Falló la vacunación estatal: el riesgo de otra cuarentena

POLÍTICA Por Guillermo Kohan *
La mayoría de los expertos coincide en que la Argentina no tendrá ni vacunas suficientes este año, ni capacidad para aplicarlas en número relevante para frenar la pandemia
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Significa también que, si no se modifica en forma urgente esta durísima realidad, habrá renovadas presiones que por cierto ya comenzaron por parte de funcionarios y científicos por volver a cuarentenas más o menos extremas, por suspender actividades, por mayores restricciones a la circulación a las que todavía existen; todo un escenario complejo para la economía que de por sí arrastra una mochila impresionante en la actualidad para no terminar de sucumbir. 

Una nueva ola de cuarentenas, más o menos estrictas por falta de vacunas, puede ser el golpe de gracia para la recuperación o el rebote después de la pesadilla en 2020. Imposible ajustar el déficit, menos reducir la emisión para financiarlo.

Ya hoy las pocas empresas y autónomos que sobreviven están amenazados. Podrían quedar grogui si se aprueba en el Congreso el nuevo impuestazo a las Ganancias que propone el oficialismo.

Quieren llevar la alícuota que hoy está entre 25% y 33% arriba de 40% sin contemplar la inflación. Una locura que significaría que hasta un empresario pyme que quiera retirar algo de utilidad de su compañía para vivir, tendría que pagar 42% de impuestos, ya que lo penalizan con 7% extra por retirar su plata. Para el campo, sumando las retenciones, los impuestos llegarían a superar 70% para el Estado, 30% para el que trabaja.

Para empeorar el cuadro, el festival de impuestos provinciales a los ingresos brutos combinado con la suba y multiplicación de las tasas municipales agregaron en un año entre 10 y 15 puntos adicionales a la carga estatal contra cualquiera que desarrolla una actividad privada

La economía tambalea por la inflación, el ahogo impositivo, y la falta de inversión y crédito. Dólares no llegan por el temor a un modelo cada vez más expropiador, por el fracaso en la restructuración de la deuda, el fuertísimo desequilibrio fiscal y monetario, y la tensión que se viene con el FMI por los vencimientos de este año que la Argentina no quiere pagar.

Las tarifas son un aquelarre: mientras a YPF y a las petroleras se les permite alguna recomposición, siguen congeladas las tarifas domiciliarias de gas y luz. Pero a las empresas les anuncian incrementos entre 50% y 100%. Eso sí: las obligan a mantener sus precios congelados, pese a la suba generalizada de costos.

La fallida renegociación de la deuda del equipo de Martin Guzmán dejó un fenómeno nunca visto: los bonos reestructurados cotizan hoy peor que los anteriores que estaban en default.

La profundización del cepo cambiario sigue haciendo su trabajo dejando al país cada vez con menos divisas. Compra dólares el BCRA, pero no suben las reservas. No quedaron dólares, por ejemplo, ni para anticipar los pagos de vacunas a los laboratorios internacionales como hizo Chile e Israel el año pasado. Tampoco para abastecer las importaciones si el país reactiva. Ahora se aplica un cepo ideológico: se impide, por ejemplo, el ingreso de repuestos y neumáticos para tractores y cosechadoras. Justo en el momento que comienza la cosecha.

La falta de una vacunación suficiente y la perspectiva de otro agravamiento sanitario y socioeconómico este año 2021 representan una realidad dramática para el país.

Para quienes conocemos y venimos advirtiendo sobre el modelo del "estatismo trucho" que gobierna hace décadas a la Argentina, no ha sido una sorpresa que, si la provisión y administración de vacunas se cerraba exclusivamente a un férreo monopolio estatal, el tema terminaría en un desastre. Sin vacunas, con robo y malversación de dosis para repartir entre los amigos, con el oficialismo intentando un programa de vacunación militante a cambio de votos y demás calamidades.

Todavía hoy, y a pesar de los escándalos de acomodos y robos de vacunas para los amigos, siguen los privilegios. No sólo les aseguraron primero la vacuna a todos los docentes sin importar la edad que tengan, sino que con el dirigente Roberto Baradel blanquean el plan de vacunación militante, ya que las dosis se suministran en los locales de SUTEBA, no en centros sanitarios

Si el Estado argentino sigue con el monopolio absoluto de la vacunación todo seguirá empeorando. Es urgente que se abra el juego al sector privado. Hay 20 millones de argentinos que se atienden por las obras sociales, los hospitales, clínicas y sanatorios de gestión privada y el sistema de medicina prepaga. Ya podrían estar accediendo a las vacunas y ayudando al Estado a concentrar sus esfuerzos y presupuestos en garantizar las vacunas para los millones de argentinos que sólo tienen al Estado para atenderse. Lo más anti progresista y lo más injusto es lo que hoy rige en el plan del Gobierno: un Estado pobre e ineficiente tiene que ocuparse de vacunar a los ricos.

El Estado debe permitir que cualquier organización médica autorizada pueda adquirir y suministrar las vacunas que están autorizadas. Y ante la emergencia en la que está el país, no basta con que la Ciudad de Buenos Aires, o provincias o municipios se quejen de que no le entreguen vacunas. Deben exigir la posibilidad de que les autoricen a comprar vacunas. También el sector privado de la salud, las obras sociales, médicos, sanatorios y hospitales deberían exigir en voz alta al Estado que los deje participar y denunciar a los funcionarios que pretenden administrarlo todo ellos.

Ni siquiera permiten a las farmacias aplicar vacunas, cuando el colegio de farmacéuticos explicó que podrían aplicar 6 millones de dosis por mes. También las principales empresas han ofrecido colaboración al Presidente.

No les respondieron. Los responsables del plan de vacunación militante centralizando todo al margen de los municipios, los que no permiten que los intendentes y gobernadores vacunen en sus distritos, los que repartieron vacunas de privilegio entre funcionarios y amigos, son increíblemente los que siguen a cargo del problema. El Presidente, ausente.

Tras el despido a Ginés González García, el Gobierno se debate entre mantener el estatismo moderado del ex ministro que intenta sostener Carla Vizzotti con apoyo de los sindicatos y de la Patria Sanitaria Privada; o virar al estatismo extremo de Soberanía Sanitaria. Los ultra estatistas de la provincia de Buenos Aires liderados por el ministro Daniel Gollán, que reporta a Cristina y ya comenzó a acusar a los turistas por los contagios que se vienen; y Nicolás Kreplak, que reporta a Máximo Kirchner y anticipó que se vienen limitaciones. Como el jefe de Estado, también Axel Kicillof es convidado de piedra en esta disputa, aunque lógicamente respalda los planes de Cristina.

Mantener el monopolio de las vacunas en manos del Estado garantiza un fracaso seguro. Lo sabemos de memoria y por experiencia. Inaceptable además en un país capitalista, donde los principales laboratorios del mundo que producen vacunas están presentes desde principios del siglo pasado. Y que reconoce una historia ejemplar en vacunar a su población a través de un sistema público y privado, descentralizado, federal y de probada eficiencia en más de 100 años de historia sanitaria argentina.

*Para El Cronista

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