La economía antes de las elecciones: inflación, PBI, empleo, salarios, jubilaciones, deuda y otros resultados de dos años de gestión de Alberto Fernández

ECONOMÍA 09 de noviembre de 2021 Por Sergio Serrichio*
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A poco menos de una semana de las elecciones legislativas de medio término y a punto de cumplirse 23 meses de gestión gubernamental, la política económica del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ejecutada por el ministro Martín Guzmán, arroja resultados negativos. En prácticamente todos los frentes (PBI, inflación, empleo, pobreza, salarios, jubilaciones, dólar, riesgo-país, expectativas, deuda, negociación con el FMI) la situación es peor o con tendencia a volverse peor de lo que era en diciembre de 2019, cuando el presidente asumió prometiendo “poner a la Argentina de pie” y “recuperar el valor de la palabra”.

Al igual que el resto del mundo, la Argentina fue -como subrayan voceros oficialistas- golpeada por la pandemia. El Gobierno respondió con una cuarentena extrema que llevó al cierre de miles de empresas y al desempleo o la informalidad de decenas de miles de trabajadores y aumentó en 2,6 millones el número de pobres. La escasez de testeo y rastreo, primero, y después la mora en la adquisición y aplicación de vacunas hicieron que, tras el aparente éxito inicial -cuando el presidente impartía lecciones y señalaba gobiernos réprobos- la Argentina, país número 32 del mundo por población, ocupe el puesto 9 en número de casos y, con 116.083 muertes por Covid al viernes 5 de noviembre, sea, entre los 20 países con más casos, el segundo en cantidad de muertes por habitante, detrás de Brasil.

Por cierto, el Gobierno recibió una herencia que incluía una inercia recesiva de más de 20 meses y un frente financiero muy complicado. Le llevó nueve meses refinanciar USD 65.000 millones con acreedores privados en moneda extranjera y aún está en veremos la negociación con el FMI.

Inflación

En materia de precios, la Argentina había cerrado 2019 con una inflación del 53,8%, de los que casi 30 puntos correspondieron al período post-PASO. Así, en 2020 el Gobierno mostró como un éxito el 36,1%, simultáneo a un desplome del 9,9% del PBI y una caída de la inflación internacional a menos de la mitad de su ritmo previo en un año en el que, por caso, el precio del petróleo llegó a registrar valores negativos.

Ese espejismo se desvaneció este año, pese al cuasi-congelamientos de las tarifas de servicios públicos, acuerdos y controles de precios y, desde marzo/mayo, freno al precio de los combustibles e intento de “anclar” la inflación retrasando la cotización oficial del dólar. Tras la derrota del Gobierno en las PASO, el Gobierno redobló la agenda de control y congeló los precios de 1.432 bienes, que ahora busca extender al sector farmacéutico. Aun así, la inflación acumuló 37% a septiembre, más del 52% en los últimos 12 meses y el propio secretario de Comercio, Roberto Feletti, factótum del congelamiento, reconoció que difícilmente baje del 3% en octubre.

Dejando de lado la inflación de diciembre de 2019 y estimando en 3,5% la inflación del mes pasado, Marcos O’Connor, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, comparó la inflación en los primeros 22 meses de la actual gestión presidencial con los de igual etapa de las dos previas. El resultado: la de Alberto Fernández acumula una inflación del 93%, contra 70,1% de Macri y 52,8% de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), con promedios de 3,03%, 2,44% y 1,95 % mensual, respectivamente.

La sensación de precios y tarifas prendidos con alfileres, descontrol monetario y escasez de reservas hacen que las expectativas de inflación futura sean aún más altas. En un reciente evento para inversores organizado por el banco UBS, Marcos Buscaglia aseguró que en 2022 la inflación será de al menos 65%, aunque inferior a la devaluación, y el consultor Miguel Broda señaló en su reunión mensual de noviembre que el año que viene la inflación podría superar el 70 por ciento. Son pronósticos menos pesimistas que las advertencias de “rodrigazo” que viene haciendo el exministro de Economía, Domingo Cavallo.

