Causa por causa, la batalla de ajedrez de Cristina Kirchner en Comodoro Py con Martín Soria como alfil político

Cristina Kirchner llegó a la vicepresidencia embargada e inhibida, rodeada por un puñado de causas por corrupción que llenan líneas en su biografía política. Pero no se puede acusar a la líder del Frente de Todos de falta de paciencia. Esperó más de un año que Marcela Losardo, la elegida por Alberto Fernández activara la ofensiva contra la Justicia, donde la exjefa de Estado tiene frentes abiertos en todos los niveles: desde Comodoro Py hasta la Corte Suprema. 

Con Losardo fuera del mapa, el alfil Martín Soria podrá entrar a pleno en el juego con la bandera del “lawfare al palo” como estandarte. En su primer día como ministro, lanzó una advertencia al procurador Eduardo Casal. “Es insostenible”, dijo sobre su continuidad en el cargo. Y comunicó su misión: la reforma judicial penal y la del Ministerio Público Fiscal, en tanto su jefa política sigue moviendo piezas: Roberto Boico, quien fuera su abogado en la causa del Memorándum, fue designado en la Sala II de la Cámara Federal porteña y Oscar Parrilli, también defendido por el nuevo camarista, impulsa una bicameral en el Congreso para investigar a jueces y fiscales.

Otra señal: el titular de la Oficina Anticurrupción, Félix Crous, se retiró de la querella de Hotesur y Los Sauces y adelantó que hará lo mismo en otras causas de corrupción. “Iniciaremos otras querellas”, avisó.

Las causas contra Cristina Kirchner en detalle 

Dólar futuro 

“Ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que Macri ganara”. Ese fue el grito de guerra que pronunció la exmandataria desde su despacho de Senadores, el 4 de marzo. Del otro lado de la pantalla, vía Zoom, escuchaban los integrantes de la Sala I de la Cámara de Federal de Casación Penal, los mismos que deben definir si se inicia el segundo juicio por la causa dólar futuro contra la vicepresidenta, tal como lo reclama el fiscal Diego Velazco.

El mensaje llegó sin sutilezas a toda la Justicia. En el tablero de ajedrez del kirchnerismo, la llegada de Soria al Ministerio anunció que el Gobierno está dispuesto al jaque mate, incluso sacrificando a una de las piezas más valiosas para el Presidente. En la última audiencia, la vice expuso su juego que escala hasta su predecesor: “Tengo claro que Cristina me quiere preso”, dijo en una entrevista el expresidente

En octubre de 2015, los diputados Mario Negri (UCR) y Federico Pinedo (PRO) denunciaron a Alejandro Vanoli, en ese entonces presidente del Banco Central, por perjuicio al organismo a raíz de una mala instrumentación de las operaciones de venta de dólar futuro.

En mayo de 2016, el fallecido juez federal Claudio Bonadio procesó a Vanoli, a la expresidenta y a Axel Kicillof, quien fuera ministro de Economía en el momento en el que se llevó a cabo la operatoria investigada que, según estimaciones, habría provocado una pérdida de unos US$17 mil millones al Central. También, el expresidente de la Comisión de Valores Cristian Girard, actual director de ARBA.

En marzo de 2017, por pedido del fiscal Eduardo Taino, Bonadio elevó la causa a juicio. Desde entonces, interviene el Tribunal Oral Federal (TOF) N°1, integrado por José Michilini, Antonio Basílico y en María Gabriela López Iñíguez en calidad de subrogante tras la excusación de Adrián Grunberg, que planteó la inexistencia de delito.

En instrucción complementaria, el TOF ordenó un peritaje al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para determinar si la operatoria investigada ocasionó un verdadero perjuicio para el Central. Tras el informe, las defensas pidieron el sobreseimiento de los acusados. Ante la negativa, acudieron a la Cámara Federal de Casación.

Los camaristas Daniel Petrone, Diego Barreoetaveña y Ana María Figueroa deberán decidir si la causa pasa del estado de instrucción complementaria al juicio oral, tal como lo solicitó el fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal Raúl Pleé.

Vialidad

A diferencia de la causa conocida como la Ruta del Dinero K, en la que Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero, la Justicia consideró que en este expediente sí hay evidencias suficientes para vincular a Cristina Kirchner con una presunta maniobra de corrupción protagonizada por el empresario patagónico, amigo íntimo y hombre leal del expresidente Néstor Kirchner. Incluso, en este caso la vice es considerada la jefa de la organización.

