Una ley, elecciones o el caos: los tres escenarios de la relación entre el Gobierno, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura

POLÍTICA Por Martín Angulo*
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“Donde tocas hay quilombo”. La frase es de un integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. La dice con pesar y se refiere, claro, al único tema del que hoy se habla en el organismo: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró la inconstitucionalidad del Consejo. Y el quilombo es porque todavía nadie sabe cómo se va a cumplir con esa resolución que tiene una fecha límite, el 15 de abril. Ese día debe haber un nuevo organismo, si no, quedará paralizado, aunque muchos lo relativizan.

Así, hay tres escenarios que se plantean para avanzar. Uno es que haya elecciones para completar el Consejo; el segundo es la sanción de una nueva ley, lo que todos coinciden que es la mejor y única solución definitiva; y el tercero es el caos, tanto institucional como político. En las tres posibilidades está presente la política con sus artes.

Todo empezó el 16 de diciembre pasado cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad de la actual integración de 13 miembros del Consejo, el órgano encargado de la administración del Poder Judicial de la Nación y de la selección y acusación de jueces nacionales y federales. El máximo tribunal dijo que no se respetaba el equilibrio que debe haber entre los estamentos políticos (hoy siete representantes) y los técnicos (seis) que fija la Constitución Nacional.

Y dio pautas a seguir: le pidió al Congreso Nacional que dicte una nueva ley que recomponga el equilibrio y le dio al Consejo 120 días corridos para adecuarse con la nueva norma o vencido el plazo debe volver a su anterior integración de 20 miembros. Ese plazo vence el 15 de abril, si no, desde el 16 todo lo que resuelva será nulo, marcó el máximo tribunal. Es decir, no habrá Consejo.

Los siete consejeros que deben ingresar para completar los 20 son: un juez, dos abogados, un diputado, un senador, un representante de los académicos y el presidente de la Corte, Horario Rosatti.

La inconstitucionalidad no fue una sorpresa. En el Consejo la sabían y esperaban. Pero no el plazo de 120 días corridos. Eso unió al oficialismo y la oposición del organismo en las críticas a la Corte. Inclusive desde el gobierno de Alberto Fernández renovaron la artillería contra al máximo tribunal y la idea de reformar su integración con más jueces. También se planteó que el Consejo de 20 existiría hasta noviembre próximo cuando se terminen los actuales mandatos y asuma el nuevo. En un año, tres integraciones distintas.

Surgió la pregunta de por qué esa decisión de la Corte. La respuesta más extendida es que quiere estar nuevamente en el Consejo, un lugar que tenía hasta que en 2006 el organismo se reformó con un proyecto de la entonces senadora Cristina Kirchner que pasó la integración a 13 miembros y dejó a la Corte afuera.

Con las críticas a los plazos, un consejero tiene una mirada un poco más alejada del embrollo en el que los puso la Corte. “Durante años esperó que la política resuelva el tema del Consejo. Y se lo hizo saber. Pero eso no pasó y la Corte sacó el fallo”, analizó.

Por fuera de las especulaciones la realidad es que hay un fallo a cumplir. Y ahí se abren los escenarios que hoy están planteados.

Una nueva ley

Todos coinciden que la salida sin fisuras es que el Congreso sancione una nueva ley del Consejo. En el Poder Legislativo, oficialismo y oposición tienen sus proyecto. El Gobierno lo envió a principios de diciembre y está en el Senado. Propone un Consejo de 17 miembros: cuatro jueces, seis legisladores nacionales (tres diputados y tres senadores), cuatro abogados, un representante del Poder Ejecutivo y dos del ámbito académico y científico. El de la oposición es del diputado del PRO Pablo Tonelli, también consejero, y está en esa cámara. La propuesta es de un Consejo de 14 integrantes: un juez de la Corte -no necesariamente su presidente-, tres jueces, cuatro legisladores nacionales, cuatro abogados, un representante del Poder Ejecutivo y uno del ámbito académico y científico

La única diferencia sustancial es en la presencia o no de la Corte. Un hombre del oficialismo y otro de la oposición coincidieron ante la consulta de Infobae: “Podemos solucionarlo muy fácil si hay acuerdo. No es un tema complejo y si se trata en extraordinarias podemos llegar a cumplir la fecha que dio la Corte”.

Pero hay algunas complejidades. La primera es que no hay charlas formales entre oficialismo y oposición por el tema. “Si hay diálogo informal, pero no todavía para avanzar en una ley”, confió una de las fuentes consultadas para esta nota.

La segunda es que si se sanciona una ley, los plazos no dan para integrar el Consejo antes del 16 de abril porque estaría operativa para cuando culmine la actual integración, en noviembre. Pero ahí vuelve a haber coincidencias entre oficialismo y oposición: si eso ocurre la nueva norma llevaría una cláusula transitoria que diga que se mantiene el Consejo de 13 hasta que el sancionado por el Congreso comience a funcionar. Infobae preguntó si eso incumple el fallo. “No porque es una nueva ley y en tal caso se debe judicializar la norma”, explicaron.

El Consejo le envió el jueves pasado una nota al presidente Fernández, a la titular del Senado, Cristina Kirchner, y de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para pedirles que una nueva ley se trate en extraordinarias y le explicaron las dificultades que se plantean por el fallo de la Corte. “Ya saben que si no hacen algo se paraliza todo”, dice un consejero.

El representante del gobierno en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, está en diálogo con Fernández y con Cristina Kirchner. “Todavía no hay definiciones”, sostuvo una persona al tanto de esas charlas que sí da por descartado que habrá sesiones extraordinarias y que entre los temas estará el Consejo. Pero las cabezas políticas del Gobierno conocen el estado de situación.

