El Parlamento Europeo exige la retirada de fondos a Hungría como castigo a sus leyes homófobas

INTERNACIONALES 09 de julio de 2021 Por Bernardo DE MIGUEL
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El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves por abrumadora mayoría una dura resolución en la que “condena en los términos más enérgicos posibles” la ley aprobada en Hungría para prohibir cualquier representación de la homosexualidad en las escuelas y en los programas de televisión, publicidad o cualquier plataforma accesible a los menores de 18 años. El texto ha salido adelante con el voto favorable de 459 eurodiputados de todo el arco parlamentario, desde la izquierda a los euroescépticos y eurófobos, 147 votos en contra y 58 abstenciones. Los grandes grupos han secundado la iniciativa, pero dentro del Partido Popular Europeo destaca la abstención de 12 de los 13 eurodiputados españoles del PP, incluida la jefa de la delegación, Dolors Montserrat. Entre los populares españoles, solo Esteban González Pons, vicepresidente del grupo popular europeo, ha votado a favor.


El Parlamento señala en la resolución aprobada que la norma húngara constituye un nuevo paso del Gobierno de Viktor Orbán en su campaña de promoción del odio hacia la comunidad LGTBI y supone “una violación manifiesta de los valores, principios y el derecho de la Unión”.

La resolución, pactada por cinco grupos de la Cámara (socialistas, populares, liberales, verdes e izquierda), reclama a la Comisión Europea que inicie un procedimiento acelerado de infracción contra Hungría, que aplique de manera inmediata el reglamento sobre respeto al Estado de derecho para bloquear las partidas del fondo de recuperación y que no apruebe el marco para el desembolso de los fondos estructurales previstos para el periodo 2021-2027.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó el pasado miércoles ante el pleno del Parlamento Europeo que utilizará todos los instrumentos a su alcance para frenar la deriva homófoba en Hungría, así como el creciente deterioro del imperio de la ley. Por primera vez desde que Orbán retornó al poder en 2010, Bruselas parece dispuesta a reducir los multimillonarios flujos financieros que la UE trasvasa cada año hacia Hungría como parte de sus políticas de cohesión y agrícola, así como, desde este año, con cargo al fondo de recuperación frente a la covid-19.

El PP se ha desmarcado del consenso como ya hizo en anteriores votaciones que perjudicaban a Orbán. La delegación encabezada por Montserrat ha optado esta vez por la abstención, una posición en la que han coincidido con un escaso número de eurodiputados conservadores, muchos de ellos, de países donde la fragilidad del Estado de derecho también es evidente, como Bulgaria, Eslovenia o Rumanía. Fuentes del PP señalan: “El sentido de la abstención es porque consideramos que la petición de retirada de los fondos perjudicaría al conjunto de la población húngara y no solo a su Gobierno, lo cual no sería justo”. Las mismas fuentes precisan que “dicho esto, el PP está por supuesto en contra de cualquier tipo de discriminación por razón de orientación sexual”.


Pero el primer ministro húngaro ha mantenido el desafío este jueves, el mismo día en que ha entrado en vigor la polémica ley. “El Parlamento Europeo y la Comisión Europea quieren que dejemos que los activistas LGTBI y sus organizaciones entren en las guarderías y en las escuelas”, ha señalado Orbán en una red social. El líder húngaro contraataca acusando a las instituciones comunitarias de invadir una competencia nacional como es la educación. “Los burócratas de Bruselas no tienen nada que decir en este tema, no dejaremos que los activistas LGTBI estén entre nuestros niños”, ha insistido Orbán en defensa de una ley que, según Bruselas, equipara la homosexualidad con la pornografía y la pedofilia.

Los cinco grupos que han impulsado la resolución, que representan el 75% de los escaños del Parlamento, subrayan la preocupación por el efecto contagio de una ley húngara inspirada en las normas homófobas del Gobierno ruso de Vladímir Putin. Polonia y la República Checa ya han amagado con adoptar normas similares a la húngara a pesar de la alarma que ha cundido en Bruselas y de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya sentenció en contra de la ley rusa destinada a prohibir lo que la norma califica como “propaganda gay”.

