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Tensión entre el Consejo Agroindustrial y la Mesa de Enlace: con el Gobierno en el medio, crece la grieta entre los ruralistas

Alberto Fernández no mencionó la palabra campo ante la Asamblea Legislativa, pero destacó el trabajo en conjunto con el Consejo. Analistas advierten que el Gobierno privilegiará la relación con el espacio agroindustrial

ECONOMÍA 08/03/2021 Juan Martín Melo*
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El discurso de Alberto Fernández del pasado lunes ante la Asamblea Legislativa dejó aspectos para analizar sobre la actual relación entre el Gobierno y el campo y los actores de la cadena agroindustrial, que en los últimos tiempos no atravesó por los mejores momentos, como consecuencia del cierre de las exportaciones de maíz y el aumento del precio de los alimentos, donde de manera errónea el Gobierno atribuyó esa situación al incremento de las cotizaciones internacionales de los granos, cuando quedó demostrado a través de diferentes estudios que el Estado tiene una elevada incidencia en la cadena de comercialización de los alimentos, con el cobro de impuestos.

Una de las principales críticas que realizaron las entidades gremiales que representan a los productores al discurso presidencial, fue la ausencia de la palabra campo en el mismo, teniendo en cuenta la importancia que tiene el sector primario en el proceso de elaboración de los alimentos y al momento de aportar al Estado. Sin embargo, Fernández se comprometió a enviar este año al Congreso de la Nación un proyecto de Ley para el “Desarrollo Agroindustrial” y destacó el trabajo en conjunto con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), donde la actual Mesa de Enlace tiene una representación con 3 de las 4 entidades que integran la estructura gremial. La Sociedad Rural Argentina no se sumó al Consejo.

La inauguración de sesiones ordinarias del Congreso no hizo más que reflotar las divisiones que hay entre ambos sectores que reúnen a los principales dirigentes del agro. “Nos complace escuchar que nuestro proyecto de crecimiento agroindustrial sea parte de la agenda de Gobierno”, dijo José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y Vocero del Consejo Agroindustrial, minutos después del discurso.

Además, durante la exposición de la Mesa de Enlace en la Fundación Libertad, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, coincidió con los objetivos del Consejo de aumentar la producción y las exportaciones con agregado de valor, pero planteó también sus diferencias: “En la Argentina sobran leyes, lo que falta es cumplir las mismas y dar estabilidad al productor. Lo que se necesita es estabilidad macroeconómica e institucional. También hay que solucionar el problema de la inflación y cómo será la integración al mundo”.

En otra parte de su alocución, Pelegrina señaló otras diferencias con la iniciativa del CAA: “Se habla de estabilidad fiscal y nosotros rechazamos estabilidad fiscal con retenciones. La iniciativa marca 10 años, y 10 años con retenciones es una eternidad. Por otro lado, están las retenciones diferenciales, que nos parecen una transferencia injusta e innecesaria para una industria que está muy crecida y sólida”.

Otro de los dirigentes que opinó sobre el tema en el evento virtual de la Fundación, fue Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales, quien al respecto señaló: “No es nueva la famosa dicotomía campo versus la industria. Lamentablemente pasaron muchos años y no hemos logrado una armonía. Como siempre digo en mi participación en el Consejo, las reglas de juego tienen que ser parejas para todos los eslabones”.

Desde hace casi un año, el Consejo, conformado por más de 60 entidades de la cadena agroindustrial, viene trabajando con el Gobierno, pero también manteniendo reuniones con gobernadores y sectores de la oposición, quienes brindaron su apoyo al plan que promueve el Consejo, denominado “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal”, que plantea como objetivo alcanzar los 100 mil millones de dólares en exportaciones y crear 700 mil empleos adicionales en los próximos 10 años.

La idea que se propone es consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos. Para eso, se reclama estabilidad fiscal en los tres niveles del Estado, fomento a la inversión agroindustrial, régimen especial de amortización acelerada, programas de prefinanciación de exportaciones a tasas internacionales; y una agenda “agresiva” en cuanto al acceso a mercados y negociaciones internacionales.

El Consejo Agroindustrial, desde su creación, ha recibido críticas de algunos sectores de la producción, como la Sociedad Rural Argentina o los productores autoconvocados, los cuales aseguran que la nueva estructura solamente representa los intereses de ciertos integrantes de la cadena, como los exportadores y la industria procesadora de materia prima, a los cuales la administración de Fernández devolvió el año pasado el diferencial de retenciones a las exportaciones de soja y productos derivados, que había sido eliminado durante el Gobierno anterior. Una medida que generó un profundo malestar entre algunos los productores.

A partir de estas dos estructuras, las dudas que surgen son si se está lejos o cerca de concretar una reconciliación entre la política y el sector productivo, si la propuesta que presentó el Consejo permitirá mejorar la competitividad y aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo, y que llegue a su final la etapa de confrontación, que sigue provocando un freno a la búsqueda de soluciones a los diversos problemas del campo y la agroindustria.