El Congreso tiene otro tema para resolver en caso que no haya una nueva ley. Entre los siete nuevos integrantes uno debe ser un senador y otro un diputado. Deben serlo de la segunda minoría de los bloques de cada cámara. La pregunta es quién es hoy la segunda minoría. “Cada bloque cree que le corresponde”, dice un diputado con la advertencia de que cuando se llega a esa definición no será sencilla. Pero por ahora ese no es un tema de discusión en el Congreso.

Elecciones

Si no hay una nueva ley, el 15 de abril debe asumir el nuevo Consejo de 20. De los siete nuevos que deberían integrarse hay diferencias en la forma de hacerlo. El presidente de la Corte es el que no presenta inconvenientes. Se sabe quién es y solo debe jurar. Los legisladores nacionales depende del Congreso y podría haber una fuerte disputa política. Los problemas más grandes aparecen con los abogados y los jueces -principalmente los abogados- porque debe haber elecciones en sus organizaciones.

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) ya le dijo al Consejo que no puede hacer las elecciones para elegir a uno de los dos representantes de ese estamento por los plazos y porque en abril tiene sus propios comicios. La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que debe elegir al representante por el interior del país, informó que sí hará los comicios aunque está con los plazos ajustados. Y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) también que los realizará para elegir al juez que debe ir al Consejo.

El problema que aparece es que esas entidades son las encargadas se hacer las elecciones y el Consejo no tiene la facultad de obligarlas. ¿Y que pasa entonces con el CPACF que no puede hacerlas? Nadie tiene una respuesta.

El CPACF planteó que para integrar el Consejo debe tomarse el resultado de la elección del 2018 del Consejo. Eso le conviene porque ingresaría Horacio Erbes, que representa a la agrupación “Gente de Derecho”, que lidera Jorge Rizzo, y que preside ahora el CPACF. Pero las agrupaciones políticas del colegio que se referencian en la UCR y el PRO dijeron que no, que se debe votar, porque así tienen la oportunidad de sumar su representante ya que en 2018 ganaron ellos. Detrás de esa disputa está la elección del colegio de abril.

La FACA y la AMFJN también dijeron que se deben hacer elecciones. Pero no todo es tan sencillo. Algunos colegios del interior del país, como el de Córdoba, plantearon que también se superpone con sus comicios de autoridades. Y el abogado que salió segundo en 2018 por el interior del país -Bienvenido Rodríguez Basalo, hoy presidente del Colegio de Abogados de Quilmes y cercano al kirchnerismo- ya hizo un planteo en el Consejo para ingresar al cuerpo.

En el Consejo apuestan a que pase lo que pase -elecciones o no- se terminará judicializando en distintas causas, por lo que hará más complejo todo. “Donde tocás hay quilombo”, insisten.

Pero a pesar de ese cuadro de situación en el organismo apuestan a avanzar en la organización de las elecciones. El Consejo debe aprobar los reglamentos para esos comicios para adaptarlos a los tiempos de acá a abril. Para eso trabajará durante enero, durante el receso judicial de verano, y entre esta semana y la próxima tiene previsto reunirse para aprobar los reglamentos.

Otro tema latente ante las elecciones es la pandemia del coronavirus. Los casos aumentan día a día y las entidades plantearon la preocupación de cuál será la situación dentro de unos meses y en cada provincia. De hecho, los jueces, recordaron que en sus comicios los tuvieron que suspender en distintas oportunidades y debieron hacerlos en dos días por la situación sanitaria.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a las 57 universidades nacionales, también debe elegir a su representante. Y le informó al Consejo que es “difícil -por no decir imposible-” hacerlo en los plazos que dio la Corte Suprema. En la Magistratura creen que a pesar de los problemas que planteó el CIN es una situación más fácil de solucionar que la de los abogados.

Caos

“Y si no hay ley ni elecciones, habrá caos”, dice apocalíptico un consejero. El 16 de abril explota la bomba. La Corte dijo que ese día, si no se cumple su fallo, todo lo que haga el Consejo será nulo. En el organismo aclaran que la resolución del máximo tribunal dice que no tendrá validez lo que resuelva el plenario del organismo. Así, en el cuerpo señalan que algunas cosas administrativas se pueden aprobar en las comisiones o que en marzo se puede avanzar en un plenario con todas las licitaciones, compras y gastos del año.

Lo que sí no se podrán aprobar son concursos de jueces para cubrir las vacantes que hay en el Poder Judicial ni enviar a juicio político a magistrados. Se puede hacer todo lo previo, pero la instancia final es del plenario. Lo que más preocupación genera son los concursos.

A la ya crónica vacancia del entre 20 y 30 por ciento de los cargos se suma que el 2021 fue el peor año del Consejo desde su puesta en marcha en 2000: solo aprobó cinco ternas de jueces. En 2011 habían sido seis ternas aprobadas y en 2013, siete. Eran sus peores números hasta el año pasado. Pero si para el 2022 el Consejo estará paralizado todo indica que se encamina a tener un nuevo récord.

Si se llega a esa instancia, ¿de quién será la culpa? ¿Del Consejo, de la Corte, del Gobierno, de la oposición? No hay una respuesta unánime pero hay coincidencia en que todos tendrán un poco de responsabilidad pero también podrán depositarlas en otros. La cuenta regresiva ya empezó. La fecha es el 15 de abril. Parece lejana pero no.

 

 

* Para www.infobae.com

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