PBI

En cuanto al PBI, la Argentina fue uno de los países del mundo cuya economía más se achicó en 2020 y si bien proyecciones como las de la OCDE, según las cuales el PBI argentino recuperaría recién en 2026 el nivel de prepandemia lucen hoy exageradamente pesimistas, datos recientes del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del ministerio de Desarrollo Productivo, precisan, en base información oficial de cada país- que hacia julio la economía argentina estaba 0,8% por debajo del nivel de actividad de febrero de 2020 y, sobre 15 países considerados, ordenados de mejor a peor desempeño económico durante la pandemia, se ubicaba en el puesto 12; solo El Salvador (-2,5%), Canadá (-1,9%) y México (-1,2%) exhiben cifras peores.

Estirando el horizonte de análisis a diez años y abarcando 11 países sudamericanos, en una reciente presentación en la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) el economista Esteban Domecq mostró que si bien hacia 2019 la Argentina ya venía rezagada, como puede verse en el gráfico de arriba, durante la pandemia (franja sombreada) amplió distancias. Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia, Uruguay, Chile, México, Ecuador y Brasil se alejaron por arriba y Venezuela, por abajo, hasta huir de los límites. La alta inflación no es atribuible a recalentamiento económico, fortaleza de ingresos o pujanza de demanda, sino a un gasto y un déficit públicos enjugados por una emisión sin correlato en el nivel de producción de la economía.

Deuda y negociación con el FMI

El economista Gabriel Rubinstein ahonda en la cuestión de la deuda hasta llegar al concepto de “deuda estatal neta”, cálculo en el que incluye las deudas en moneda extranjera o registradas en cabeza del Tesoro, pero también las deudas en moneda local y la evolución de las reservas netas del BCRA, ejercicio del cual concluye que la “deuda estatal neta” tanto en pesos como en divisas aumentó en USD 69.525 millones durante la segunda presidente de Cristina Kirchner (2011-15), en USD 44.892 millones durante la de Macri (2015-19) y USD 42.626 millones (hasta septiembre pasado) en la de Alberto Fernández. La parte en moneda extranjera aumentó mucho más en la de Macri (+ USD 63.801 millones, mientras disminuía USD 18.909 millones en pesos), que en la de Cristina (+ USD 45.073 millones, amén de otros USD 24.452 millones en pesos). Durante la gestión de Alberto Fernández, la deuda en divisas aumentó en solo USD 6.566 millones, pues no tiene acceso al crédito internacional, lo que compensó endeudándose en más de USD 36.000 millones, en su equivalente en pesos.

En definitiva, dice Rubinstein, “todos los gobiernos se endeudan de una u otra forma, dado el alto déficit fiscal que no alcanza a licuarse vía inflación”.

En el frente financiero el Gobierno aplicó una secuencia inusual: negoció primero con los acreedores privados y despejó los pagos de sus 4 años de mandato, pero lleva 20 meses de diálogo fútil con el FMI, al que la Argentina le debe USD 43.200 millones de los USD 45.000 millones que el Fondo le llegó a transferir al gobierno de Mauricio Macri, que a su vez había recibido una agenda de vencimientos que -según datos de fines de 2015-equivalían a USD 90.000 millones en los 4 años siguientes, incluyendo pagos al Club de París y a Repsol por la expropiación de YPF, pero no USD 16.000 millones a holdouts con fallos a su favor en tribunales de Nueva York. En abril de 2016 la gestión macrista pagó esa deuda y retomó el crédito internacional con un entusiasmo digno de mejores causas.

A falta de acuerdo con el Fondo, el actual Gobierno afrontó en septiembre la primera cuota de capital (y afrontaría en diciembre la segunda) del crédito de 2018 con los recursos que el propio FMI le acreditó por la reciente emisión de USD 650.000 millones en DEGs, la “moneda” del organismo. Guzmán ha insistido, hasta convertirlo en nudo negociador, en los “sobrecargos” que cobra el Fondo cuando la deuda de un país supera el 187,5% de su “cuota” y/o pasan más de 3 años desde el desembolso. Esos sobrecargos pueden implicar casi USD 1.200 millones, pero el Gobierno los podía evitar sin necesidad de que el directorio del FMI, donde están representados 190 países, cambie sus reglas. Según un trabajo del economista Juan Pablo di Iorio, de la consultora ACM, bastaba acordar antes un “Acuerdo de Facilidades Extendidas”.