En concreto, bajo la lupa judicial están 51 obras viales en Santa Cruz adjudicadas a Austral Construcciones, entre los años 2009 y 2015 por 46.000 millones de pesos.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron al juez Julián Ercolini que la causa -que se inició en 2016 tras una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Macri- sea elevada a juicio.

El debate comenzó el 21 de mayo de 2019 y está a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 2. Diego Luciani es el representante del Ministerio Público encargado de llevar adelante la acusación. El Tribunal está conformado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

En diciembre de ese mismo año, a ocho días de asumir como vice, Cristina declaró por primera vez en el banquillo de los acusados de la Sala AMIA. Fueron tres horas en las que la exjefa de Estado mostró su enojo con varias ironías, golpeó la mesa. También habló de Lawfare. En su descargo, llamó “guionista” a Luciani, “mutante” a Ercolini y “corsarios judiciales” a Pollicita y Mahiques. También aclaró que no es es amiga de Báez. Incluso, se sabe, que la relación con el empresario patagónico es distante.

“Van a tener un problema, van a tener que citar al Presidente”, les advirtió la exsenadora a todos en el recinto, quizás, pensando que el ataque de Alberto Fernández sería más contundente contra la Justicia, una postura que tantas veces le reclamó sin llegar a tildarlo de “tibio”, un término en desuso del kirchnerismo.

Además de la vice y Báez, también están siendo juzgados varios exfuncionarios K. Entre ellos, Julio De Vido, José López (que fue arrestado luego de lanzar bolsos con dinero a un convento) y Carlos Kirchner, primo de Néstor.

Tras un párate por la pandemia, el juicio se reanudó en febrero.

Cuadernos

Las detenciones y allanamientos que libró el juez Claudio Bonadio provocaron un terremoto en la esfera empresarial y política. Fue el 1 de agosto de 2018, tras la revelación de las anotaciones de viaje de Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta, funcionario de Planificación del kirchnerismo.

Cristina Kirchner fue señalada por el extinto juez como jefa de una asociación ilícita dedicada a sobornos. De hecho, pidió su prisión preventiva, que no se concretó por sus fueros como senadora.

Según la hipótesis del magistrado, los recaudadores obtuvieron un monto aproximado de US$ 55.460.000 entre 2003 y 2015.

En septiembre de 2019, la causa fue elevada a juicio con 53 personas acusadas, entre ellos, la vice, Baratta, Julio De Vido y José López.

Fue Carlos Stornelli el fiscal que instruyó la causa con las anotaciones de Centeno pero son los testimonios de una veintena de arrepentidos el principal activo contra la vicepresidenta. Por eso, las declaraciones son el blanco a derrumbar por las defensas. Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, es uno de los empresarios que admitió haber dado dádivas a funcionarios durante la gestión K, entre 2003 y 2015.

Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de Cristina hasta 2010, también declaró bajo la figura de arrepentido. Estuvo detenido y fue procesado. En julio de 2020 fue asesinado durante un robo en su casa de El Calafate.

A raíz de la investigación, se abrieron expedientes conexos: el uso de aviones presidenciales con fines domésticos, la cartelización de la obra pública y el pago de sobornos a cambio de subsidios en el transporte público.

El caso ahora está bajo instrucción complementaria en el Tribunal Oral Federal N°7, compuesto por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castell. Deberán llevar adelante el juicio. La fiscal en esta instancia es Fabiana León.

Hotesur

La Sala I de la Cámara Federal apartó a Claudio Bonadio en julio de 2015 y Julián Ercolini se puso al frente de la causa que investiga el presunto lavado de dinero a través de falsos alquileres de habitaciones del Hotel Alto Calafate. Para muchos, el complejo enclavado en la ciudad santacruceña es uno de los emblemas de la corrupción K y que pega de lleno en el corazón de la familia.

Pese al desplazamiento del juez, que pidió la defensa de Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner y sobrina de Cristina, el expediente avanzó y la expresidenta fue procesada en mayo de 2018, al igual que sus hijos Florencia y Máximo.

En febrero de 2019, tras un pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la causa fue elevada a juicio. En el sumario, Ercolini atribuyó a los procesados haber formado parte de “un complejo entramado societario” que se puso en marcha “para poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado”.

Según el juez, Néstor y Cristina Kirchner recibieron por parte de Lázaro Báez dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”. De esa manera, se habrían realizado maniobras ilícitas por unos 80.000.000 de pesos.

La preparación del debate estuvo, hasta mayo de ese mismo año, a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 8, pero el TOF 5 confirmó que estaría al frente de un juicio único por esta causa y Los Sauces (negocios inmobiliarios).

