La "jugada sorpresa" que el Gobierno prepara para el FMI ante la escasez de reservas

Los días que van desde ahora hasta fines de marzo de 2023 serán tiempos difíciles para el Gobierno. Hay dos fechas importantes: la del 15 de noviembre, que es política, y la del 22 de marzo, cuando vence otro pago de unos 1.800 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) que es netamente financiera.

El mercado financiero local y Wall Street se hacen varias preguntas: ¿quién será el ministro que negociará el programa con el FMI? ¿Cómo estará formado el nuevo Congreso que votará el nuevo acuerdo? ¿Qué margen tiene el Gobierno para para hacer un ajuste fiscal monetario y cambiario después de las elecciones como el que pide el FMI? ¿Habrá finalmente un acuerdo con el FMI antes del primer vencimiento de marzo, alcanzarán las reservas internacionales netas para pagar ese vencimiento sin un nuevo acuerdo o el Gobierno entrará en default con el organismo?

La semana pasada desde el Gobierno se enviaron varias señales con respecto a la negociación que son importantes para analizar el futuro. El presidente Alberto Fernández se refirió a las negociaciones con el FMI el viernes pasado en el 57 Coloquio de IDEA. "Nuestra decisión de encontrar un rápido acuerdo con el FMI es absoluta. Pero un rápido acuerdo no puede conducirnos a un mal acuerdo. Vamos a seguir discutiendo hasta que estemos seguros que tendremos los recursos necesarios para poner de pie la economía argentina y garantizar el trabajo en nuestro pueblo", destacó Fernández. "Los que hoy proponen tomar más créditos para pagar este crédito, en realidad son los mismos que generaron esta deuda y después dijeron "reperfilarla" para profundizar así aún más la crisis", disparó el mandatario.

Pero quien fue más dura con respecto a la renegociación del acuerdo fue la vicepresidenta Cristina Kirchner. El sábado pasado afirmó que "el rechazo a la intromisión del FMI en el manejo de la política económica es una de las premisas del peronismo: Perón no permitió nunca entrar al FMI y Néstor a los dos años de asumir les pagó todo y ‘chau, buenas noches', para que la política de Argentina se decidiera en elecciones libres y democrática", resumió en un encuentro con jóvenes de La Cámpora en la ex Esma.

Este manejo nacional de la política económica lo calificó como "la tercera prueba de ácido" del verdadero peronismo. La primera fue la promoción de la movilidad social ascendente y la segunda, la justicia social.

Y remarcó: "El peronismo, le pese a quien le pese, sigue más vigente que nunca, esta idea que tuvo la impronta de incorporar a los trabajadores no es algo de centro entre la izquierda y la derecha, es muy superador".

La declaración de la vicepresidenta parece marcale límites al acuerdo que negocia Guzmán con el FMI que esta semana presento en Washington a los técnicos del organismo.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa manifestó el domingo que "terminada la elección vamos a convocar desde el gobierno a un acuerdo con la oposición, con los empresarios y con los trabajadores articulando el Congreso y el Consejo Económico y Social. Lo hablé con el Presidente, no es que se me ocurre a mí. Y el Presidente tiene la decisión de hacerlo. Lo hablé con la Vicepresidenta. Germinó a partir de una idea que, en su momento, Máximo planteó por el tema de la deuda. Máximo dijo que había que juntar a los dirigentes más jóvenes para fijar una posición común de cara al tema deuda frente al Fondo. Y vamos a ir a un acuerdo, vamos a convocar a un acuerdo sobre diez políticas. Massa dejo claro que el nuevo acuerdo con el FMI necesitara de la aprobación del Congreso de la Nación". 

Luego de las reuniones que Guzmán tuvo con funcionarios del FMI y las que conjuntamente tuvo con el Jefe de Gabinete con inversores internacionales en Nueva York hay cada vez más dudas de lograr un acuerdo en marzo próximo.

"La novedad con la que se encontró Guzmán en Washington es que el FMI habría endurecido más su posición. En particular, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, estaría más presionada para imponer metas más duras a la Argentina que las que se habían acordado en un principio. En la actualidad, quienes presionan a Georgieva luego de las denuncias por modificar datos en un informe de competitividad del Banco Mundial, son la presidenta de la Reserva Federal de los EE.UU. Janet Jelen y su asesor más importante David Lipton, quien fue desplazado del FMI por indicaciones de Georgieva cuando asumió en el 2019", comentó a iProfesional un banquero que escucho a Guzmán y Manzur en Nueva York.