Ataque deliberado
La resolución del Parlamento Europeo considera que la ley húngara “no es un caso aislado, sino que es otro ejemplo deliberado y premeditado del desmantelamiento gradual de los derechos fundamentales en Hungría”. El mismo Parlamento ya instó en 2018 a iniciar contra Hungría el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE, que permite suspender el derecho de voto en el Consejo de la UE a los países que vulneren los valores fundamentales de la Unión.

Ese procedimiento disciplinario contra Hungría, igual al incoado por la Comisión Europea contra Polonia, sigue bloqueado en el Consejo por falta de la mayoría cualificada necesaria para avanzar. Ambos países han contado con complicidad de otros socios, sobre todo de Europa central y del este, para impedir que se ejecute un castigo que nunca se ha utilizado y que en términos políticos se equipara en Bruselas a un botón nuclear.

La resolución aprobada este jueves señala la “profunda preocupación por el hecho de que, desde que el Parlamento hizo uso del artículo 7, la situación del Estado de derecho y de los valores fundamentales haya seguido deteriorándose en Hungría”. Los europarlamentarios añaden que “las violaciones de los derechos de las personas LGTBI son parte de un proyecto político más amplio encaminado al desmantelamiento de la democracia y el Estado de derecho, incluida la libertad de los medios de comunicación”.

La dureza del texto coincide con el aislamiento cada vez más evidente de Orbán en la escena europea, en la que ha pasado de ser un líder incómodo a convertirse en la diana de ataques furibundos poco frecuentes en la UE. Hasta 18 gobiernos europeos suscribieron el mes pasado una declaración conjunta en favor de los derechos a la comunidad LGTBI en respuesta a las leyes homófobas aprobadas en Hungría.

Orbán se encontró además en la última cumbre europea (24 y 25 de junio) con la hostilidad de la mayoría de sus homólogos, incluidos la canciller alemana, Angela Merkel, o el presidente francés, Emmanuel Macron. El líder húngaro tampoco cuenta ya con el respaldo del Partido Popular Europeo, que forzó a principios de año la salida de Fidesz, la formación de Orbán, tras una seria amenaza de expulsión.

La presión política y las denuncias de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia europeo contra varias normas de Orbán no han tenido, sin embargo, demasiado efecto hasta ahora en el Gobierno húngaro. Bruselas se propone ahora atacar por el flanco financiero, dada la elevada dependencia de Hungría de los fondos comunitarios.

Esas ayudas (más de 25.000 millones de euros entre 2014 y 2020) llegan a suponer en algunos ejercicios hasta el 60% de la inversión pública en Hungría y entre los grandes beneficiarios se encuentran particulares y empresas cercanas al régimen de Orbán. Bruselas ya ha constatado que en numerosas ocasiones los proyectos de inversión se adjudican en licitaciones públicas a las que solo concurre una oferta, lo que alienta las sospechas de una utilización interesada políticamente de los fondos europeos.

Von der Leyen advirtió el miércoles que en otoño pondrá en marcha los primeros expedientes sobre la base del nuevo reglamento sobre condicionalidad vinculada al respeto del Estado de derecho, una norma muy temida por Orbán, hasta el punto de que, junto al Gobierno polaco, la ha impugnado ante el Tribunal Europeo. La presidenta de la Comisión también subrayó que el desembolso del fondo de recuperación está supeditado a hitos y objetivos que permiten la suspensión o el aplazamiento de las ayudas en cualquier momento. En el caso de Hungría, señaló Von der Leyen, la llegada del fondo puede estar supeditada a una mejora en las medidas contra la corrupción, así como en la obligación de que las autoridades colaboren con las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Fuente: El País

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