El embajador argentino ante la OEA sale al cruce tras la dura carta del exministro Germán Garavano

El último viernes el ex ministro de Justicia del macrismo, Germán Garavano, envió una dura carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) donde acusa al actual Gobierno de pretender «concentrar el poder» y «afectar el sistema democrático». Este lunes el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, salió a responder la misiva que fue replicada por el propio Mauricio Macri en sus redes sociales.

«Atribuyo esta denuncia a la necesidad de mostrar alguna reacción frente a las revelaciones que tuvimos en últimos días de la vida social compartida entre la Justicia y Macri», señaló Raimundi en diálogo con Radio 10. La referencia es a la «Operación Olivos», la investigación que impulsa el Ministerio de Justicia para determinar la influencia del Poder Ejecutivo en el Judicial luego de confirmar que jueces y fiscales visitaron la quinta presidencial en reiteradas oportunidades.

A esto se suman denuncias previas del actual ministro Martín Soria -cuando era diputado nacional- en la que expuso visitas de jueces de Casación Penal al despacho presidencial de Casa Rosada. Si bien señaló que no ve probabilidades de que la denuncia de Garavano avance institucionalmente, Raimundi subrayó los vínculos estrechos entre el PRO y la asociación regional con fuerte influencia norteamericana.

«El secretario de la OEA, Luis Almagro, ha sido muy condescendiente con el PRO. Hay una relación política muy estrecha», apuntó el funcionario que el año pasado estuvo inmerso en una polémica situación cuando salió a defender al gobierno de Venezuela ante el organismo. Días después, Cancillería desautorizó la intervención del funcionario.

¿Qué acusó Garavano en su carta?

Garavano presentó una denuncia donde indicó que la «política» que lleva adelante la coalición gobernante «procura la concentración del poder, afectando los pilares mismos del sistema democrático: la división de poderes, la independencia judicial, la libertad de expresión y las libertades individuales». A su vez, aseguró que esa «política» resulta «funcional al objetivo de brindar protección y garantizar la impunidad de quienes -resultando funcionarios o aliados del actual gobierno- se encuentran acusados, y en muchos casos condenados, de ser responsables de graves casos de corrupción».

Con información de www.elintransigente.com