Con respecto al desenlace con el FMI, un estudio de la consultora MS advierte "que en 2020 y 2021 la Argentina ganó tiempo pagando (con reservas y/o DEGS) pero perdió tiempo negociando. El 2022 es la hora de la verdad y es el primer vencimiento con el FMI impagable dado el nivel de reservas. El modesto objetivo del Fondo y seguramente también del gobierno es evitar entrar en atrasos. El FMI tiró la toalla respecto a un programa para estabilizar la macro y salir del estancamiento. Y el Gobierno no tiene vocación de cumplir los condicionamientos macro típicos de un acuerdo contra los que el Fondo libera desembolsos".

El estudio destaca que "es nula la posibilidad de que el FMI confeccione un acuerdo a la medida de la demanda política de Argentina. Puede haber algún acuerdo para salir del paso, con condicionalidades macro básicas, pero con alta chance de incumplirse en el camino ("waivers", suspensiones, reformulaciones, etc.).

Por lo que pudo saber iProfesional, luego de las reuniones con los representantes del FMI en Washington el ministro Guzmán habría quedado con la sensación de que la renegociación se volvió a complicar. Kristalina Georgieva exhibió su debilidad por la denuncia que casi la deja fuera del directorio.

El funcionario con más poder dentro del FMI es otra vez David Lipton, el representante del Tesoro de los Estados Unidos. Guzmán se reunió con ambos por separado. La directora gerente está obligada a mostrarse más dura. Está presionada por quien ahora toma las decisiones que es Janet Yellen, secretaria del Tesoro norteamericano, a quien Lipton responde directamente.

La "jugada sorpresa" que evalúa el Gobierno

En este contexto cargado de incertidumbre, surge una luz de alerta: el próximo vencimiento es el 22 de diciembre y desde el Gobierno comienzan a evaluar la posibilidad de no pagar ese vencimiento si no está cerrado un nuevo acuerdo.

La pregunta que debemos hacernos es qué pasaría si el Gobierno decide no pagar el vencimiento de diciembre próximo porque las reservas internacionales no alcanzan. En la actualidad suman unos 9.000 millones de dólares, pero habrá que ver cómo llega el BCRA a esa fecha.

El Fondo Monetario Internacional es un organismo de crédito multilateral creado en 1944 para financiar a los países afectados por la Segunda Guerra Mundial. La integran 189 Estados miembros, de unos 220, que con sus cuotas de u$s692.000 millones generan una capacidad prestable de un billón de dólares, equivalente a dos veces el PBI de la Argentina de un año.

El FMI tiene comprometidas asistencias por un total de u$s189.000 millones, de los que desembolsó solo u$s55.000 millones, en su mayor parte a la Argentina, que le adeuda hasta hoy u$s44.400 millones, como parte del crédito stand-by acordado inicialmente por u$s50.000 millones en junio de 2018, y ampliado en septiembre de ese año a u$s57.000 millones, con vencimientos concentrados entre 2022 y 2023, y pequeños remanentes en 2020 y 2023.

Caer en la instancia de incumplimiento de los pagos comprometidos por el Gobierno actual con el FMI no estará exento de costos, en particular si se optara por un default liso y llano, como el que tuvo Perú en 1985 y muchos países africanos y algunos menores de Asia; Grecia en 2015; y actualmente Somalía por u$s332 millones y Sudán por u$s1.319 millones, entre muchos otros que tuvieron atrasos generalizados con todos los acreedores, y no con el organismo de crédito multilateral individualmente.

A Perú esa instancia le costó varios años de aislamiento para poder volver al mercado voluntario de deuda, y acceder a las líneas de asistencia especial de organismos como el Banco Mundial para obras de infraestructura, en general para cobertura de necesidades sociales básicas; y también del BID; y quedarían suspendidos los desembolsos comprometidos de préstamos anteriores que están en ejecución, básicamente con provincias y municipios.Y en el caso de Grecia en 2015, el incumplimiento de dos vencimientos lo colocó en la lista de morosos, y estuvo a tiro de sanciones y acciones crecientes, aunque la notificación del organismo no llegó a usar la palabra "impago" (default) sino "retraso" o "mora".

