Cambios en Ganancias: los que se benefician, los excluidos y por qué el proyecto "se queda corto"

ECONOMÍA Por Pilar Wolffelt*
Los expertos advierten que la iniciativa es "electoralista" y no resuelve la cuestión económica de muchos sectores. Reclaman reformas más profundas
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El oficialismo presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca subir a $150.000 el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, propone la actualización anual automática del monto para que no pierda vigencia ante la inflación y prevé que el límite para los jubilados pase de 6 a 8 veces la suma de los haberes mínimos.

Si bien la iniciativa tiene, en general, buena recepción entre los especialistas tributarios y económicos, es necesario analizar qué efectos podría tener en la economía, en la recaudación y en el consumo.

Antes que nada, cabe preguntarse qué es lo que busca el Gobierno con esta propuesta. Y la respuesta a esta pregunta no es una sola. Tal como lo explica a iProfesional Rafael Flores, economista especializado en administración financiera del sector público, "el proyecto tiene un objetivo político y electoral".

¿Es una propuesta oportunista?

Es que, según su opinión, apuesta a darle un respiro a la clase media, que ha sido muy castigada en los últimos años por las distintas medidas económicas y que no ha recibido los beneficios que sí han tenido otros sectores sociales más desfavorecidos, como la tarifa social para los servicios públicos y subsidios similares.

Para él, "el sentido de la medida es darle un alivio a esas capas medias y de cara a las elecciones de octubre". Sin embargo, apunta que sería bueno atender la cuestión de que correr el mínimo no imponible sin tomar otras medidas genera un alivio muy grande a algunos, pero a otros no. ¿Cómo es esto? "El que cobre $145.000 de bruto va a tener un beneficio fuerte y quien cobre 151.000 no lo va a sentir", explica Flores.

Para resolver la cuestión, aconseja que se debería lograr que quien gana menos pague menos que el que percibe mayores ingresos. Eso, según su visión, sería más justo que poner un corte automático, sobre todo teniendo en cuenta el ritmo inflacionario de la Argentina.

Por su parte, el contador público especialista en Derecho Tributario Daniel Dubin sostiene que "las deducciones actuales son insuficientes para garantizar que sólo paguen el impuesto aquellas personas que verdaderamente tienen capacidad contributiva para hacerlo", por lo que evalúa como positiva la iniciativa, pero considera que el alcance del proyecto es insuficiente.

El proyecto se queda corto

Sucede que, según su punto de vista, el mínimo no imponible debería representar un monto que asegure que los ingresos necesarios que una persona obtiene para solventar sus gastos indispensables no resulten alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y considera que la cobertura de estas necesidades es un requisito de la totalidad de la ciudadanía.

En ese sentido, Dubin critica que el proyecto presentado "alcanza sólo a los jubilados y a las personas que trabajan en relación de dependencia y los diferencia del resto del universo de contribuyentes que seguirán con mínimos totalmente distorsionados". Es decir que la propuesta enviada al Congreso no resuelve la problemática para todos los demás y el tributarista sostiene que, de no corregirse esta distorsión, van a tener que seguir tributando sobre ingresos que no demuestran aptitud de contribuir al Estado.

En un sentido, el economista y director de la consultora Focus Market, Damián Di Pace, observa que se pensó en una medida que sea más progresiva dado que, hoy, una familia de clase media necesita $125.000 para vivir. Pero advierte que "está quedando pendiente lo que pasa con 3.850.000 monotributistas que no tuvieron aún ajustes en sus topes ni escalas y tampoco se contempla qué pasa con los autónomos, que es el sector de los agentes económicos más relegado y que genera el mayor aporte contributivo".

El especialista sostiene que, en el contexto de la pandemia, los autónomos padecen un nivel de vulnerabilidad muy elevado porque no pueden continuar desarrollando con normalidad la actividad con la que generan sus ingresos y asegura que eso debe ser contemplado.

