Un foro de lucha contra la corrupción advirtió que Argentina no cumple sus normas de transparencia

POLÍTICA 17 de octubre de 2021 Por Agencia de Noticias del Interior
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Falta de independencia del Poder Judicial, deficiencia en la protección a los testigos denunciantes y debilidad en la extinción de dominio. Esas son algunas de las conclusiones que se desprende de la evaluación realizada por el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), un conjunto de organizaciones civiles de la región, sobre los compromisos tomados en materia de transparencia y lucha anticorrupción que Argentina se comprometió a cumplir en la última Cumbre de las Américas, abril de 2018 en Lima.

El FCA es un espacio creado dentro de la Cumbre de las Américas para darle participación a las organizaciones de la sociedad civil que, en este caso, hicieron un detallado monitoreo sobre 19 compromisos firmado por los distintos países sobre políticas para fortalecer la lucha contra la corrupción. El análisis de las organizaciones, que por la Argentina integran Poder Ciudadano y Directorio Legislativo, entre otras, incluye no sólo la creación de las normativas para combatir delitos cometidos por funcionarios públicos, sino también una aplicación acorde a las leyes existentes.

“En Argentina, la evaluación promedio posiciona a los avances anti-corrupción en el estrato superior del nivel bajo para valorar el desempeño de los compromisos asumidos”, concluye la evaluación. Las organizaciones que monitorearon el caso argentino remarcaron que existe una “fuerte brecha” entre el marco legal argentino, que tiene una mejor performance, y la implementación práctica de esas políticas públicas, que presenta más falencias.

“Los puntos más críticos de Argentina están vinculados con la falta de independencia del sistema judicial y la falta de un marco jurídico específico que proteja a los reportantes de hechos de corrupción”, sostiene el informe al que accedió Infobae. La evaluación de las organizaciones civiles especializadas en el tema atraviesa tanto los últimos años dos años del gobierno de Mauricio Macri como los primeros del presidente Alberto Fernández.

“Si bien Argentina cuenta con legislación que establece la autonomía e independencia del Poder Judicial, las intromisiones por parte de otros poderes del Estado son una constante en todas las administraciones, aunque ocurran bajo distintas formas y por la perpetuación de problemas estructurales, lo que conlleva a una creciente desconfianza de la sociedad con relación a su funcionamiento”, detalla el informe.

Las organizaciones retomaron el tema para evaluar el único proyecto parlamentario que pretende modificar el sistema judicial, una iniciativa impulsada por el kirchnerismo que despierta la resistencia opositora. “Aunque existe un proyecto de reforma del Poder Judicial, éste sólo se enfoca en problemas parciales e intensifica otros, siendo visto por diferentes sectores como un atentado contra su autonomía. Es evidente que el sistema judicial argentino necesita un cambio, pero este debe ser estructural, en el que se tomen en cuenta los reclamos históricos de la ciudadanía, incluyendo mayor transparencia, rendición de cuentas y, fuertemente, la incorporación de una perspectiva transfeminista”.

Protección a denunciantes

Entre los 19 compromisos firmados por Argentina en la Cumbre de Lima, la peor nota la obtuvo la falta de protección de denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción, un tema que, además, tuvo largo debate en los últimos años tanto en el ámbito parlamentario como en los medios de comunicación. Es la peor nota porque, en este punto, los evaluadores entendieron que acumula problemas normativos de fondo.

“Argentina arrastra una enorme deuda respecto a este compromiso, ya que el marco normativo actual carece de una legislación específica que regule un sistema de protección para casos de corrupción. Si bien desde el año 2003 existe el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados, que se ha aplicado en algunas ocasiones para testigos de este tipo de delitos, éste no cumple con los requisitos mínimos que los Tratados Internacionales establecen como necesarios para su efectiva aplicación en casos de corrupción y se encuentra en la actualidad en un proceso de revisión de su funcionamiento, siendo su performance por demás opaca al control de la ciudadanía”.

El Programa de Protección a Testigos fue una de las últimas polémicas a fines de 2019. Días antes de dejar la Casa Rosada, Macri creó por decreto la Agencia Nacional de Protección a Testigos, que en ese momento protegía a varios denunciantes de la corrupción kirchnerista. Pero esa medida fue derogada por Alberto Fernández apenas tomó posesión al frente del Poder Ejecutivo, que volvió a tener la potestad para manejar ese programa como parte del Ministerio de Justicia. La decisión generó polémica porque entre algunos testigos protegidos estaban los que decidieron arrepentirse en los cuadernos de las coimas, el caso de corrupción que más comprometió a la familia Kirchner.

Argentina obtuvo otra nota baja en la recuperación de activos adquiridos con dinero de la corrupción. “El posicionamiento en el rango bajo de la escala está vinculada a la poca evolución de los indicadores vinculados con la falta de fortaleza del régimen de extinción de dominio”, dice el informe. A comienzos de 2019, Macri decretó que los bienes obtenidos ilícitamente, por ejemplo, a través de la corrupción o el narcotráfico, vuelvan al patrimonio estatal. El proyecto de ley, sin embargo, no fue aprobado por el Congreso.

Las conclusiones de este informe, que incluye a los 18 países de la región que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), tomaron forma luego de un largo proceso que incluyó un relevamiento de las normativas en los distintos países, así como pedidos de información pública al Poder Ejecutivo y entrevistas con altos funcionarios de Argentina. Luego, se confrontaron todos esos datos recolectados con la puesta en práctica de esas políticas públicas.

La evaluación del FCA también incluyó algunos aspectos positivos de Argentina. Entre los hechos que marcaron un avance en los últimos años, las organizaciones civiles marcaron la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, así como la modificación de la ley de financiamiento de los partidos políticos, que permitió hacer público las donaciones de empresas a las campañas electorales, una práctica común en los últimos años que estaba antes prohibida.

“Existen algunos compromisos que tuvieron un avance, como las medidas tendientes a la prevención de conflictos de interés en el ámbito público, los Programas de Integridad en la normativa de responsabilidad penal de las personas jurídicas para el caso de los privados o aquellas relativas a la transversalización de la perspectiva de géneros en las políticas anticorrupción, abordadas por la Oficina Anticorrupción (OA) y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad”, remarca el informe.

 

 

Con información de www.infobae.com

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