El fiscal que investiga la red de juego clandestino va a fondo para imputar a Traferri

POLÍTICA Por Agencia de Noticias del Interior
El fiscal Luis Schiappa Pietra advirtió que el artículo del Código Procesal de Santa Fe que impide imputar al senador Armando Traferri sin estar "desaforado" incumple tratados internacionales de derechos humanos que suscribió la Argentina
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Traferri junto al Gobernador Omar Perotti

La investigación de la compleja red de juego clandestino y sus ramificaciones políticas sigue generando sorpresas, como el allanamiento al expiloto de Fórmula 1 Oscar "Popi" Larrauri. En una entrevista con Aire de Santa Fe, el fiscal Luis Schiappa Pietra, quien lleva adelante la investigación junto a Matías Edery, contó que analizan la imputación del corredor y la definirán en los próximos días.

También explicó por qué presentó un pedido para declarar inconstitucional el artículo del Código Procesal Penal de Santa Fe que impide imputar al senador Armando Traferri sin estar desaforado. En una entrevista exclusiva, los vínculos entre el juego clandestino y Los Monos y la nueva imputación contra Patricio Serjal, exfiscal regional, por una grave causa de contaminación ambiental.

 - ¿En qué quedó el pedido para que se declare inconstitucional el artículo 27 del Código Procesal Penal que impidió imputar al senador Traferri si la Legislatura no le suspende los fueros?

 - Lo presentamos hace unos días. Solicitamos que se declare inconstitucional ese artículo porque Santa Fe es una de las pocas provincias -creo que sólo hay una más- en la que no se puede imputar a un legislador, es decir atribuirle la comisión de un delito, que además es el inicio de una investigación. En Santa Fe no se puede avanzar en una investigación de un legislador porque el código tiene una valla, un obstáculo que lo impide. Por esa razón nosotros primero lo citamos al senador Traferri para ver si quería desaforarse voluntariamente y él se negó. Luego, lo solicitamos ante la Legislatura. En la sesión del 18 de diciembre y con una discusión que duró dos minutos 32 segundos en el recinto de la Cámara de Senadores se rechazó ese pedido de desafuero. En una reunión previa, que se realizó el día anterior, nosotros explicamos de manera muy contundente cuáles eran las razones por las cuales había que desaforar al senador. No nos quedó más remedio que hacer este planteo de inconstitucionalidad. Esta es una causa importante que investiga criminalidad organizada y delitos de corrupción. En ambas dimensiones, el Estado Nacional tiene obligaciones internacionales que lo comprometen en su deber de investigar. Si nosotros tenemos por derecho interno en Santa Fe una normativa que impide hacer esto, vamos a comprometer al Estado por violar normativas de derechos humanos en tratados que están suscriptos por la Argentina. Creo que la normativa santafesina no tiene manera de ser convalidada con el contexto constitucional actual. Se acuerda Luis del caso Pontaquarto y la tarjeta Banelco, luego del escándalo se sancionó una nueva ley de fueros para que los legisladores sean imputados y pueda avanzar la investigación. Por eso en Capital Federal y otras provincias hay legisladores que son investigados.

 
- ¿Cuándo puede resolverse este tema?

 - Es una resolución que la tiene que tomar el juez que asigne la Oficina de Gestión Judicial en Rosario, que ya está definido, así que esperamos que se resuelva rápidamente. El término de código son cinco días hábiles, no recuerdo bien, y probablemente se tome algunos días más.

 - Si esto sucede cambia completamente el tablero de la investigación. ¿En cuánto puede darse, en quince días como máximo?

 - Sí.

 - El otro tema clave que quiero preguntarle es por qué cambiaron la jueza que entendía el expediente sobre la red de juego clandestino. ¿Quién lo dispuso, quién tomó esa decisión?

 - La asignación de jueces la dispone la conducción de la Oficina de Gestión Judicial y el Colegio de Jueces. No tiene injerencia el MPA. Nosotros teníamos información de que iba a continuar la jueza porque es lo que suele suceder en las causas complejas, ya que modificar la composición del tribunal altera las audiencias porque hay que volver a explicar todo al nuevo juez. Lo que nosotros advertimos en este caso es que estas prácticas fueron sorpresivamente modificadas y se asignó a otro juez.

 - ¿Quién decidió cambiar la jueza?

- ¿Cómo se llama el director?

 - El ingeniero Beltramone (nota de redacción: el nombre completo es Juan Pablo Beltramone), que es el director de la Oficina de Gestión Judicial.

 - ¿Cuál fue la explicación? ¿Por qué la cambiaron?

 - La razón que se argumenta es que la jueza que estaba interviniendo cambió en la sección de juicios, es un tema técnico y quizás un poco denso. La Oficina de Gestión Judicial tiene distintas secciones: una es la de ejecución, otra de juicio y otra de investigación. La jueza cambió de esa sección y por eso dejó la investigación preliminar.