“No puedo decir si Báez lavaba dinero en el hotel, pero pensemos que, si fuera así, él único beneficiado era él. Cristina cobraba una suma fija, estuviera vacío o lleno el hotel”, dijo en campaña presidencial Alberto Fernández, al defender a su compañera de fórmula de las acusaciones judiciales.

El TOF 5 está conformado por Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg. Estiman que el debate podría comenzar a fines del 2021, tras las elecciones.

Los Sauces 

“Siempre los políticos hablan de persecución política cuando son investigados”. La frase, que no pierde vigencia, fue pronunciada en 2016 por el fiscal federal Carlos Rívolo. El funcionario judicial tenía en sus manos la denuncia que había hecho la líder del GEN, Margarita Stolbizer, en 2015 y había encontrado inconsistencia en los libros contables de Los Sauces, la inmobiliaria de la familia Kirchner en Santa Cruz. Rívolo pidió entonces una tasación de todos los inmuebles adjudicados al matrimonio y a sus hijos Máximo y Florencia. Entre ellos, propiedades de Cristina Kirchner en Puerto Madero. Un gesto que molestó, y mucho, a la expresidenta.

En abril de 2017, Claudio Bonadio procesó a la actual vice y a sus hijos, además, les dictó embargos por 130 y 100 millones de pesos. La misma medida alcanzó a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez. También a los hijos de este último (Martín, Leandro y Lucía) y a Romina Mercado, sobrina de Cristina.

La maniobra investigada implicaba un sistema de pago de supuestos retornos mediante cheques como un “último eslabón de devolución de dinero” a la familia presidencial, en una operatoria similar a la detectada en la causa Hotesur.

El juez consideró “jefes de la banda” a Cristina y Máximo. Según Bonadio, Florencia entró al esquema delictivo tras la muerte de Néstor.

En 2017, ordenó la detención del contador Víctor Manzanares, luego de detectar que “se estaban estructurando maniobras y ‘by passes’ para eludir el embargo. Pretendía cerrar así “todas las posibles vías de lavado”. Manzanares fue excarcelado en 2019 y declaró como arrepentido en una de los expedientes derivados de Cuadernos.

Los Sauces S.A se creó cuando Néstor Kirchner era presidente, en 2006. Desde 2009, la sociedad obtuvo cuantiosas ganancias, pero fue 2010 el año más rentable con la obtención de 4,8 millones en dividendos. Una de las imágenes que dejó el caso fue la apertura de la caja fuerte de Florencia, donde se encontraron 4.664.000 millones de dólares.

Memorándum con Irán

“La imputación de este Ministerio Público Fiscal se encuadra en la puesta en marcha de un sofisticado plan criminal deliberadamente ideado para encubrir y dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes acusados como responsables de haber perpetrado el atentado terrorista contra la sede de la AMIA”, escribió en el pedido de elevación a juicio el fiscal Eduardo Taiano. Bajo sospecha, está el convenio entre la República Argentina y la República Islámica de Irán, firmado el 27 de enero de 2013, en la ciudad de Addis Abeba, Etiopía.

En 2017, Claudio Bonadio procesó y pidió la detención de Cristina Kirchner, Carlos Zannini, Héctor Timerman, Luis D´Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil. La vice no fue a prisión gracias a sus fueros como senadora y el excanciller fue beneficiado con domiciliaria.

A la vez, fueron procesados Juan Martín Mena, actual viceministro de Justicia, el senador Oscar Parrilli, el diputado Andrés Larroque, el agente de inteligencia Alan Bogado y el exvicecanciller Eduardo Zuain.

El expediente se originó con la denuncia que presentó Nisman el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de aparecer con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento en Puerto Madero.

El por entonces fiscal del caso AMIA sostuvo que el acuerdo entre la Argentina e Irán buscaba la impunidad de los iraníes acusados para reflotar las relaciones comerciales entre ambos países.

Nisman afirmaba que el pacto tenía por objetivo hacer caer las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre cinco iraníes acusados, pero que eso no fue posible por el desempeño de Ronald Noble al frente del organismo que agrupa a las policías del mundo.

En marzo de 2018, el juez Claudio Bonadio elevó la causa a juicio. El expediente continúa en instrucción complementaria, en el Tribunal Oral Federal (TOF) 8, integrado por Gabriela López Iñíguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer, pese a que el fiscal Marcelo Colombo reclamó, en agosto de 2020, que el debate comenzara.

Namer, antes de asumir como jueza, se desempeñó como miembro del equipo de fiscales que reemplazó a Nisman al frente de la UFI-AMIA. A la vez, la investigación por la muerte del fiscal está en manos de Taiano.