"Los diputados avanzan con un nuevo proyecto de ley sin tener en cuenta cómo deberían haberse ajustado las escalas y topes. No se puede atacar sólo un universo, sino de resolver el problema de todos los bolsillos", afirma Di Pace en sintonía con lo señalado por Dubin.

Un problema: cómo tapar el agujero

Por otro lado, los expertos señalan que otro problema que aparece cuando se analiza la iniciativa es cómo se va a "compensar" el ingreso fiscal que se perdería de aprobarse la medida. "Un cambio en Ganancias es una respuesta para incentivar el consumo hogareño, pero la iniciativa llega en un contexto de déficit y eso hace que haya que buscar un sustituto impositivo para que cierren las cuentas y no se dañe aún más la economía", detalla Di Pace.

Pero, para Dubin, si bien una primera mirada llevaría a la conclusión de que se perdería una recaudación equivalente a la disminución del impuesto en cabeza de los trabajadores y los jubilados, "si, como es de esperar, el mayor ingreso disponible se destina al consumo, el impacto recaudatorio se verá atenuado".

No obstante, señala que, por tratarse de un impuesto cuyo período fiscal es el año calendario, deberían instrumentarse las medidas necesarias para que los nuevos mínimos sean considerados para los meses anteriores a su puesta en vigencia y se tendría que ajustar la determinación del mismo para los meses transcurridos también.

Flores, en cambio, se para más en la línea de Di Pace y asegura que, "desde el punto de vista económico, la implementación de la medida generará una caída de la recaudación en un momento en que la Argentina tiene un déficit que no puede cubrir en los mercados de crédito".

De este modo, el ex presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) alerta que bajar una fuente de ingresos en este momento va a requerir tomar medidas compensatorias. Estas podrían ser:

* Una ampliación de la emisión (que no pareciera estar en la cabeza del Gobierno).

* Bajar el gasto o aumentar algún impuesto.

* No otorgar algunas ventajas que se pensaban dar.

Se requiere una reforma más profunda

Otra de las críticas que realiza el experto es el hecho de que poner el foco en Ganancias es priorizar el corto plazo por sobre el armado de una estructura impositiva sustentable que incentive la producción y permita generar una mayor previsibilidad en la gestión de los recursos públicos.

"Al ser un impuesto que se aplica directamente en el sueldo, se nota mucho cuando sube o baja, pero uno de los principales problemas que tiene la Argentina es que cuenta con una presión fiscal muy elevada y un tercio de su economía está en negro. Entonces, lo que tienen que pagar los contribuyentes en blanco es una proporción muy elevada de sus ingresos en impuestos, más de lo que correspondería", detalla Flores.

En este sentido, asegura que "el verdadero problema tributario argentino pasa por los impuestos distorsivos" que se aplican al cheque (que atenta contra la bancarización), a los Ingresos Brutos (que perjudica la agregación de valor porque grava a los distintos eslabones de la cadena productiva) y al Valor Agregado (que tiene un efecto muy regresivo porque lo pagan por igual todos los ciudadanos).  

Así, Flores advierte que no hay que perder de vista que Ganancias es uno de los impuestos más progresivos que tenemos en la Argentina y advierte hay que plantarse un desafío mayor en materia tributaria. "Si no se generan condiciones de mayor estabilidad y no se reforma la estructura impositiva, va a quedar corta la medida", anticipa.

El quid de la cuestión: ¿irá realmente al consumo?

Asimismo, cabe señalar que, si bien el Gobierno espera que la medida impacte en el consumo porque generaría un caudal de dinero del que va a disponer la clase media para destinar a comprar, puede tener otros efectos como el riesgo de que "la mayor disponibilidad de renta se vuelque a la adquisición de divisas u otras formas de ahorro", según advierte Dubin.

No obstante, el proyecto ya fue presentado y Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados y su principal impulsor, adelantó que participarán del debate representantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de algunos gremios y de los jubilados y pensionados. Es muy probable que sea aprobado sin problemas antes de las elecciones de octubre por la fuerte posición del oficialismo en el Congreso y dada la buena aceptación de la propuesta en el ámbito legislativo y social.

 

 

* Para www.iprofesional.com

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