal Carlos Stornelli y había dispuesto el procesamiento, luego revocado en duros términos por la Cámara de Mar del Plata, del periodista Daniel Santoro. La actuación de Ramos Padilla tendía a beneficiar de hecho a varios exfuncionarios en prisión o procesados por hechos de corrupción durante la gestión kirchnerista y apuntaba a debilitar la causa de los cuadernos de la corrupción. Eso, entre otras objeciones, le enrostraron los senadores opositores que votaron en contra de su designación.

El oficialismo defendió la nominación con el resultado del concurso al que se presentó el magistrado en el que obtuvo el mejor promedio y a eso agregaron el juvenil origen radical del postulante. El mismo que tuvo Leopoldo Moreau, uno de sus protectores, antes de mutar en ultracristinista. Aunque tanto o más relevancia tuvo la (ya recurrente) acusación a la oposición y a los medios de haber perseguido a Ramos Padilla por dejar en evidencia, según su particular mirada, el denunciado lawfare con su actuación en Dolores. Una explicitación de los motivos del premio que le concedió Cristina Kirchner al imponer su candidatura por sobre los deseos de Alberto Fernández. Otro triunfo y van...

Problemas para opositores

Por otro lado, el caso de Ramos Padilla se convierte en un doble problema para la oposición de Juntos por el Cambio. No solo obtuvo un reconocimiento por su controvertida actuación en una causa de fuerte impacto político y público, sino que la competencia electoral del juzgado platense sobre toda la provincia es motivo de nuevas preocupaciones y divergencias internas.

El macrismo duro suma al apocalíptico escenario institucional en marcha que suele describir un refuerzo de sus aprehensiones respecto de posibles manipulaciones en los próximos procesos electorales. A la Dirección Nacional Electoral y al Correo, en manos de miembros de La Cámpora, agrega ahora la designación de Ramos Padilla, a cuya autoridad estarán sujetas la aprobación de las listas, la modificación de lugares de votación o las denuncias de irregularidades en los comicios en el bastión del kirchnerismo y donde se libra la más decisiva disputa electoral. El grado extremo de alarma que eso despierta en el propio Mauricio Macri y en quienes lo rodean no es compartido en igual magnitud por los sectores más moderados de Juntos por el Cambio. Nuevo matiz para la discordia entre halcones y palomas cambiemitas, pero no el único motivo ni el más relevante.         

La designación del exjuez de Dolores repone, además, cuestionamientos internos a Macri por haber dejado abierta tanto la vacante de La Plata como la de la Cámara Electoral porteña, donde se rehusó a impulsar el pliego de Alejandra Lázaro, cuya candidatura auspiciaba con fervor el radicalismo. Para los dirigentes radicales, el argumento macrista de que el entonces oficialismo no contaba con posibilidades de llegar a los dos tercios de votos en el Senado es, antes que una realidad incontrastable, una excusa y (otra) muestra de impericia política. Diferencias que el espanto absuelve, pero no disuelve.

A la polémica aprobación de Ramos Padilla se sumó en la misma jornada otra pieza del avance kirchnerista en el tablero judicial. El Poder ejecutivo envió al Senado el pliego de Roberto Boico, exabogado de Cristina Kirchner y de Oscar Parrilli, para ocupar la vacante restante en la sala de la Cámara Federal a la que acaba de volver el benefactor de López y De Sousa. Parece un hecho la reducción a la soledad del tercer integrante de ese tribunal, Martín Irurzun, autor de la doctrina que lleva su nombre y por la que fueron a prisión numerosos exfuncionarios kirchneristas acusados de corrupción.

El hecho de que las promociones de Ramos Padilla y Boico respeten los preceptos formales, más allá de las muchas objeciones ético-políticas que se puedan hacer, permitió que la aptitud genética del perokirchnerismo para remover obstáculos se pusiera en práctica. Esta vez, como tantas otras, para detectar, aprovechar y explotar debilidades de adversarios y oponentes.

Los pliegos de estos y otros jueces lograron burlar el bloqueo que la oposición había logrado construir en el Consejo de la Magistratura con el apoyo de los jueces no kirchneristas. Pero los intereses particulares lograron romper el dique del interés general que decían haber ayudado a construir.

La política del mundo de los magistrados y los afectos (o las conveniencias) familiares le permitieron al oficialismo obtener las mayorías especiales necesarias que hasta hace unos pocos meses le estaban negadas. Un peso decisivo tuvieron las ventajas que le venían sacando en las nominaciones los adherentes a la filokirchnerista lista Celeste de la Asociación de Magistrados por sobre los de la antiK agrupación Bordó. A los celestes pertenece Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura, donde el camporismo ejerce su férreo magisterio de la mano de Gerónimo Ustarroz, el hermano de crianza del ministro del Interior, Wado de Pedro. Cosas de familia y algo más.

Bordó es el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, el juez de la Cámara Civil, Ricardo Recondo, quien acreditaba una larga trayectoria de oposición férrea a los avances kirchneristas hasta que se interpusieran otras necesidades.

El tratamiento del pliego para camarista de Silvia Mora fue otro de los motivos de escándalo para la oposición ayer en el Senado. No solo porque la nominada supera la edad en la que los jueces deberían jubilarse (75 años y ella tiene 77), sino porque Mora es la esposa de Recondo. Todo sea por la paz familiar, judicial y política. La República puede esperar.

Aunque la reforma judicial permanezca estancada y la Corte Suprema siga sin cambio, el kirchnerismo tiene motivos para sonreír. "Paso a paso", decía Reynaldo Mostaza Merlo, un ídolo de Néstor Kirchner.

Claudio Jacquelin para La Nación

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