- ¿Usted cree que esto va a traer algún cambio?

 - Nosotros planteamos nuestra sorpresa por esta decisión y pedimos que se informe a la Corte para que tome cartas en el asunto de cómo se asignan los jueces. Veremos cómo seguimos en nuestras investigaciones. Obviamente el juez que está a cargo ahora tiene que resolver el pedido de inconstitucionalidad que hablábamos antes.

 - ¿El cambio de juez puede retrasar la investigación?

 - Esperemos que no. Vamos a ver cómo sigue la causa. Nosotros tenemos varias audiencias por delante.

 - Vamos al triángulo de lavado de dinero en el que aparecen Traferri, Larrauri y Peiti, que fue una investigación de los últimos diez días. ¿Van a imputar a Oscar “Popy” Larrauri?

 - Estamos analizando imputar a más personas en esta organización. Estamos avanzando en una parte de la investigación que tiene que ver con el movimiento del dinero y el volumen de negocios. Peiti tenía un grupo de negocios lícitos vinculados al juego legal en algunas provincias y claramente otros negocios en el ámbito del juego ilegal. Lo digo porque él mismo reconoció que pagaba sobornos a fiscales. Estamos tratando de desentrañar ese entramado de negocios ilegales y uno de esos allanamientos involucró a Larrauri. Las imputaciones las definiremos en los próximos días.

 ¿Qué delitos imputarían a Larrauri? ¿Asociación ilícita?

 - Es probable, pero lo tenemos que definir todavía.

 - ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto movían Peiti, Larrauri y los otros?

 - El juego legal maneja miles de millones de pesos y se estima que otro tanto maneja el juego ilegal y Peiti era una de las personas más significativas en la red de juego ilegal. En la provincia de Santa Fe hay causas por juego ilegal en Reconquista, Rafaela, Villa Constitución, Cañada de Gómez, Melincué y Rosario. Todas esas causas vinculan a Peiti con el juego ilegal.

 - ¿Cómo se esconde ese dinero, a dónde va?

 - En esta investigación a nosotros no nos termina de quitar el sueño un casinito en un barrio. Cuando hay una causa de corrupción investigada, el volumen de dinero que generan este tipo de negocios y la ubicación de este dinero en distintas esferas del Estado sirve también para corromper funcionarios que después permiten que muchas instituciones funcionen al margen de la legalidad. De hecho ya tenemos detenido al fiscal regional, a otro fiscal y queremos avanzar con una imputación a un senador.

 - ¿El juego clandestino está ligado al narcotráfico?

 - En esta causa llegamos a Peiti accidentalmente. Estábamos investigando el homicidio de Encino en el Casino City Center de Rosario. A partir de la apertura del teléfono de Maximiliano Díaz descubrimos que también Peiti se comunicaba con algunas de las personas que habían ido a disparar al casino. Les había puesto unas salitas de casino clandestino a estas personas que tenían mucha relación con gente de la familia Cantero. Peiti dice que fue amedrentado y amenazado y que por eso lo hizo.

 - ¿Peiti le pagaba a Los Monos?

 - El dice que sí y que había sido víctima de situaciones así. Nosotros tenemos en la investigación a grupos relacionados con los Cantero y los tenemos imputados. Maximiliano Díaz es la persona que se comunicaba con Escobar y Guille Cantero en los momentos previos al atentado del casino en Rosario.

- Lo llevo a otra causa de los últimos días: ustedes acaban de imputar a Patricio Serjal en una grave causa ambiental en Capitán Bermúdez.

 - Sí, lo imputamos a Serjal y al fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini. El caso es muy grave porque es un predio que está absolutamente contaminado en las napas y el aire con productos químicos nocivos y en proporciones por encima de las permitidas. La empresa Petroquímica Bermúdez producía gas cloro. La planta se cierra en el 2014 y queda un pasivo ambiental muy importante. La contaminación está totalmente acreditada y en vez de motivar una investigación penal generó un archivo por un principio de oportunidad, una herramienta que usan los fiscales cuando deciden que una investigación no es relevante en una causa penal. En realidad no se puede aplicar en este caso, es un disparate jurídico, porque está comprometido el interés público. Esta causa se inició en el 2017 porque el entonces gobernador, Miguel Lifschitz, emite un decreto para que la Fiscalía de Estado haga una denuncia penal. En el 2018 se constata la contaminación, incluso a partir de las pericias de Sergio Taselli, el empresario que conduce este emprendimiento. Al otro año se firma un principio de oportunidad sin ninguna justificación. Por eso nosotros les imputamos el incumplimiento de los delitos de funcionario público a Luzzini y a Serjal; y también una maniobra de encubrimiento porque evitaron que progrese una investigación penal contra estas personas.

Por Luis Mino para Aire Digital

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