Los movimientos sociales ganan poder e impulsarán leyes para avanzar en viejos reclamos

Los movimientos sociales enrolados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y alineados con la Casa Rosada, impulsarán la redacción de uno o varios proyectos de ley que incluyan reclamos que desde hace tiempo promueven dirigentes como Juan Grabois, Juan Carlos Alderete y Emilio Pérsico. Entre ellos, estarán el salario básico universal (SBU), el monotributo de la economía popular, el crédito productivo no bancario y el compre estatal.

Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), fue la cara visible del reclamo por un subsidio más estable, como sería el SBU. La idea la desarrolló en conjunto con el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. El proyecto sumó adeptos y críticas dentro y fuera del Gobierno.

Esa iniciativa cuenta con el apoyo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, de la mayoría de las organizaciones sociales, de gremios y hasta de diputados oficialistas y opositores. Pero hasta ahora no prospero.

La avanzada parlamentaria es impulsada después de una serie de acciones que merecieron la consideración pública de Alberto Fernández. Las organizaciones sociales fueron un factor determinante en la remontada electoral del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Golpearon puertas en 1.500 barrios populares del conurbano en busca de votantes afines que no sufragaron en las PASO desencantados con el gobierno del Frente de Todos. Durante la jornada electoral del 14 de noviembre desplegaron unos cien mil militantes y casi veinte mil vehículos para facilitarles el acceso a las urnas.

Además, junto al flamante triunvirato de la CGT, conformado por Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, organizaron el masivo acto para empoderar al primer mandatario. Fernández fue el único orador. Desde ese escenario, y ante más de cien mil manifestantes, propuso “hacer lo necesario para que en 2023 aseguremos un triunfo rotundo”. Antes, los felicito por el Día de la Militancia y anunció que ese día, 17 de noviembre, era el inicio de la segunda etapa de su gobierno.

Infobae dialogó con cinco dirigentes sociales para conocer de primera mano la relación actual con la administración central y las pretensiones a corto plazo, esto es antes del 2023. Son los que apoyan la reelección del jefe de Estado.

Horizonte 2023

En el interior de los movimientos sociales valoran que el Presidente reconoció en público el despliegue territorial para “recuperar votos”, pero también reconocen que se sintieron “ninguneados” en la conformación de las listas. Su participación fue muy escasa. Daniel Menéndez, el coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, y funcionario en el ministerio de Desarrollo Social, ocupó el puesto dieciséis en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La elección del domingo determinó que ingresarán quince. Si ninguno de ellos es designado, por ejemplo, en un cargo ejecutivo, no ingresará al parlamento.

Aplaudieron, en cambio, el llamado a celebrar internas en la coalición de gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

El Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa fueron muy críticos con el armado electoral bonaerense. La Cámpora, con el diputado Máximo Kirchner a la cabeza, e intendentes como Fernando Espinoza de La Matanza, presionaron para que la junta electoral partidaria no valide las “listas cortas” que habían presentado en varios distritos para competir en la categoría de concejales.

Evitar el “dedo kirchneristas” en la conformación de las futuras boletas electorales era uno de sus reclamos. Se sientes reivindicados. También recuerdan que muchas veces no son escuchados. Sostienen que es necesario un refuerzo en la entrega de alimentos para los comedores y merenderos populares. Ese también es uno de los reclamos del Frente Piquetero. Los alimentos, además, llegan con demora.

En diálogo con Infobae, Juan Carlos Alderete, diputado nacional y líder de la CCC, advirtió sobre la situación social que se vive en los barrios más postergados del conurbano: “Si esto no cambia vamos a un estallido social, la gente no aguanta más”, sostuvo y describió: “La situación del país es peor a la de 2001. Ahora la gente no tiene ni para hacer changas. Las necesidades en los barrios son cada vez mayores. La comida que llega del Estado no alcanza. En los comedores asistimos cada vez a más personas. La gente está muy mal, está angustiada”.

Horas antes de la marcha a favor de Fernández, el secretario de la Economía Social y dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico opinó en Radio La Red: “Este años se cumplen veinte años del 20 de diciembre famoso (por el 2001) y si yo me fijo la situación está igual o peor y en esto queremos llamar la atención: no podemos seguir discutiendo como locos arriba del barco, tenemos que buscar puntos de acuerdo, salidas”.

En público no lo van a repetir. En privado entienden que la iniciativa de reemplazar planes sociales por puestos de trabajo genuino “suena bien” pero “es un proyecto a largo plazo” y que “la gente necesita soluciones urgentes hoy”.

