El FDT afila sus espadas judiciales para una dura batalla en el Congreso

POLÍTICA 12 de marzo de 2021 Por Claudio Mardones*
El oficialismo tiene un complejo camino para transformar en ley las reformas que impulsa la Casa Rosada. Losardo, un viaje de ida. La pelea que viene con JxC.
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Quien reemplace a la ministra de Justicia Marcela Losardo redefinirá la relación del Gobierno con el Congreso y especialmente con el bloque del Frente de Todos en los dos recintos. Los empuja la ambiciosa agenda de proyectos en materia judicial que anunció el presidente Alberto Fernández el 1° de marzo frente a un escenario muy escarpado en Diputados para transformarlos en ley. La misión de defenderlos, cuando la Casa Rosada decida avanzar y enviarlos al Legislativo, correrá por cuenta de las principales autoridades del frentetodismo, pero con una primera línea integrada por un puñado de legisladores que en su mayoría se identifican con el kirchnerismo.

Los voceros más destacados del bloque seguirán siendo los diputados Leopoldo Moreau, que encabeza la comisión Bicameral de Control de Organismos de Inteligencia, y Rodolfo Tailhade, titular de la comisión de Justicia. A ellos se sumará Vanesa Siley, al frente de la comisión de Legislación del Trabajo e integrante del Consejo de la Magistratura. Los tres responden al titular del bloque Máximo Kirchner y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cuentan con un cuarto escudero: el rionegrino Martín Soria, vicepresidente primero de la comisión de Legislación Penal, por debajo de la entrerriana Carolina Gaillard. El legislador patagónico resuena como uno de los posibles recambios de Losardo, pero su integración al panperonismo tiene más puentes con el albertismo que con el kirchnerismo, especialmente en asuntos jurídicos.

Las diferencias internas respecto del abordaje de las reformas que reclama el Gobierno registran antecedentes incómodos dentro del oficialismo. Hasta ahora el bloque que conduce Kirchner todavía no tuvo posibilidades de tratar dos textos que ya fueron aprobados por el Senado entre agosto y noviembre, como la reforma del Ministerio Público Fiscal y la Reforma Judicial. Ambos textos están en Diputados desde el año pasado y fueron girados a las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales, esta última presidida hasta diciembre pasado por el santacruceño Pablo González. Por entonces, dejó la banca para asumir la presidencia de YPF. 

 De aquellos días surgen los recuerdos más amargos sobre la compleja convivencia de las tribus del oficialismo en cuestiones judiciales. Fue cuando Fernández le pidió a los diputados que traten el proyecto de reforma judicial que había sido aprobado en el Senado. Ante la reiteración de la solicitud presidencial, Kirchner llamó a Tailhade y González. Les pidió que se reunieran con Losardo para que le dieran un panorama a la ministra. "Cuéntenle que no nos alcanzan los votos y que proponga una hoja de ruta", les dijo el titular del bloque oficialista como una forma de pedirle a la funcionaria que ejerciera en términos prácticos el involucramiento discursivo del Presidente en las reformas que envió. 

El pedido encerraba una nueva exploración con Losardo. Significó un repechaje de acercamiento luego de los cortocircuitos experimentados en el Senado durante el tratamiento de la reforma judicial. En esos días hubo bronca ante el silencio de la ministra para defender un proyecto que llevaba la firma del Presidente. En su lugar, las encargadas de empujarlo fueron las senadoras María de los Ángeles Sacnun, al frente de Asuntos Constitucionales y Anabel Fernández Sagasti, titular de Justicia. Poco después, CFK le devolvió la gentileza y dijo que ese texto no era una "verdadera" reforma del Poder Judicial. 

Según pudo reconstruir este portal, Losardo recibió de inmediato a los dos diputados junto a Gerónimo Ustarroz, representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. La funcionaria escuchó el panorama, repasó el poroteo de apoyos y resistencias y escuchó el interés de sus interlocutores por coordinar una estrategia que la involucrara. "Losardo nunca nos devolvió el llamado y desde entonces no volvimos a hablar", confió resignado una alta fuente del bloque oficialista para confirmar que el último contacto con el Ministerio de Justicia para abordar el escenario en Diputados fue hace tres meses.

Tales desencuentros, mantenidos en reserva hasta ahora, son parte del complejo paisaje que le esperan a los textos que mencionó Fernández el 1° de marzo, a partir de propuestas impulsadas por el Consejo de Asesores que convocó el año pasado para analizar reformas en la Justicia. Habló de reformar el Consejo de la Magistratura, crear un nuevo tribunal que analice la competencia de la Corte en distintos casos y pidió al Congreso que efectúe el "control cruzado" sobre el Poder Judicial. 

Al día siguiente, el senador Oscar Parrilli, considerado la tercera espada judicial del oficialismo en el Senado se encargó de interpretarlo y dijo que el anuncio implicaba la creación de una comisión bicameral para ejercer esa potestad. Sin embargo, sus pares del frentetodismo no están seguros de que sea la interpretación correcta. 

 Algunas voces destacadas del kirchnerismo opinan que el nuevo tribunal que propuso el Presidente es un desacierto, cuando la atención está puesta en la Corte Suprema. Consideran que los cambios en el Consejo de la Magistratura pueden aumentar el peso corporativo del aparato judicial, que ya se hizo sentir entre los asesores convocados por Fernández. Tales críticas aportan otro mosaico al rompecabezas: las iniciativas que propuso el Presidente no cuentan con el respaldo unánime de su propio bloque que todavía le reclama, desde noviembre, un mayor involucramiento en las batallas que se avecinan. Hace once días, volvió a pedir que Diputados trate la reforma y deslizó la posibilidad de negociar cambios. 

"Estamos empeñados en ese esfuerzo. Vamos a llevar adelante dentro de la ley, con la Constitución en la mano, todo lo que tenemos que hacer para que esta realidad se modifique, para que la gente tenga no solamente un servicio de justicia eficiente, sino también una democracia sin condicionamientos", le aseguró Moreau a la agencia Télam para confirmar el interés del oficialismo en avanzar con esos textos.

El legislador también mencionó este miércoles que hay contactos con Juntos por el Cambio para negociar alternativas, pero en la bancada que encabeza Kirchner ya saben que la decisión del conglomerado opositor será bloquear los proyectos judiciales que se avecinan y defender al procurador interino Eduardo Casal de una posible remoción a partir de las acusaciones que hay en la comisión bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal, que preside Martín Doñate. 

 Entre las dudas sobre la voluntad del Ejecutivo para respaldar las reformas que envió el Presidente y la decisión de JxC de negarse a avalar cualquier cambio en materia judicial, los interrogantes que se respiran en el FdT pasan por las concesiones posibles para afianzar la negociación que permita avanzar en los proyectos que votó el Senado o aguardar el resultado de las próximas elecciones, donde el oficialismo apunta a sumar las diez diputadas y diputados que le faltan para tener cuórum propio. 

 

 

* Para www.letrap.com.ar

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