Economía mata Justicia: paja y trigo del plan #1M

OPINIÓN Por Claudio Mardones*
La estrategia legislativa del oficialismo propone hiperactividad económica en clave electoral y pisar con pie de plomo en el movido pero árido terreno judicial.
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Es la economía. A pesar del impacto de los anuncios presidenciales ante la Asamblea Legislativa respecto de la necesidad de hacer cambios en el Poder Judicial, el Gobierno apuesta a la recuperación económica como principal herramienta electoral. Por eso, la hoja de ruta parlamentaria que el oficialismo se plantea para 2021 apuntará a que el aumento del mínimo imponible del Impuesto a las Ganancias sea aprobado antes de fin de mes y prevé un temario económico que se extenderá con otros proyectos. Entre ellos, una nueva ley de hidrocarburos y otra para la industria automotriz que fue presentada este martes por Alberto Fernández. La celeridad en los envíos al Congreso es parte del interés del oficialismo por evitar que los impulsos se desinflen como sucedió en enero y febrero, cuando el Ejecutivo amplió el temario de extraordinarias y elevó el total a 30 temas, pero solamente fueron aprobadas cuatro normas con amplio consenso sobre el cierre de febrero.  

La escena legislativa de verano quedó añeja frente al discurso que el Presidente ofreció el 1° de marzo ante el Congreso para inaugurar el período 2021 de sesiones ordinarias. Ese mediodía, anunció el envío de otros textos para avanzar en reformas vinculadas a la Justicia, como cambios en el Consejo de la Magistratura y una nueva instancia para revisar los recursos extraordinarios presentados ante la Corte, que encendieron la agenda judicial. Sin embargo, la repercusión del mensaje presidencial es inversamente proporcional a la disposición parlamentaria para acoger dichas iniciativas. El territorio en la Cámara baja sigue siendo tan árido como el año pasado, que concluyó con la aprobación de la Reforma Judicial en el Senado, pero nunca pudo pasar a Diputados para ser debatido.

Sin cambios en la postura de los aliados esquivos, el horizonte asoma igual de complejo para los eventuales proyectos que envíe el Ejecutivo. Incluso aquellos que busquen ejercer "el control cruzado" que mencionó Fernández para que el Congreso fiscalice el funcionamiento del Poder Judicial. Será mediante una nueva bicameral, pero cerca del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, atajan ese impulso y recuerdan que su cometido tendrá que ser "muy específico" porque las potestades de control y remoción de magistrados están en manos del Consejo de la Magistratura. 

De hecho, los temas de la agenda judicial fueron repasados en el desayuno que este lunes mantuvieron Fernández y Massa luego de un fin de semana que estuvo atravesado por las versiones sobre la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y por los nombres de sus posibles reemplazantes, el rionegrino Martín Soria y el bonaerense Ramiro Gutiérrez, que responde al tigrense y es resistido en el kirchnerismo. Ambos perfiles surgen de las entrañas de la Cámara baja, pero en el oficialismo hay quienes creen que esos nombres circulan como parte de una estrategia del Presidente para preservar el nombre de la mujer o el varón que jure al frente de la cartera que, por ahora, sigue en manos de la ex socia del mandatario.

Antes de las versiones sobre la salida de la ministra, Soria sonó como futuro titular de la bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal, que conduce Martín Doñate, quien, si no fuera nombrado en el Ejecutivo, podría jugar un rol destacado en Diputados. El tema estaba planteado con anticipación, pero todavía no hay precisiones sobre cuáles serán los resortes del oficialismo para lograr revertir la complejidad política que cosechan los temas judiciales en Diputados. En ese recinto, Massa les repite a sus cercanos que la clave no estará en los debates de ese calibre, sino en las respuestas económicas que pueda ofrecer el oficialismo en medio de la pandemia y en vísperas de un proceso electoral determinante. 

Las iniciativas continuarán para contribuyentes autónomos y monotributistas, dos públicos que también están en la mira de la Casa Rosada ante los datos que hablan de un previsible desencanto del electorado de clase media con la administración Fernández. Sobre ese territorio trabajará Massa, como un primer paso luego del discurso presidencial del 1 de marzo, en el que Fernández sobreimprimió con sus palabras una agenda con los temas judiciales identificados con el kirchnerismo.

De acuerdo a las encuestas que maneja un sector del oficialismo, hay una percepción mayoritaria en la ciudadanía sobre la necesidad de contar con ayuda estatal, pero no traducida como un subsidio, sino como un incentivo para mejorar. En esa lógica radica que los referentes del Frente de Todos en Diputados ahora hablen de "alivios económicos" para la población, pero especialmente para los sectores de jóvenes asalariados, que tendrán un beneficio directo si prospera el cambio en Ganancias y la retroactividad a principios de año. 

Con el mismo prisma analizan el impacto de los debates judiciales. La percepción que más resuena en los despachos oficiales es que "si los políticos se meten en un tema judicial es para arreglar las cosas de los políticos". Sin embargo, en el kirchnerismo no pierden de vista que el Poder Judicial y los jueces son los que tienen peor imagen pública y que no resulta tan gravoso exponerlos en el debate público. Con esa premisa, las tribus del FdT analizan cómo abordar ese eje, pero con los recaudos políticos necesarios para evitar que se transforme en un búmeran de consecuencias electorales imprevisibles.

 

 

* Para www.letrap.com.ar

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