Juego clandestino en Santa Fe: "algo huele a podrido"

La detención del empresario Leonardo Peiti, acusado de manejar el juego clandestino en distintos puntos de la provincia, abre un nuevo capítulo de una trama que desde un principio dejó al descubierto las oscuras relaciones de la política con un negocio ilegal que recauda mucho dinero.
 
Peiti tiene tres frentes judiciales abiertos, pero hasta ahora gozaba de su libertad luego de entregarse y presentarse como arrepentido el 27 de julio pasado. Tras un acuerdo con los fiscales de Rosario Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, el empresario declaró -entre otras cosas- que pagaba sobornos a los fiscales Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal. A cambio de suministrar esa información en la causa en Rosario, Peiti nunca fue detenido.

Diez días después de que Peiti se presentara como arrepentido fue detenido en Rafaela David Alejandro Perona, uno de los supuestos socios del empresario rosarino, que manejaba una red de salas de juego ilegales en varias localidades de la región.

 Perona falleció el 22 de noviembre en su casa, donde estaba detenido, por las complicaciones que generó en su salud el coronavirus. Pero la causa había avanzado a paso firme, tras la caída de varios jefes policiales involucrados en el cobro de coimas a cambio de que Perona pudiera manejar sin inconvenientes las salas de juego ilegal, que tenían en la puerta un cartel que deba la pauta del nivel de la protección que gozaba: " Casinos Perona".

ntre los vínculos que unían a Perona con Peiti aparece, entre las evidencias que se hicieron públicas en las sucesivas audiencias en Rosario, figura un Renault Kwid a nombre del rafaelino, que fue secuestrado el 21 de julio pasado en la casa de Fisherton donde fue detenido este jueves el empresario. Ese auto lo había ganado Perona en el sorteo de la 34a edición del “Auténtico Bingo de Brown de San Vicente”. Los investigadores también secuestraron un pendrive en el domicilio de la secretaria de Peiti, en el que figuraban anotaciones con altos montos a nombre de Perona y de un gran cantidad de cheques que tenían escrito el nombre “David”.

 Peiti estaba tranquilo porque con el acuerdo que había sellado en la Fiscalía de Rosario no iría preso. Pero se equivocó. La interpretación que hacen fuentes del MPA es que la decisión de plegarse a la figura de arrepentido en la causa en Rosario no le daba inmunidad para el resto de las causas, como la que se llevan adelante en Melincué y en Rafaela.

 La detención del empresario y de su hermano Esteban provocaron sorpresa en el entorno cercano del empresario. “No lo esperábamos porque había un acuerdo firmado en el MPA. Esto huele a podrido”, admitió a Aire de Santa Fe Angelo Rossini, que ejerce la defensa técnica de Peiti.

Este jueves los fiscales de Rafaela Guillermo Loyola y Gabriela Lema ordenaron 24 allanamientos. Se produjeron 16 en Rafaela, cinco en Rosario y los restantes en Lehmann, Ataliva, Eusebia y Carolina.

 Los funcionarios del MPA actuaron bajo estricta confidencialidad en este último tramo de la investigación. Incluso generaron mecanismos administrativos para evitar que la información se filtrara. La razón, según señalaron fuentes del MPA, respondió a las influencias y vinculaciones políticas de esta trama en Rafaela, ciudad a la que pertenecen varios miembros del gobierno, entre ellos, el gobernador Omar Perotti.

Un punto de quiebre en esta causa fue la detención de los jefes policiales que pasaron por Rafaela. Los cuatro policías retirados y uno en actividad que fueron aprehendido tuvieron altos cargos en la estructura policial en la Unidad Regional V de Rafaela, como Juan Pablo Bengoechera, que fue jefe de la URV y también de la URII, de Rosario; José Pérez, de 51 años, que llegó a ser subjefe de la Policía de Santa Fe; Fabián Forni, ex titular de la URIX de Reconquista, que pidió su pase a retiro en diciembre pasado en oposición a los cambios que hizo el Ministerio de Seguridad en la fuerza. También fue imputado Javier Gorosito, ex jefe de Orden Público de Rafaela, y Flavio Aranda, quien es el único de los detenidos que se encuentra en actividad; fue titular de la Agrupación Cuerpos en la época en que Bengoechea era jefe de la Unidad Regional de Rafaela.

Según lo que se apuntó en la audiencia imputativa, a cargo en ese momento del fiscal Martín Castellanos, que se realizó en noviembre Perona pagaba coimas generosas a los jefe de la policía, con sumas que iban desde 120.000 a 280.000 pesos por semana o cada 15 días.

 Según la imputación que hizo el fiscal Castellanos, Perona y Marcelo Uberti, uno de sus socios, entregaban por semana a Gorosito y Pérez 120.000 pesos. “Esas sumas de dinero eran entregadas de forma personal y provenían de la ganancia de la actividad de los juegos de azar”, señaló el fiscal en la audiencia. A Gorosito, por ejemplo, le entregaban la “coima” en la intersección de las calles Mitre y José Ingenieros, debajo de las tribunas del estadio de Atlético Rafaela. Otras veces le daban los sobres en la jefatura de Policía.

 De acuerdo a la acusación, Forni, Aranda y Bengoechea cobraban sumas de dinero mayores, que oscilaban entre los 120.000 y 280.000 pesos semanales y cada quince días. El ex jefe de la URV enviaba a un subalterno a buscar la plata de las supuestas coimas, según Castellanos. El periodo que demarcó el fiscal sobre el cobro de sobornos es entre 2015 y noviembre de 2017.

“Los civiles investigados entregaban parte de las ganancias obtenidas de la actividad ilegal a los policías en los períodos en que cada uno de ellos formó parte de la asociación ilícita, conforme a un acuerdo existente para el reparto de las ganancias”, describió el funcionario.

 Castellanos argumentó que “la entrega del dinero era a raíz de la protección policial que brindaban para que las actividades delictivas de la organización criminal sean factibles y desarrolladas con los menores contratiempos posibles”.

 A cambio del dinero, estos policías, “por la alta jerarquía que ocupaban”, daban a Perona y Uberti “información de significativa relevancia” para que los “empresarios” “conserven a resguardo las salas donde se desplegaba el juego clandestino”. Este pack de complicidad también incluía, de acuerdo a la imputación, darle a Perona “información sobre las investigaciones fiscales”.

 Los locales que manejaba Perona estaban habilitados por la Municipalidad de Rafaela para operar bajo otros rubros pero en realidad eran salas de juego ilegal. El próximo viernes, cuando se realice la audiencia imputativa contra Peiti, se conocerán los detalles que guardan bajo siete llaves los fiscales que investigaron este nuevo capítulo de una trama en la que aparecen en uno y otro lado intereses y relaciones políticas.

Fuente: Aire de Santa Fe, sobre una nota de GERMÁN DE LOS SANTOS