Dos semanas después de que un país no cumple con uno de los pagos del FMI, el organismo envía un documento al ministro de Finanzas o al presidente del Banco Central reclamando el pago "inmediato". A los dos años de no haber cumplido con el vencimiento inicial, el FMI puede comenzar un proceso para expulsar al país en mora del organismo, y derivar en el deterioro acelerado de la situación financiera de las finanzas públicas.

En lo referente a los atributos del FMI, el Director Gerente deberá informar al Directorio Ejecutivo de cualquier hecho que a su juicio indique que un participante no está cumpliendo sus obligaciones conforme al Convenio del Fondo, y esa inobservancia pudiera determinar una suspensión como país miembro. A partir de ahí, el Directorio Ejecutivo recomendará a la Junta de Gobernadores las medidas que considere apropiadas, aunque se le concederá un plazo razonable para que el país exponga sus alegaciones, tanto verbalmente como por escrito.

Si la justificación no prospera, de modo de posibilitar un plan de asistencia financiera destinado a acompañar medidas de administración fiscal y monetaria que conduzca a la regularización del pago de la deuda, el país podrá ser expulsado del organismo. Desde los 80, el FMI ha tenido que ocuparse de la resolución de más de 30 casos de atrasos prolongados.

Entre los efectos secundarios inmediatos hay que destacar que las tres principales agencias de calificación de deudas soberanas (Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch) no consideran que incumplir los plazos con el FMI se pueda considerar default, porque reservan ese término para los acreedores privados.

Sin embargo, en ese escenario bajarán la nota crediticia del país a nivel de bono basura al considerar que es un país con un alto riesgo de impago, como ocurriera tras la crisis de 2001 y 2002, que disparó el índice de riesgo país a más de 5.000 puntos básicos, equivalente a una sobretasa de más de 50% anual en dólares. Y provocó que tanto el gobierno nacional, como el resto del sector público, tuvieran vedado el acceso al mercado internacional de deuda, y también que se restringiera al mínimo a las empresas del sector privado.

Frente a esa instancia, el camino de salida más recomendado es volver a un acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI, con compromisos de reformas estructurales: del Estado; Previsional, Laboral y de exigentes metas en búsqueda del equilibrio de las finanzas públicas, clave para recuperar la confianza de los inversores locales e internacionales.

El Gobierno se muestra inflexible en un punto que no está relacionado con el programa en sí, sino con las condiciones que impone el organismo. De acuerdo a la opinión del Gobierno, el sobrecargo de tasas luce hoy como un tema innegociable. Es una tasa adicional que cobra el FMI por refinanciar a países que recibieron un préstamo que excede lo que le corresponde por su cuota. Todavía se discuten los "sobrecargos" que le cobraría el organismo a la Argentina por refinanciar a diez años. Guzmán aseguró en privado que el acuerdo no se cierra por la propia burocracia del FMI.

Según el estatuto del FMI, la tasa de sus préstamos aumenta en un adicional de 2 puntos porcentuales si el financiamiento excede el 187,5% de la cuota, que claramente es el caso argentino. Pero además se cobra un punto porcentual adicional cuando el crédito se extiende por más de 51 meses, que también impacta en la Argentina, teniendo en cuenta que se negocia un plan a 10 años.

Por lo tanto, la refinanciación que se negocia con el FMI ya no es a un interés de 4% ó 4,5% anual, sino que podría elevarse hasta el 7% anual en dólares. El G-20 pidió que se suspenda este "cobro extra" y el Gobierno confía en que será posible lograrlo. Pero no depende del staff del FMI sino de los directores de la entidad, que deberían aprobar un cambio del estatuto para favorecer específicamente a la Argentina. Guzmán quiere llevar la discusión hasta las últimas consecuencias.

El cortísimo plazo hasta la elección estará monopolizado por la tensión cambiaria. Los termómetros son el nivel de reservas netas del BCRA y la brecha cambiaria y cómo evolucione la negociación con el FMI.

 

 

* Para www.iprofesional.com