Relación

Los analistas políticos sostienen que la relación entre el Gobierno y el campo está cruzada por dos factores: los intereses políticos y los económicos. Desde un comienzo, estuvo claro para el Gobierno que la mayor parte de quienes integran el mundo del campo, son personas que apoyaron propuestas opositoras al Frente de Todos y rechazan las medidas de intervención de los mercados, por ejemplo, que tanto daño hicieron durante la época del kirchnerismo a la producción. Pero también es cierto, que el Gobierno necesitaba tener algún tipo de interacción con actores que representen al sector más dinámico de la economía.

Sobre la base de ese análisis, para definir su estrategia de relacionamiento, Lucas Romero, analista político y Director de la consultora Synopsis, sostuvo que “la administración de Alberto Fernández evaluó dos condiciones: la predisposición a negociar y la utilidad económica de esa negociación. En relación a la predisposición a negociar, el Gobierno siempre supo que la Mesa de Enlace no tendría esa predisposición, porque sus propias bases, los productores más críticos del Gobierno del Frente de Todos, le pondrían límites a ese diálogo y a esa discusión”.

Para Romero, la aparición en escena del Consejo Agroindustrial en la búsqueda de una salida al conflicto, no hizo más que ratificar que muchos funcionarios del actual Gobierno se sienten más cómodos y a gusto dialogando con este espacio que con la Mesa de Enlace, una entidad que también tuvo posturas divergentes hacia adentro, más allá del apoyo de las bases de productores, sobre todo de los autoconvocados. “El Gobierno observó con buenos ojos la creación de un ámbito de interlocución como el Consejo Agroindustrial, que le ofrecía una sincera predisposición de diálogo y negociación”, señaló el analista.

Algunos analistas sostienen que el Consejo ofrece otras ventajas desde lo económico. A la luz de las necesidades económicas, el Gobierno se iba a ver necesitado de recargar la presión fiscal sobre los productores, más vinculados con la Mesa de Enlace, y podía otorgar incentivos de menor presión fiscal, como el famoso diferencial arancelario a favor de la industria, a las grandes exportadoras, que además son los que pueden incidir en parte en los niveles de liquidación de divisas, algo siempre estratégico para administrar las presiones cambiarias.

“Por los márgenes y la predisposición para negociar y por las ventajas económicas, el Gobierno siempre privilegió y privilegiará la relación con el Consejo, que además le permite mostrar que dialoga con el campo”, comentó Romero..

Complementariedad

Otro de los que opinó sobre la relación del Gobierno nacional y el campo, fue Sebastián Senesi, director del Programa de Agronegocios y Alimentos de la FAUBA, quien en diálogo con este medio aseguró: “Cada grupo de trabajo persigue objetivos particulares y colectivos al mismo tiempo. Es lógico que existan tensiones entre distintos actores de un sistema de negocio. Siempre debe primar el diálogo y entender que si no podemos resolver esas tensiones somos menos competitivos y nos ganan nuestros competidores. A la larga perdemos todos”.

“El Consejo es el encargado de proponer una Ley en la cual esta incluida la producción y puede ser análogo a la UIA para buscar un marco legal favorable para los agroalimentos. La Mesa de Enlace representa a los productores y es complementaria al Consejo Agroindustrial”, agregó.

En ese sentido, un dirigente agropecuario comentó a Ambito: “No es bueno no tener en cuenta al sector primario, porque es el que más aporta la mayor proporción de los recursos al Estado. Es por eso que hubiera sido correcto tener un párrafo de dedicación en el discurso presidencial hacia lo que es el campo propiamente dicho”.

“No habrá conflicto dentro del Consejo Agroindustrial si cada uno respeta su lugar y cumple con sus funciones. El Gobierno deberá ordenar esta situación, que cuando tiene que hablar sobre algo específicamente relacionado al campo convoque a la Mesa de Enlace, como sucedió semanas atrás cuando fue el tema del precio de los alimentos. Y cuando hay cuestiones de la cadena agroindustrial, tendrá que dialogar con el Consejo. Si nos manejamos ordenadamente, no tiene que surgir ningún tipo de inconveniente”, agregó.

Y de esa complementariedad de la que hace referencia Senesi, y proyectando el mediano y largo plazo en la búsqueda de soluciones a los problemas de competitividad del campo y la agroindustria, el último conflicto por el cierre de las exportaciones de maíz demostró que el Consejo y la Mesa de Enlace hasta podrían negociar bien de manera conjunta con el Gobierno y conseguir el objetivo, que en ese caso puntual fue la marcha atrás de la cartera agropecuaria con la medida: las entidades del campo cumpliendo su rol gremial, junto a las bases de productores y el Consejo Agroindustrial, haciendo su aporte desde lo institucional y fortaleciendo el diálogo con los funcionarios, a partir de la buena llegada que hay con muchos de ellos y la conformación de la Mesa del Maíz.

Todo esto último va a depender de los dirigentes que integran ambos espacios. Deberán quedar atrás las diferencias y dudas, que son muchas y en algunos casos muy profundas. ¿Podrán quedar dejar a un costado los egos?

El objetivo a trazar será a partir de una mejor relación con el Gobierno, evitar los conflictos y que los fantasmas de medidas del pasado, como circularon y siguen circulando en diferentes rincones del país, queden a un costado y haya reglas claras de juego y previsibilidad. Muchos consideran difícil la misión, pero no imposible.

 

 

* Para www.infobae.com

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