El atentado explosivo en el local de La Cámpora agitó los peores fantasmas de la violencia política

La Cámpora advirtió en un comunicado que “el ataque a la sede del Frente de Todos en Bahía Blanca es un hecho de gravedad institucional que pone en evidencia hasta dónde pueden llegar los discursos de odio que incitan y avalan este tipo de conductas, contrarias a toda convivencia democrática”. Esa interpretación fue hecha propia por el gobierno provincial y, luego, por la Casa Rosada.

“La política del odio y la mentira genera violencia. Repudiamos el espantoso atentado al local del Frente de Todos en Bahía Blanca. Estamos trabajando para que los responsables no queden impunes”, advirtió el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Al respecto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, advirtió en un mensaje que publicó por Twitter que el atentado es un hecho “muy grave. El odio pasó del lenguaje a los hechos. No tenemos que permitir que se naturalice la violencia en Argentina. El repudio debe ser unánime y de toda la dirigencia política”.

El intendente bahiense Héctor Gray (PRO) condenó el hecho y manifestó en declaraciones al medio La Brújila que “después de casi 40 años de democracia, este tipo de actos son inconcebibles. Si hay algo que tenemos que privilegiar y de lo que nos jactamos los argentinos más allá de los problemas es de la vocación de paz, y particularmente en Bahía Blanca. Muchos aún tienen presente lo sucedido en la ciudad en épocas no tan lejanas, episodios de violencia que aún están siendo juzgados”.

Desde el kirchnerismo local, el dirigente Fernando Susbielles consideró que el hecho no tiene que ver con la política doméstica de Bahía Blanca, sino con la problemática nacional. “El odio genera violencia, por eso es necesario que todos los sectores que muchas veces tras la especulación política y económica inoculan odio de manera constante en la sociedad tomen conciencia de los efectos que provocan”, afirmó.

“No habíamos recibido ninguna amenaza, pero el ataque está dentro de una contexto general que se caracteriza por una espiral de violencia discursiva que va inoculando odio en forma sistemática. Es bueno que desde la oposición hayan condenado el hecho, pero hay que ser responsable en la diaria. Es un momento de mucha sensibilidad de la población y si a eso le sumamos mala intención política se genera mayor irritación”, afirmó.

Desde Juntos por el Cambio, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó su “repudio al ataque al local del Frente de Todos en Bahía Blanca. Siempre tenemos que defender la convivencia democrática pacífica y alejada de cualquier acto de violencia”. En la misma sintonía se pronunció el senador nacional Martín Lousteau, quien condenó el episodio y advirtió: “Quien piensa distinto no es un enemigo. Es alguien que nos incita a prestar atención a otras realidades y nos fuerza a mejorar los argumentos. La violencia es la negación de la democracia y del necesario diálogo”.

Otros dirigentes opositores también expresaron su rechazo al atentado, aunque 24 horas después de ocurrido, el ex presidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, todavía no se habían pronunciado.
La investigación

El informe de la Dirección de Explosivos del Ministerio de Seguridad al que tuvo acceso Infobae estableció que el local de La Cámpora fue atacado con un explosivo de fabricación casera colocado en el exterior, en una de las ventanas, cercano a la instalación de gas. “No fue un improvisado el o los que hicieron esto. Era un explosivo que se activó por control remoto, porque sino volaban por el aire”, reveló una fuente del caso.

“Se trata de un artefacto explosivo NO REGLAMENTARIO, con el poder suficiente para producir lesiones y daños a terceros”, indica el informe que se inició a instancias de una actuación policial caratulada “Atentado con artefacto explosivo no reglamentario”, con imputado NN.

La Delegación Explosivos de Bahía Blanca precisa que en la zona “se logra hallar elementos tales como restos de un material metálico, pilas AA Energizer y un microcapacitor adherido a un fragmento plástico. Se procede al secuestro de los elementos debido a que en una composición organizada de los mismos se lograría arribar al posible armado de un artefacto explosivo de origen casero”.

“Los elementos en cuestión en su conjunto y debido al confinamiento de una cierta cantidad no precisada de un deflagrante (posiblemente pólvora) arrojan como consecuencia la detonación del envase por exceso de presión, siendo este metálico (posiblemente alumnio), deduciendo que su sistema de iniciación sería eléctrico por lo componente hallados, no pudiendo determinar si es remoto inalábrico o con temporizado (reloj)”, consigna el informe en su conclusión.

Otros voceros que siguen la investigación judicial confirmaron Infobae que a última hora surgieron un video y un testimonio que serían clave. Es que durante las primeras horas, la Justicia provincial se hizo de las imágenes de varias cámaras de seguridad tanto las que dependen de la Municipalidad de Bahía Blanca como de actores privados.

 

Disputa de jurisdicciones

La explosión en el local de La Cámpora derivó en la apertura de dos causas judiciales casi de manera simultánea, una provincial y otra federal. La Unidad Funcional de Instrucción Judicial (UFIJ) 8, cuyo titular, es el fiscal Marcelo Romero Jardín, motorizó un expediente que investiga delitos tipificados en los artículos 186, 189 y 213 del Código Penal, referidos a estrago doloso por “explosión, tenencia de bombas y materiales explosivos y organizaciones que tienen por objeto imponer ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.

La hipótesis que tienen los funcionarios del Ministerio Público provincial apuntan a un atentado o un acto de terrorismo de naturaleza política.

Por su parte, la Fiscalía General de Bahía Blanca, que encabeza como subrogante Horacio Azzolín, abrió una investigación preliminar propia por considerar que el hecho se trata de un acto de “intimidación pública”, incluida en el artículo 211 del Código Penal de la Nación, que establece que “será reprimido con prisión de dos a seis años, quien, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.

Ese delito, también tiene el agravante “cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública”, un hecho que eleva la pena de prisión de tres a diez años”.

Según pudo saber Infobae, en las próximas horas el fiscal Azzolín pedirá la incompetencia de la Justicia provincial, por lo que la definición quedará ahora en manos del juzgado federal en turno en Bahía Blanca. “La fiscalía consideró los hechos como de inusitada gravedad”, aseguró la Fiscalía General, tras pedir “a la población cualquier dato conducente a esclarecer los hechos”.

Fuente: Infobae