La política migratoria de Biden sigue a la espera del gran giro prometido

INTERNACIONALES 09 de noviembre de 2021 Por Luis Pablo BEAUREGARD
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Joe Biden llegó a la Casa Blanca con la agenda migratoria más ambiciosa en tres décadas bajo el brazo. Nueve meses después, sigue a la espera el gran giro prometido desde la campaña. La reforma que pretende dar la nacionalidad a once millones de indocumentados, muchos de los cuales fueron considerados trabajadores esenciales durante la pandemia, duerme el sueño de los justos en un Congreso, aún controlado por los demócratas, por el rechazo republicano. La reconstrucción del sistema de asilo y de refugiados avanza muy lentamente mientras la Administración mantiene las medidas de deportación exprés instauradas por Donald Trump. El principal cambio ha sido cosmético. La realidad muestra que Biden y Trump tienen más coincidencias de las esperadas en un asunto vital de cara a las intermedias de 2022.

El presidente Biden dijo este fin de semana que las familias separadas en la frontera durante el mandato de Trump merecen una compensación. “Si perdiste cruzando la frontera a uno de tus hijos por el indignante comportamiento de la anterior Administración, legal o ilegalmente, mereces una compensación. No importa la circunstancia”, dijo el mandatario. The Wall Street Journal reveló que el Departamento de Justicia negocia el pago de hasta 450.000 dólares por persona en casi mil litigios iniciados por migrantes detenidos en 2018. La agencia Associated Press ha señalado que el monto será menor. Biden negó el miércoles pasado que existiera la negociación, que ha sido duramente criticada por once senadores republicanos, quienes han exigido deshacer el supuesto compromiso calificado de “ridículo” por Mitch McConnell, el líder de la minoría en la cámara alta.

La noticia es el penúltimo guiño de la Administración Biden a una comunidad castigada en los tiempos de Trump que aún espera su primera gran reivindicación. El optimismo de las organizaciones de derechos de los migrantes se ha ido apagando paulatinamente ante la falta de resultados de un Gobierno que prometió un viraje humanista desde la doctrina de mano dura. “La Administración está llegando a un punto definitorio donde debe decidir si se alinea con los grupos e individuos que apoyaron la llegada de los demócratas a la Casa Blanca o si quiere satisfacer a un pequeño grupo de republicanos que quiere continuar con las políticas dañinas para los inmigrantes”, señala Margaret Cargioli, abogada de Immigrant Defenders Law Center.

Cargioli asegura que “los niños arrancados de los brazos de sus madres en el Gobierno de Trump son los mismos que la Administración de Biden está arrojando de vuelta a México y a otros países”. Los demócratas dejaron en vigor el Título 42, una medida de emergencia que Trump instauró en marzo de 2020, al inicio de la pandemia, y que permite deportar rápidamente a quienes arriban sin papeles a tierras estadounidenses.

Esta ha sido una herramienta útil para que el Gobierno de Biden desahogue la frontera con México, un punto de conflicto por un grueso flujo migratorio que ha dejado cifras récord desde su llegada a la Casa Blanca. Las autoridades han detenido a 1,7 millones de personas desde septiembre del año pasado, el mayor número registrado nunca. El 61% fue expulsado en caliente gracias a la medida, que ha sido criticada por el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, y considerada ilegal por una corte. “La Administración, en lugar de respetar esta decisión, la apeló dejándola en vigor”, apunta Cargioli. La Casa Blanca no respondió a las peticiones de entrevista de este periódico.

La polémica medida ha causado malestar al interior del Gobierno. Harold Koh, un veterano asesor del Departamento de Estado, quien había trabajado también en la presidencia de Barack Obama, abandonó su cargo con una dura crítica al decir que consideraba el Título 42 una política “inhumana”, “ilegal” e indigna. La renuncia se sumó al portazo dado por Daniel Foote, el enviado especial de Washington para Haití, tras las imágenes que dieron la vuelta al mundo del trato de agentes de la Patrulla Fronteriza a haitianos en Del Río (Texas). Kamala Harris, hoy vicepresidenta de Estados Unidos, fue una de las principales detractoras del Título 42 mientras estuvo en el Senado.

Jean Guerrero, analista de Los Angeles Times experta en migración, cree que Donald Trump y asesores extremistas como Stephen Miller siguen dando forma a la política migratoria. “Esperaba que el Gobierno de Biden tuviera una narrativa contraria igual de fuerte sobre los peligros del extremismo y la xenofobia, pero no han hecho un buen trabajo. Creen que si son moderados y no hacen demasiado ruido ni llaman la atención en la situación de la frontera, eso será suficiente para tranquilizar a los republicanos”, señala la autora de Hatemonger, un libro sobre la línea radical impulsada por Miller. “Las fronteras están igual de cerradas que con Trump, la única diferencia es que no están expulsando niños. Pero todas las noches los nativistas están en Fox News llamando a Biden un presidente de fronteras abiertas”, añade.

“Los demócratas no han asegurado ninguna victoria mayúscula para los inmigrantes en décadas”, apunta Guerrero, quien considera que este momento es inmejorable para que se asegure la reforma que daría papeles a unas once millones de personas. “Es preocupante porque creo que no se hará. Puede pasar más de una década si no se lleva a cabo ahora”, asegura la analista. La última gran amnistía a los indocumentados se aprobó durante el mandato de un republicano, Ronald Reagan. Durante el Gobierno de Biden, no obstante, han disminuido de forma pronunciada las detenciones que realizan al interior del país la policía de inmigración (ICE por sus siglas en inglés). Estos han sido 72.000 en el año fiscal 2021. Durante el periodo de Trump, se promediaban unos 148.000 al año.

Biden tiene este mes la oportunidad de lanzar un nuevo guiño a sus votantes y a la comunidad latina. La Administración negocia el futuro de ‘Quédate en México’, otra polémica iniciativa inaugurada por Trump en 2019 que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus procesos al sur del río Bravo. Esta política, conocida como los Protocolos de Protección al Migrante, disminuyó un 75% los cruces fronterizos. El Gobierno demócrata intentó desmantelar el programa con un memorándum, pero un fallo del Supremo en agosto obligó a retomarlo porque su terminación no se había justificado lo suficiente.

Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Interior, probó suerte a finales de octubre con una nueva orden que quiere ponerle punto final. El funcionario reconoció que el programa reduce los flujos migratorios, pero que lo hace “imponiendo sustanciales e injustificables costos humanos” a las personas que esperan en México. Una corte deberá validar este nuevo texto. Washington sostiene que está listo para comenzar a operar nuevamente el programa desde mediados de noviembre en suelo mexicano, algo a lo que se opone el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El desencanto de los latinos ante las promesas rotas de Biden puede salir caro para los demócratas. El voto hispano fue determinante en las elecciones del año pasado. Representó el 10,6% de los apoyos, un aumento de 1,4% respecto a 2016 de acuerdo a información del censo. Dos terceras partes sufragó por la fórmula de Biden y Harris, un apoyo decisivo en territorios muy disputados como Arizona, Georgia y Nevada. Ya hay señales de hartazgo en esta comunidad. La aprobación del presidente ha caído casi 20 puntos entre los latinos, de 60% en mayo a 49%. Solo 2 de cada 10 hispanos están satisfechos con lo que Biden ha logrado en el tema de inmigración de acuerdo a una encuesta de Economist/YouGov. El 80% restante aún espera resultados.

Fuente: El País

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