El costo de la incompetencia para conseguir vacunas

Se sabe que Argentina es un país pobre y decadente. Que su economía está estancada desde 2011 y que llevamos más de 3 años de recesión. Que tenemos 19 millones de pobres, indigentes y desocupados.

Ni el año pasado, cuando todavía no se había terminado de desarrollar la vacuna contra el COVID 19, los países adoptaron un período tan prolongado y estricto de cuarentena. Solo el kirchnerismo se animó a tanto, aún sabiendo que Argentina es un país pobre. La mayoría de los países tenían resto económico para frenar sus economías por un par de semanas. Acá se estableció la cuarentena eterna causando una verdadera catástrofe económica.

Tal es la pobreza que existe en Argentina, en particular en los partidos del Gran Buenos Aires donde el peronismo gobernó 27 años de los últimos 37 años que transcurrieron desde que se empezó a votar de nuevo en 1983. Dicho más directamente, la pobreza que hoy impera en los partidos el Gran Buenos Aires es resultado directo de los gobiernos peronistas que estuvieron al frente durante 27 años.

Es en los barrios populares del conurbano, sumergidos en la pobreza por décadas de gobiernos peronistas en la provincia, donde el gobernador Axel Kicillof no tiene capacidad para controlar el distanciamiento social y por eso vive diciendo que la culpa es de CABA que contagia al conurbano bonaerense. Kicillof no se anima a decir la verdad porque en esos barrios populares está su clientela política cautiva de los planes sociales.

La realidad es que la forma de solucionar este problema era vacunando, como lo hacen otros países que en vez de estar estableciendo nuevas cuarentenas, están saliendo de ellas y eliminando el uso del barbijo en la calle.

De 172 países que vacunaron, 74 dieron las de Pfizer además de otras como Moderna, AstraZeneca, Johnson y Johnson, Sinovac, etc. Todo parece indicar que no era tan complicado conseguir la vacuna de Pfizer y a ninguno le pidieron los hielos continentales o las embajadas como garantía para venderle las vacunas.

Mientras Argentina lleva vacunados a 7,7 millones de personas y solo al 2% de personas con las dos dosis, Chile vacunó a 14,5 millones, España a 15,4 millones, e Israel 10,5 millones de vacunas para una población de 8,5 millones de habitantes. Los tres países usaron Pfizer entre otras vacunas y los dos primeros duplicaron la cantidad de vacunas dadas en Argentina.

De manera que no se puede decir que no había vacunas en el mundo. El gobierno, además del escándalo del vacunatorio VIP, fue incompetente a la hora de asegurarse vacunas. Prefirió hacer un acuerdo con un laboratorio local cercano al kirchnerismo y envasarlas en México sin chequear si ese laboratorio mexicano estaba en condiciones de cumplir, que acordar con Pfizer, Moderna, Johnson y Johnson, Sputnik y otros laboratorios.

Lo cierto es que esta incompetencia para asegurarse las vacunas no solo pone en riesgo la vida de la población, sino que, además, genera un caos económico adicional al que ya tenemos y hundirá a más argentinos en la pobreza.

La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación estima que este año los gastos por COVID-19 sumarán $164.591 millones. Sin embargo, los gastos para comprar vacunas y trasladarlas, aun con la incompetencia de Aerolíneas Argentinas, solo representan el 26% de lo presupuestado para este año en gastos por COVID-9, números que seguramente quedarán superados con las nuevas restricciones que impuso el gobierno.

Claramente, la incompetencia del gobierno para asegurarse vacunas suficientes como para hacer una amplia campaña de vacunación en tiempo y forma como había prometido el presidente –el 28 de diciembre de 2020 había dicho que para febrero iban a estar vacunados 10 millones de personas–, no solo tiene un alto costo en vidas que podrían haberse salvado y en gastos de salud, sino que, además, el gasto en subsidios para tratar de paliar la crisis sanitaria supera ampliamente los gastos en vacunación.

En definitiva, era más barato económica y humanitariamente haber sido eficaces al momento de contratar vacunas que estar anunciando restricciones eternas, no solo por el costo fiscal, que ni siquiera están los recursos para afrontarlos, sino también por el costo social en más pobreza y desocupación que esa incompetencia implica.

 

 

* Para www.infobae.com