«Es un mensaje a narcos y delincuentes»: Juntos por el Cambio cruzó duro a Alberto Fernández por los cambios en migraciones

Este viernes el Gobierno oficializó la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 que publicó el Ejecutivo de Mauricio Macri hace poco menos de cuatro años para agilizar la extradición de delincuentes extranjeros en el país y prohibir el ingreso de personas con antecedentes penales. Juntos por el Cambio salió al cruce contra Alberto Fernández y adelantó que se presentarán ante la justicia para dar marcha atrás a la decisión.

«El presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que las personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron», apuntó esta mañana la exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

En la misma línea, el diputado radical Luis Petri adelantó que junto a su par Alfredo Cornejo presentarán «una ley que restablezca el contenido del decreto derogado por el Gobierno, que prohíba el ingreso y permanencia de extranjeros que delinquen». «El Congreso debe poner las cosas en su lugar ante el atropello a la seguridad de los argentinos», señaló en el primero de sus tuits.

Asimismo, advirtió que la derogación del DNU 70/2017 «pone un freno a los procesos de expulsión de los extranjeros que delinquen, garantizándoles su permanencia en el país, delinquiendo». A su vez, destacó que entre 2016 y 2019 «hubo 3 mil expulsiones de personas con causas penales en sus países de origen o en el país». «Derogar el Decreto es volver a procesos de expulsión de hasta 7 años de duración para extranjeros que cometieron delitos en el país», alertó.

La decisión de Alberto Fernández.

Según expresa los considerandos del Decreto 138/2021, firmado por Alberto Fernández y todo su Gabinete, la modificación de la Ley de Migraciones que realizó Cambiemos en 2017 se reconocen «diversos aspectos de fondo en dicho decreto que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos».

Acto seguido, enumeró una lista de puntos incompatibles: «La violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias».

Por último, insta a crear una Comisión con el fin de que la misma proponga medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871 «con el objeto de elaborar un proyecto de ley sobre la temática».

Con información de www.elintransigente.com