Justicia y política, más bajo sospecha que nunca

OPINIÓN 08 de octubre de 2021 Por Claudio Jacquelin*
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La relación entre el Gobierno y la Justicia vuelve a ocupar el centro de la agenda pública y el estado de sospecha alcanza cada día nuevas alturas.

Al mismo tiempo que el oficialismo todo expresa un profundo malestar y despliega una fuerte ofensiva contra la nueva composición de autoridades de la Corte Suprema, dos fallos judiciales acaban de llevar alivio a Cristina Kirchner, la principal interesada y exigente por lo que ocurre en los tribunales.

La resolución de ayer, que sobreseyó a la vicepresidenta y otros exfuncionarios de su gobierno por el memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, es solo una gota más en un vaso a punto de rebalsar. La aún no esclarecida muerte del fiscal Alberto Nisman, sobreviniente a su denuncia, que motivó la apertura de este proceso, sigue aún demasiado presente.

Sobran los motivos de inquietud y de suspicacia entre los opositores. No tanto por la resolución del proceso sobre el entendimiento con el gobierno iraní o el del uso de los aviones presidenciales para trasladar bienes personales, en el cual se resolvió, hace cuatro días, revisar el procesamiento de Cristina Kirchner. Lo mismo puede decirse de la causa dólar futuro, en la que fue sobreseída hace seis meses. Siempre fueron considerados los más débiles y los menos judiciales de todos los casos que tiene abiertos.

No obstante, nadie puede evitar ver señales. En la Argentina, los jueces (sobre todo federales) son extremadamente sensibles a los tiempos políticos y sobran fallos con destino de influencia electoral. Para beneficiar a unos y perjudicar a otros.

Las alarmas se encendieron con la simultaneidad de esas resoluciones y los intensos embates sobre los poderes judiciales nacional y bonaerense. Profundizados tras los resultados del 12 de agosto, alcanzaron un clímax con la designación de Horacio Rosatti al frente de la Corte y la renuncia de Elena Highton de Nolasco, la magistrada del alto tribunal más cercana a Alberto Fernández.

Un recorrido por los episodios que se suceden y que hasta aquí se han presentado muchas veces aislados permite entender las razones de las suspicacias crecientes.

La enumeración rápida incluye al menos seis situaciones sugestivas:

1. El lanzamiento de un intenso dispositivo de presión político-mediática para instalar la necesidad de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema, que se profundizó desde la citada elección de Rosatti y la renuncia de Highton.

2. La revitalización de la candidatura a procurador general del juez Daniel Rafecas, hasta hace muy poco guardada en el ultrafreezer de Cristina Kirchner. La difusión oficial de la foto de una reunión del magistrado con el ministro de Justicia, Martín Soria, y, sobre todo, con el delegado cristinista en esa cartera, el viceministro Juan Martín Mena, reinstaló suspicacias, más allá de lo hablado en ese encuentro. Una imagen a veces sí vale más que mil palabras.

La oposición cambiemita presume (sin hacer ningún alarde de perspicacia) que puede tratarse un anzuelo para comprometerla en un acuerdo que exceda el caso concreto o en intento de agrietar su unidad. El punto de partida es el anuncio que ha hecho Juntos por el Cambio en reiteradas oportunidades de que estaba dispuesto a votar el pliego dormido de Rafecas.

La consulta que, después del encuentro, el candidato hizo a los enlaces de la oposición con la Justicia sobre su disponibilidad a mantener ese apoyo reforzaron las prevenciones. Las primeras respuestas no permiten esperar definiciones antes del 14 de noviembre. El escenario que quede configurado tras los comicios será decisivo. Se entiende el apuro oficialista después de las PASO y tras la aparición de las primeras encuestas que no auguran una reversión radical de lo ocurrido.

3. El avance o la irrupción estrepitosa de procesos contra Mauricio Macri y otros exfuncionarios de su gobierno. Es el caso del impactante llamado a indagatoria por un motivo capaz de sensibilizar a la ciudadanía, como es el inaceptable espionaje a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. La solidez de los argumentos del juez subrogante de Dolores, el polémico Martín Bava, para disponer la imputación de Macri excede el análisis masivo. Destino de grieta, que abre incógnitas sobre el impacto en votantes blandos. Una ficha con destino electoral incierto, al margen de razones y sinrazones jurídicas o del enorme error político que, como mínimo, cometió el expresidente al poner el servicio de inteligencia del Estado en manos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Nada nuevo.

