Tiembla el acuerdo de precios y salarios: el titular de la CGT anunció un paro en 16.000 centros de salud privada

ECONOMÍA 24 de marzo de 2021 Por Juan Manuel Barca*
El gremio de Sanidad pide una compensación por el deterioro del año pasado. Su líder, Héctor Daer, es uno de los principales aliados de Alberto Fernández.
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El acuerdo de precios y salarios entró en zona de turbulencias con las medidas de fuerza anunciadas en el sistema de salud privado y nuevos cuestionamientos a los controles oficiales. Después de fracasar las negociaciones paritarias, el gremio de Sanidad, liderado por Carlos West Ocampo y Héctor Daer, puso en marcha la convocatoria a asambleas este jueves y un paro nacional de 3 horas por turno este viernes en reclamo de un aumento del 16% para compensar el deterioro salarial del año pasado, mientras en simultaneo los empresarios de la actividad pujan por descongelar aranceles y tarifas.

La medida sorprendió al Gobierno ya que Daer es uno de los dos titulares de la CGT y un dirigente cercano a Alberto Fernández, que participó de las reuniones donde se selló el acuerdo para que los sindicatos recuperen la pérdida en sus ingresos durante el 2020 y negocien un incremento de hasta cuatro puntos por encima de la pauta de inflación oficial del 29%. El Ejecutivo asegura que, de esa forma, habrá una mejora real de los ingresos en 2021, aunque las consultoras privadas esperan una suba en los precios por encima del 40%. A cambio, los sindicatos se suponía que debían garantizar un período de paz social, por lo menos hasta las elecciones de octubre.

Pero las paritarias más importantes iniciadas en los últimos días arrastran tensiones. En el caso de Sanidad, el conflicto se precipitó este lunes durante una audiencia encabezada por el titular de la cartera laboral, Claudio Moroni. Allí, Daer y Westo Ocampo ratificaron el pedido de un 16% en una sola cuota desde abril para compensar la pérdida del año pasado al obtener un 21%, por debajo de la inflación del 36,1%. Pero las cámaras patronales alegaron la imposibilidad de hacer frente al reclamo por el aumento de costos, el congelamiento de los aranceles que paga el PAMI a los prestadores y la insuficiencia de los ajustes autorizados a las Prepagas.

"Viene empiojado", admitieron en Trabajo. En ese escenario, el gremio dispuso un plan de lucha que comenzará este jueves y continuará con una huelga a nivel nacional en 16.000 establecimientos, donde solo habrá atención de urgencias. La medida afectará a clínicas, sanatorios, hospitales, centros de diagnósticos, laboratorios, geriátricos, establecimientos de salud mental, empresas de emergencia medicas y atención domiciliaria, grandes hospitales de colectividades y mutuales. Todas estas ramas del sector asistencial privado integran los cinco convenios que se encuentran en discusión y que representan a 250.000 trabajadores.

"Nuestros salarios han perdido dramáticamente el poder de compra por efecto de la inflación. Hemos llegado al límite de la tolerancia. Se han agotado los plazos", advirtió ayer en un comunicado el sindicato de Sanidad. Pieza clave de la conducción actual de la CGT y representante conspicuo de los "gordos", la organización encabezada por Daer también apuntó contra las autoridades políticas: "Nadie puede mirar para otro lado, la Salud está en el centro de la escena y todos se deben comprometer con la solución, los empresarios, los financiardores del sistema, los responsables políticos de cada área de gobierno y los gobiernos provinciales".

Desde el sector empresario, en tanto, se mostraron comprensivos con la demanda sindical y responsabilizaron también al Ejecutivo por la situación. Los prestadores sostienen que el PAMI no les actualizó los aranceles durante el 2020 y que tampoco tuvieron mayores ajustes en los servicios que brindan a las Prepagas, los actores de mayor peso dentro del sistema privado y que mantienen una pulseada abierta con las autoridades por el aumento de sus cuotas. Después de un año casi sin incrementos, el Gobierno les autorizó un 10% en diciembre, un 7% en febrero -luego fue suspendido por el Presidente- y un 3,5% en marzo. 

En ese escenario, los empresarios enviaron una señal al negociar por primera vez los cinco convenios del sector asistencial en conjunto por medio de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS). "Atravesamos una situación inédita por la aparición de la pandemia, una inflación del 36% y tarifas congeladas las tarifas de nuestros aranceles desde 2019", dijo el vocero de la FAPS, Jorge Cherro. Según el también representante de las clínicas e institutos de diagnóstico (ADECRA), la brecha de costos e ingresos, sin contar la ayuda del Estado, supera el 50% por el aumento de insumos dolarizados y su mayor demanda por Covid.

Por la pandemia, el Ejecutivo dispuso el año pasado beneficios para el sector mediante la entrega de ATP hasta diciembre, la reducción de las contribuciones patronales y una rebaja de la alícuota del impuesto al cheque. Luego, una vez finalizados los ATP, se autorizaron subsidios REPROs para cubrir unos $18.000 del sueldo de cada trabajador. Pero Cherro sostiene que "todo este combo entre REPROs y beneficios fiscales impacta en un 20% de la brecha del 50%". "Es mejor que nada, pero estamos lejos. Nos convertimos de noche a la mañana en un sector subsidiado", señaló.

 

 

* Para www.iprofesional.com

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