“Existió un costo en retrasar a lo largo del año el acuerdo con el FMI, sobre todo en términos de reservas internacionales utilizadas para esos pagos, y su comparación con la posición de reservas del BCRA (...) a los pagos de capital acumulados a marzo de 2022 cabría agregarle los pagos de sobrecargos asociados al tiempo de permanencia de la deuda por encima del 187,5% de la cuota del país. Mientras los acuerdos Stand-By empiezan a cobrar esos sobrecargos (100 puntos básicos) a partir de los 36 meses, en el caso de los “Acuerdos de Facilidades Extendidas” se daría recién a partir de los 51 meses”, escribió el economista.

Así, calculó di Iorio, el costo acumulado de un acuerdo a principios de marzo sería U$S 4.732 millones, mientras que si se diese a finales de marzo (límite acordado con el Club de París), ascendería a U$S 7.605 millones. “Como se ve, el tiempo es dinero”, escribió, además de recordar que el Fondo introdujo los “sobrecargos” en 1997, a raíz de las crisis del sudeste asiático.

Guzmán dijo públicamente en al menos dos ocasiones que ya presentó la propuesta argentina y que el FMI podría apurar los tiempos si elimina los “sobrecargos”, pero desde Washington retrucan, off the record, “si lo presentó, ¿por qué no lo hace público?”. Además, recelan de que Guzmán y el gobierno hablen de la aprobación legislativa de un eventual acuerdo como una exigencia del Fondo, que no es tal, aunque sí habla del necesario “consenso político”.

Héctor Torres, representante argentino en el directorio del organismo durante las gestiones de Roberto Lavagna y Alfonso Prat-Gay, está convencido de que Guzmán se equivocó al negociar primeros con los fondos de inversión y luego con el FMI, por la pretensión académica de “dar una lección” de cómo restructurar una deuda. Así, se entrampó solo. “Deberíamos haber exigido la continuación del programa que teníamos, pero en otros términos; creo que el FMI estaba de acuerdo en aceptar eso”, dijo este fin de semana en declaraciones radiales. Pero para negociar con el Fondo, completó, “hay que tener una hoja de ruta de reforma que se pueda incluir en la carta de intención”. Después de las elecciones se develará si el Gobierno avanza en ese sentido y con “consenso político”, sobre todo de la propia coalición oficial.

Tarifas y subsidios

Es extraño además, que mientras Guzmán insista en un difícil objetivo de cambiar las reglas de de un ente multilateral, para ahorrar fondos que pudo haber ahorrado de otro modo, mientras ve crecer la cuenta de subsidios públicos, en particular a la energía, que ya superan los USD 10.000 millones anuales, según precisaron los economistas energéticos Julián Rojo y Alejandro Einstoss, del Instituto Argentino de Energía General Mosconi. En los últimos 12 meses, Cammesa, la administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, un ente mixto que financia los déficits de las distribuidoras eléctricas) insumió USD 6.454 millones, IEASA, la sucesora de Enarsa, a cargo de las importaciones, otros USD 2053 millones, el “Plan Gas”, USD 1.084 millones y los subsidios directos a la demanda USD 237 millones.

De preservarse el statu-quo, la situación se agravará enormemente. “Si no hay aumentos tarifarios de electricidad y gas creo que el año que viene, porque con el presupuesto hay un error entiendo en las cantidades a importar en invierno de gas, gasoil, y fuel oil, con precios más elevados, los subsidios estarán en el equivalente a US$ 16.000 millones con un dólar promedio a $ 120 para 2022”, dijo el consultor energético Daniel Gerold ante el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG),

Empleo, salarios, jubilaciones y pobreza

A su vez, como consignó recientemente Infobae, desde la asunción presidencial hasta agosto pasado el Estado (Nación, Provincias y Municipios) sumó 78.600 empleados y el sector privado perdió casi 140.000, según la “Encuesta de Indicadores Laborales” (EIL), que publica el Ministerio de Trabajo. La ausencia de incentivos a la generación de empleo superó los efectos contenedores de la prohibición de despidos aunque, llamativamente, “la renuncia” aparece como la causa principal de la desvinculación laboral, seguida muy por detrás por la finalización de contrato laboral por tiempo determinado.

