Soria, el talibán para ir a la guerra con los jueces

OPINIÓN 16 de marzo de 2021 Por Fernando González*
La designación del rionegrino abre la puerta a un conflicto institucional, en plena campaña electoral.
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"Era muñeco inflable o talibán, pero fue talibán”. Esa era la frase que circulaba ardiente en los chats de jueces y fiscales durante el anochecer del lunes. En la Corte Suprema, en la Cámara de Casación, en la Cámara Federal y en Comodoro Py estaban esperando la señal del Gobierno. Muñecos inflables les llamaban a todos los funcionarios cercanos a Alberto que llegaran al ministerio para cumplir las instrucciones de Cristina Kirchner. Talibanes les decían a cualquiera de quienes estuvieran dispuestos a ir a la guerra sin concesiones contra la Justicia. Y Martín Soria, el nuevo ministro, es un talibán.

A ninguno de los jueces importantes de la Argentina lo sorprendió la designación. La candidatura del diputado Martín Soria para reemplazar a Marcela Losardo en el ministerio de Justicia siempre fue la única opción para todos ellos. A pesar de todos los nombres que se barajaron. Desde el de los albertistas Julio Vitobello, Alberto Iribarne o Vilma Ibarra, pasando por el de la abogada feminista Marisa Herrera y terminando con la efímera versión del kirchnerista Eduardo Wado de Pedro. Fueron los fuegos de artificio con los que Alberto Fernández, una vez más, intentó postergar lo impostergable.

Cristina había empezado su tarea de demolición seis meses atrás. Desde la primera carta pública sobre el funcionamiento del Gobierno para desembocar, frenética, en el discurso ante la Sala II de la Cámara de Casación para defenderse de las acusaciones en la causa de dólar futuro. “Ustedes son los responsables”, les gritó esa tarde la Vicepresidenta a los camaristas, dando a entender que la división de poderes la tiene sin cuidado. En esas horas, Losardo se atrevió a marcar un matiz de diferencia con respecto a las definiciones de Cristina y al anuncio del Presidente en el Congreso sobre la formación de una Comisión Bicameral para investigar e interrogar a los jueces. “Pero no los va a poder echar”, intercedió la ministra, en busca de un puente demasiado lejos. Veinticuatro horas después de ese rapto de independencia, les avisó a sus colegas del Gabinete que abandonaba el cargo.

Desde que perdió las elecciones para gobernador en Río Negro ante Arabela Carreras, Soria llegó a la Cámara de Diputados como premio consuelo, pero se recompuso rápido alineándose con los duros del kirchnerismo. Su estilo provocador y las frases marketineras en Twitter, como “Lawfare al palo” o “Comodoro PRO” (por Comodoro Py) le hicieron acceder a un rincón tibio cerca de Máximo Kirchner y de la propia Vicepresidenta. Cuando empezó el derrumbe de Losardo, Soria fue desde el comienzo el candidato para ir a la guerra contra ese fantasma histórico del kirchnerismo: la corporación judicial.

Los objetivos están claros. A Cristina la desvelan la Reforma del Ministerio Público, para que los fiscales (muchos de ellos simpatizantes a cielo abierto del kirchnerismo) puedan controlar las investigaciones. Y tiene entre sus obsesiones a algunos jueces federales, a algunos camaristas y a todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Si alguna vez, los peronistas Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, y la jueza Elena Highton de Nolasco, fueron parte de una mayoría circunstancial del paladar kirchnerista, esa circunstancia voló por los aires con el ataque frontal de la Vicepresidenta, acompañado por un Alberto Fernández cada vez más flexible.

La guerra declarada con la designación de Soria tiene, sin embargo, un componente que se va fortaleciendo. Son varios los jueces, y también fiscales, que ante la ofensiva prefieren unir fuerzas con colegas que hasta hace poco eran poco menos que adversarios. En este escenario, se achicaron por ejemplo las distancias entre el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y su antecesor, Ricardo Lorenzetti. El mismo fenómeno sucede en todas las instancias judiciales. Crece la solidaridad porque el ataque del kirchnerismo no distingue entre los fanáticos de la grieta y los moderados. Los propios son los únicos beneficiados. El resto, son enemigos.

La blitzkrieg contra los jueces ha provocado que muchos de ellos, acostumbrados al perfil bajo y a emitir sus fallos lo más lejos posible de las presiones de la política, también se hayan comenzado a sentir víctimas de esta avanzada. Y el nombramiento de Soria ha confirmado sus peores presentimientos. Por eso, hay que prestar atención a algunos pronunciamientos recientes como parte de una resistencia a la embestida a la que vienen siendo sometidos.

El rechazo de las apelaciones a favor de la activista Milagro Sala; el pase de la causa por supuesto espionaje durante el macrismo desde el juzgado federal de Lomas de Zamora a Comodoro Py o las condenas de prisión contra Lázaro Báez y sus hijos hablan de una convicción creciente a no dejarse llevar por delante. “No hay que tener miedo; hay que trabajar en silencio y con efectividad para poner los límites que correspondan”, explica uno de los jueces apuntados, preocupado por la magnitud del conflicto institucional en medio de la campaña electoral.

Van a ser meses de incertidumbre y de zozobra, dos sensaciones que la Argentina conoce demasiado bien. Los diez días que pasaron entre la primera versión de renuncia en el ministerio de Justicia y la concreción del cambio muestran a Alberto Fernández cediendo cuotas demasiado onerosas de poder para satisfacer los deseos de Cristina. Hay un equilibrio que se ha roto con la llegada de los talibanes al campo de batalla. Y ya se sabe cuánto daño le hacen los desequilibrios al país imperfecto.

 

 

* Para Clarín

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