Aviones presidenciales

Se trata de uno de los desprendimientos de la causa Cuadernos. La fiscal federal Alejandra Mangano impulsó en 2018 una investigación para determinar si Cristina Kirchner usó la flota presidencial para llevar diarios nacionales desde la Ciudad de Buenos Aires hacia El Calafate y/o Río Gallegos. La propia tripulación dio detalles de la trama de los despegues oficiales con fines domésticos: “Teníamos un vuelo que le decíamos el diariero porque volábamos los fines de semana, sábados, domingos y feriados, y en general solo trasladábamos los diarios”, dijo uno de ellos.

“Ello habría sucedido en forma regular entre los años 2003 y 2015, mientras Néstor Kirchner ejerciera la Presidencia del país, y Cristina Fernández fuera Senadora Nacional o Presidenta, en tanto que Oscar Parrili era Secretario General de la Presidencia, de la cual dependía la Casa Militar y la Agrupación Aérea Presidencial y se realizaba en los aviones Tango 02, 03, 04 y/o Tango 10 y excepcionalmente en el avión denominado 5T20”, sostuvo el juez Bonadio al procesar, en marzo de 2019, a la ahora vicepresidenta y al senador.

Los aviones no solo habrían llevado las noticias, sino también “muebles, ropa de blanco y u otro tipo de enseres cuyo destino final era alguno de los hoteles de la ciudad de El Calafate, propiedad de la familia Fernández-Kirchner”. Parrilli continúa siendo uno de los hombres de mayor confianza de la líder del Frente de Todos en la cámara Alta. Incluso, es en ese espacio la pieza más ofensiva contra la Justicia.

En noviembre de 2019, la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmó los procesamientos.

Subsidio a trenes

Es otra derivación de Cuadernos. En julio de 2019, la Cámara Federal porteña confirmó la ampliación del procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner y otros exfuncionarios, acusados de haber cobrado coimas de empresas que a su vez recibían millonarios subsidios destinados al sistema de transporte ferroviario.

La Sala I del Tribunal de Apelaciones, compuesta por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmó “parcialmente” los procesamientos a los exfuncionarios Julio De Vido, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi por cohecho. También a la vice, que ya había sido procesada por asociación ilícita.

En el expediente, se investiga “el presunto pago indebido a funcionarios por parte de los empresarios titulares de las concesiones de servicios de transporte ferroviario de un porcentaje de los subsidios recibidos del Estado”.

Según el fallo, la maniobra “aparece engarzada dentro de la estructura montada desde la cúpula del PEN con fines recaudatorios, que atravesaría al Ministerio de Planificación Federal y a distintas áreas de su competencia, incluida la Secretaría de Transporte”.

Los camaristas aludieron a deficiencias probatorios y concluyeron que “corresponde reducir a tres los casos de cohecho por los que deberán responder, siendo éstos aquellos que se han tenido por suficientemente acreditados” y no nueve como pretendió Bonadio al elevar la causa a juicio.

Cartelización de la obra pública

En diciembre de 2019, el juez federal Claudio Bonadio envió a juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a exfuncionarios y a empresarios en otra causa derivada de Cuadernos y vinculada a la presunta cartelización de la obra pública.

El magistrado dio por cerrada la investigación con 52 acusados. Entre los procesados, además de la expresidenta, están el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el secretario de Obra Pública José López.

En la operatoria, están implicados empresarios de la construcción como Juan Chediack, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Angel Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero y Gerardo Ferreyra. Además, serán juzgados Cristóbal López, Fabián De Sousa y su hermano Osvaldo.

Fue Wargner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el que dio detalles como imputado colaborador del llamado “Club de la Obra Pública”, un sistema que habría funcionado durante la gestión kirchnerista para la adjudicación irregular de obra pública mediante el pago de “sobornos”.

“Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados”, sostuvo el fiscal del caso Carlos Stornelli al pedir el envío de la causa a juicio.

En este caso, Bonadio procesó a la expresidenta por cohecho pasivo en 175 casos. En septiembre de 2020, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Liliana Catucci, Guillermo Yacobucci y Eduardo Riggi, confirmó su procesamiento parcial, tal como lo había solicitado el fiscal Mario Villar, y el embargo de 20 millones de pesos.

En la resolución, Bonadio se refirió a la principal estrategia defensiva de Cristina Kirchner: la “persecución judicial”. La investigación “ha permitido verificar la existencia de esta organización delictiva” por lo que “debe sostenerse, sin ambages, que la actividad desarrollada por este Tribunal no se trata de una `persecución judicial, sino de una verdadera investigación judicial”.

 

 

* Para TN