De noviembre de 2019 a agosto 2021, según los datos de Trabajo, el número de trabajadores autónomos y empleados en casas particulares cayó en más de 50.000, mientras aumentó en más de 91.000 personas el número de monotributistas (único segmento en que el empleo creció más que en el sector público) y en casi 30.000 el número de “monotributistas sociales”.

Por otra parte, el índice de Nivel de Vida de los Trabajadores (INVT) que elabora la Fundación Libertad y Progreso en base a fuentes oficiales mostró en agosto, último dato disponible, que los trabajadores mejoraron su posición respecto al mes previo y de un año atrás, ganando 1,8% de poder de compra respecto de la Canasta Básica Total (CBT), pero perdiendo 1,6% respecto de la Canasta Alimentaria (CBA).

Desde abril de 2013, el INVT mide la evolución de los salarios, deflactados por la evolución de CBT, utilizando hasta abril de 2016 la serie de FIEL, período en que el Gobierno de Cristina Fernández había dejado de publicar la CBT. Según el INVT, los niveles de pobreza se redujeron respecto al período de pandemia dura debido a las paritarias mensuales y la flexibilización de las medidas restrictivas, pero empeoraron los niveles de indigencia. En el balance, el índice arroja que desde el inicio de la gestión de los Fernández el nivel de vida de los trabajadores, medida por la CBA perdió dos puntos porcentuales, aunque haya mejorado respecto de diciembre 2020.

La Fundación elabora también sigue el “Índice de Nivel de Vida” de los jubilados, según el haber medio y considera “dramática” la actual situación. “Un jubilado que percibe un haber medio de $41.263 (casi 60% por encima del haber mínimo) ha visto corroer su poder de compra en 2021 en un 5,4% respecto a 2020 y en un 3,9% respecto a 2019. Y respecto de 2013 el nivel de vida de jubilados se deterioró en 32%. “El año pasado el nivel de vida de nuestros adultos mayores se ha corroído en más de 6 puntos porcentuales desde 2018 y en 11 puntos porcentuales desde 2015″, precisó la economista Natalia Motyl.

Eso sí, la gestión de Alberto Fernández continuó los 16 meses de superávit comercial que, producto de la recesión iniciada en abril de 2018, tenía en su final la gestión de Macri. De los últimos 37 meses, la Argentina tuvo déficit comercial en uno solo, diciembre de 2020, cuando el intercambio comercial con el exterior arrojó un rojo de USD 364 millones. Pero aunque aporten los imprescindibles dólares que necesita la economía argentina, los superávits no son signos de fortaleza, pues coinciden con los momentos más recesivos de la economía. En lo que va del siglo XXI, los años de más alto superávit comercial de la Argentina fueron 2002, 2009, 2014 y 2019, todos profundamente recesivos, y los dos meses de mayor superávit fueron mayo de 2009, a mediados de la primera presidencia de Cristina Kirchner, y noviembre de 2019, último mes completo de la presidencia de Macri.

La actual gestión logró preservar los superávits a fuerza de recesión en 2020 y a fuerza de buenos precios en 2021. mientras con una parafernalia de cepos y retenciones desalentaba al sector agroindustrial, el que más aporta al saldo de divisas de la Argentina. Aún así, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, la agroindustria pasó a explicar en los últimos dos años más de tres cuartas partes de las exportaciones del país y una porción aún superior del saldo comercial.

Mejor aún, según las proyecciones de la Bolsa rosarina, en la campaña 2021/22 el campo superaría el récord de 141,9 millones de toneladas de producción de la campaña 2018/19, pero con mejores precios, que por sí solos arrimarían al país entre USD 32.000 y 35.000 millones. Si hay expectativas de que el Gobierno pueda, a partir de 2022, remontar la cuesta de su hasta ahora fallida política económica, en gran parte reposan sobre esos recursos, Es paradójico que el gobierno dependa tanto de un sector al que sigue califican y tratando como a un enemigo.

 

 

* Para www.infobae.com

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