Para llevar adelante lo anunciado por Juan Zabaleta y por Alberto Fernández, la economía se debe reactivar y eso, al menos por ahora, no se observa que suceda al menos “en la medida necesaria para reemplazar al millón de planes Potenciar Trabajo” (sic). Es más, uno de los máximos dirigentes que integra la UTEP auguró: “Si esto sigue así, más que reducir los planes como el Potenciar, hay que aumentar al doble los beneficiarios”.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular esta conformada por más de cincuenta organizaciones, movimientos, corrientes y cooperativas. Va en camino de ingresar a la CGT. El ministerio de Trabajo ya le otorgó la “personería social” y algunos de sus integrantes, como Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, dirigentes del Movimiento Evita, tienen una relación personal con Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato cegetista.

Dentro de ese amplio espacio, hay disidencias y consensos, tanto en sus relaciones con el poder político como de reclamo y expresiones públicas. El MTE, de Grabois, y Frente Popular Darío Santillán, referenciado en la dirigente feminista Dina Sánchez, suelen ser más críticos, por ejemplo, con la política económica del Gobierno.

“El problema es de rumbo, de orientación de la política económico social y que el gabinete como cuerpo no está funcionando. Alguna cabeza tiene que rodar (…) Guzmán esta pifiando con la política económica”, dijo Grabois después de la dura derrota en las elecciones PASO, en sintonía con la carta de la Vicepresidenta que también pedía renuncias en el gabinete de Fernández, un hecho que ocurrió.

El secretario general de la UTEP es Esteban “Gringo” Castro, un dirigente del Evita que lidera otro espacio social, el Movimiento Misioneros de Francisco. Hasta esa sede, que funciona en Luján, se acercó Fernández después de las PASO para escuchar el reclamo de los vecinos.

“Las organizaciones sociales que conforman la UTEP vamos a impulsar una agenda común. Estamos tratando de consensuarla con el Movimiento Evita. Tenemos como desafío redactar un proyecto de ley que sintetice todos los puntos de vista”, señalan desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos y enumeran esos proyectos: salario básico universal (SBU), monotributo de economía popular y crédito productivo no bancario. Esos serían los aspectos centrales del proyecto de ley que también incluye “una cobertura de salud y riesgos laborales, un estatuto de derechos y obligaciones de los trabajadores, un sistema de transparencia de la relación entre el estado y las organizaciones sociales”.

Desde el Evita coinciden con buena parte de esa agenda de demandas. La ampliación del monotributo social “para reconstruir la relación fiscal de los sectores de la economía popular”; “crédito no bancario a través de cooperativas y mutuales para reconstruir la relación financiera” y el “compre estatal para reconstruir la relación comercial de los productores de la economía popular”.

Desde la Corriente Clasista y Combativa también aportan sus propios proyectos y exigencias con el horizonte puesto en 2022, pero sin perder de vista las elecciones presidenciales de 2023.

Alderete, diputado maoísta e integrante de la bancada que preside Máximo Kirchner, le aseguró a Infobae que insistirá con su proyecto de ley “Techo, Tierra y Trabajo”, que hasta ahora no fue tratado por ninguna comisión parlamentaria.

“Es un proyecto de ley federal que fue consensuado por todos los movimientos sociales y que a través de ella se podrá ir solucionando el problema habitacional, el problema de trabajo y el problema de la tierra”, insistió el dirigente.

Menéndez, desde Somos Barrios de Pie, afirmó que los movimientos sociales que integran la UTEP demostraron su fuerza en “el masivo acto del miércoles el respaldo al rumbo del gobierno de Alberto Fernández”. También adelantó que el objetivo central de los movimientos populares es apoyar las medidas que tome el Poder Ejecutivo, y las que propondrá el espacio que representa para “recuperar el poder adquisitivo del salario, avanzar en el crecimiento de las familias trabajadoras y en avanzar en el contrato social que firmamos en 2019″.

Desde que asumió su mandato, Fernández incluyó a los movimientos populares en espacios de poder, como en el ministerio de Desarrollo Social, Jefatura de Gabinete y Obras Públicas, entre otros. Esa alianza, lejos de romperse, se solidificó. Así lo interpretó Alderete: “El Presidente realizó un reconocimiento explicito al trabajo que venimos realizando las organizaciones desde hace mucho tiempo. Nos pusimos la campaña al hombro después de las PASO”. Dicho esto, también advirtió: “Seguiremos reclamando lo que tenemos que reclamar porque la gente en los barrios populares está muy mal, muy angustiada, no aguanta más”.

 

 

* Para www.infobae.com