4. Las presiones que desde el poder político se ejercen sobre la Cámara de Casación Federal, en plena discusión sobre su inminente renovación de autoridades. El tribunal hoy es presidido por Gustavo Hornos, uno de los visitantes de Mauricio Macri en Olivos, que por obvias razones no seguirá en el cargo. De esta Cámara depende la suerte de las causas que más preocupan a Cristina.

5. La reactivación de los contactos entre el gobierno bonaerense y los legisladores de Juntos por el Cambio para tratar de acordar la cobertura de las tres vacantes (que en breve podrían ser cuatro) existentes en la Suprema Corte provincial. El proceso hasta ahora aletargado revivió con la llegada de Martín Insaurralde a la Jefatura de Gabinete, devenida en una virtual intervención política de la administración de Axel Kicillof.

6. Tras ese intento de apurar un acuerdo entre oficialismo y oposición para designar a nuevos cortesanos amigables para ambos, se esconde, sin mucho disimulo, un intento de canje para desplazar al actual procurador de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, que llegó al cargo impulsado por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y a quien el kirchnerismo siempre quiso pero nunca logró desbancar. Una verdadera piedra en el zapato oficialista convertida en una roca de la vigencia cambiemita, a pesar de la dura derrota de 2019.

La definitiva salida de Vidal de la provincia alienta ilusiones del peronismo territorial del conurbano, que recuperó el poder con Insaurralde. No es un dato menor que el jefe de Gabinete sea oriundo de Lomas de Zamora, el distrito que durante dos décadas estructuró la polémica Justicia provincial y que sufrió varios traspiés durante los cuatro años cambiemitas. Sueñan con una remake de Tiempo de revancha.

La empresa no se ve fácil, pero no del todo imposible. Ambiciones y recursos no faltan, aunque los números escaseen para el oficialismo en la voluble Legislatura provincial. Los movimientos de los senadores en situación de inminente jubilación para cuando cambie la composición del cuerpo, el 10 de diciembre próximo, mantienen en alerta a Juntos por el Cambio. Los dirigentes oficialistas provinciales con experiencia y vocación de poder, como el radical Maximiliano Abad, ya se lo advirtieron a los referentes nacionales de los tres partidos que conforman la coalición.

Los nuevos integrantes del gobierno que formalmente conduce Kicillof se jactan del regreso de las viejas y conocidas prácticas del peronismo del conurbano. La existencia de una oposición con voluntad de poder y potencial concreto para lograrlo (en especial, después de las PASO) pondrá a prueba la capacidad operativa de ese regreso. Un espectáculo que merece verse, aunque nadie sabe si es digno de ser vivido.

Pese a la acumulación de maniobras y avances sobre la Justicia en forma simultánea, la situación no es interpretada de la misma forma por todos los integrantes de la coalición, aunque compartan preocupaciones. Los triunfos circunstanciales no saldan diferencias sustanciales.

Los halcones de JxC no tienen dudas de que se trata de un proceso integral. Un nuevo vamos por todo (lo que se pueda), aunque no sea orgánico. O intento de buscar un pacto de impunidad.

Referentes cercanos a Horacio Rodríguez Larreta y al radicalismo consideran, por su parte, que la suma es más obra de la casualidad que de una planificación estratégica. “No hay nadie en el FDT en condiciones de articular un plan de esa naturaleza y menos, de ponerlo en práctica”, dicen dirigentes opositores que suelen interactuar con el oficialismo y con los jueces. La performance frentetodista avala la consideración.

Sin embargo, eso no implica negar que se pueda estar ante un proceso táctico de acumulación de ofensivas sobre la Justicia impulsadas por circunstancias que las hacen propicias. Ya sea por la urgencia que imponen la fragilidad política de la hora y el temor a un agravamiento de las dificultades para el oficialismo o, en otros casos, por la identificación de oportunidades coyunturales que alguna grieta o distracción de la oposición podría proveerles.

Frente a las razones se impone la fuerza de los hechos, que se suman sin solución de continuidad. Más allá de los fundamentos legales y jurídicos, el fallo de ayer favorable al cristinismo aporta otro elemento para los suspicaces. Suficiente para intensificar el estado de sospecha general.

 

 

* Para La Nación

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